La mina gallega de Penouta, única en la Unión Europea dedicada a la extracción de metales críticos como tántalo y niobio, fue adjudicada en subasta judicial a Energy Transition Minerals Ltd. (ETM), una compañía australiana en la que participa la empresa estatal china Shenghe Resources.
Tras varios años de inversión, su anterior titular se declaró en situación de insolvencia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulara el permiso ambiental que autorizaba la explotación de los minerales, lo que dio origen a un procedimiento concursal.
El tribunal aprobó el 17 de octubre al comprador adjudicatario y ordenó la transmisión de la mina de Penouta a ETM, una vez que se resuelvan las condiciones del procedimiento. La transacción está sujeta a la formalización de una escritura pública de compraventa y a las condiciones del procedimiento concursal español, que incluye, entre otras: las autorizaciones para transferir los derechos mineros, la aprobación judicial definitiva de la operación y si procede, el permiso del Gobierno de España para la inversión extranjera, informó Energy Transition Minerals el 31 de octubre.
Además, requiere del consentimiento del acreedor hipotecario de primer rango (Banco Sabadell, S.A) y que se resuelvan o decaigan posibles recursos presentados por las partes.
ETM celebró lo que llamó una adquisición ventajosa e indicó que tras hablar con las autoridades, está considerando la posibilidad de volver a solicitar la concesión de minerales críticos. Será «una concesión completamente nueva», dijo, e independiente del curso que siga el procedimiento judicial que suspendió la extracción minera.
La empresa china Shenghe Resources Holding Co., Ltd. es una empresa pública cotizada en la Bolsa de Shanghái cuyo accionista mayoritario es el Estado chino, a través de entidades estatales de inversión minera, como el Instituto de Utilización Integral de Recursos Minerales de la Academia China de Ciencias Geológicas, dependiente del Ministerio de Recursos Naturales.
En ETM, Schenge es el segundo mayor accionista después de OCJ Investment, y recientemente aumentó su participación en la empresa.
Una venta a una empresa estatal china podría ser comprometedora para España.
Parlamentarios europeos y organizaciones industriales pidieron en julio a la Comisión Europea y a los Estados miembros vigilar las adquisiciones de minas de minerales críticos por grupos con capital chino. China aplica restricciones y licencias a la exportación de minerales estratégicos, generando tensión en la industria tecnológica y automotriz europea.
También, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución sobre las restricciones chinas a materias primas críticas, en la que urge a reforzar la autonomía, la vigilancia y los instrumentos de control frente a dependencias externas.
ETM adquirió la mina Penouta en una subasta judicial a través de su subsidiaria española Energy Transition Minerals Spain S.L. (ETM Spain). La empresa funciona como sociedad española, para efectos legales, fiscales y laborales, pero su beneficio y decisiones estratégicas se subordinan a una matriz extranjera.
Shenghe poseía menos de un 5 % de ETM antes de 2023, pero aumentó su participación a cerca del 9,3 %, por lo que la compañía china exigió el derecho de tener un consejero en la junta directiva de la empresa, que fue nominada en agosto de 2025.
OCJ Investment (Australia) Pty Ltd. tenía entonces solo el 19,64 %, pero los movimientos de los accionistas pueden cambiar. Si un accionista como OCJ o Shenge quiere superar el 20 % del capital, tendría que lanzar una oferta pública de adquisición.
Si Shenghe aumentara su participación en ETM en Australia, para controlar la filial española (ETM Spain, S.L.) requeriría la aprobación del Gobierno español por tratarse de una inversión extranjera en un recurso estratégico.
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Una adjudicación ventajosa
En su informe trimestral, ETM anunció que en la subasta se adjudicó la mina por solo «5,2 millones de euros», indicando que «supuso un importante descuento», ya que la histórica concesionaria, la canadiense Strategic Minerals, habría invertido desde 2012 «casi 28 millones de euros» en la mina.
«Esta diferencia de valoración y la infraestructura existente en el yacimiento crearon una propuesta atractiva», dijo ETM el 31 de octubre.
Esto le permitió quedarse con la planta de procesamiento de trituración, molienda y separación por gravedad, que ya estaba adaptada a los minerales que pretende extraer, así como las instalaciones de almacenamiento de relaves diseñadas a medida y algunas conexiones de servicios públicos.
Además, cuenta con las carreteras existentes que le proporcionan un acceso eficiente al puerto de Vigo, a unos 230 km de distancia, y conexiones ferroviarias para el transporte de concentrado a granel a los mercados europeos e internacionales.
«Esta infraestructura consolidada reduce drásticamente los requisitos de inversión de capital y el riesgo de ejecución técnica en comparación con nuevos proyectos», destacó ETM en su valoración.
La anulación del permiso ambiental por quejas de Ecologistas en Acción
Ubicada e Viana do Bol, la mina Penouta también contaba con un yacimiento de estaño (Sn), otro mineral importante para la fabricación de componentes tecnológicos, según Strategic Minerals, una compañía minera con sede en Canadá, especializada en su extracción.
La Junta de Galicia anunció en 2021 una autorización ambiental para la explotación de la explotación de recursos de la «sección C», denominada «mina Penouta». Strategic Minerals Europe Corp informó que esta concesión le permitía explotar los recursos minerales certificados durante 30 años, renovables hasta por 75, lo que significaba poder «desarrollar completamente la mina a cielo abierto para explotar casiterita (estaño), tantalio y niobio», y también «la explotación de los minerales industriales como cuarzo, feldespatos y micas».
En octubre de 2023, Strategic Minerals comunicó que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia suspendió el permiso ambiental para la explotación de dichos minerales por una queja de «Ecologistas en Acción» contra la Junta de Galicia. En su opinión, la reclamación no tenía fundamento y que la decisión «no puede justificarse según la legislación española».
Jaime Pérez Branger, director ejecutivo de la Compañía, calificó la decisión de «unilateral e infundada», algo «que compromete la coexistencia entre la industria minera y la naturaleza, además de afectar la viabilidad económica del Proyecto Penouta y el sustento de cientos de familias».
En diciembre de 2023, ETM volvió a confirmar la suspensión del «permiso de la Sección C» que le permitía la extracción de estaño, tantalio y niobio.
Principios de precaución del Tribunal
El Tribunal Superior, en su declaración del 11 de junio de 2024, argumentó que era «insuficiente el estudio de afectación ambiental» porque se había «omitido su impacto en la Red Natura 2000 —una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad—, la cual consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)».
Según el tribunal, su decisión se basó en un principio de precaución: la presunta presencia de polvo sobre la vegetación y la población colindante a la mina; unas grietas en las viviendas por efecto de los explosivos, la presencia «de metales pesados en dosis peligrosas»; y las emisiones que llegan a la Red Natura 2000 por los cauces fluviales contiguos a la explotación.
«No conviene permitir la actividad hasta que no se realicen los estudios que evalúen los niveles de tales metales presentes», dijo el Tribunal Superior.
También advirtió de que, «curiosamente», ni la empresa ni la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), «han realizado nuevas analíticas en las que se verifiquen los parámetros de arsénico, mercurio, plomo y cadmio, sustancias peligrosas o peligrosas prioritarias» y que estos no fueron requeridos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni la autorización de vertido.
El Gobierno respondió por escrito al Congreso sobre las mediciones que estarían realizando, mientras que Ecologista en Acción destacó que los vertidos provenientes de la mina, especialmente tras la autorización de explotación de recursos de la Sección C, podrían estar afectando la salud de las poblaciones que obtienen agua potable de tributarios del arroyo Treita das Cortiñas y de los pozos o manantiales cercanos.
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Declaración de insolvencia
En septiembre de 2024, Strategic Minerals Europe Corp. anunció que su filial española, Strategic Minerals Spain, SLU (SMS), había iniciado un proceso voluntario de insolvencia estructurada, que incluía el nombramiento de un administrador concursal para SMS y sus bienes por parte del tribunal español. La compañía añadió que no logró obtener nuevas fuentes de financiación después de la suspensión del permiso ambiental por parte de las autoridades judiciales españolas.
«Como se informó anteriormente, a pesar del interés de la Compañía por reanudar las operaciones durante la primera mitad de 2024, estas permanecieron suspendidas debido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia».
En España, todos los yacimientos minerales y demás recursos geológicos existentes son bienes de dominio público, cuya investigación y aprovechamiento podrá realizarse mediante concesiones o autorizaciones conforme a la Ley de Minas.
La entrada de ETM y Shenge
Una vez que se realice la escritura pública de la compra entre ETM y el administrador concursal de Strategic Minerals, y se cumpla todo el procedimiento, ETM podrá aprovechar la infraestructura existente en la mina, los acuerdos históricos y el trabajo técnico realizado para acelerar el desarrollo del Proyecto.
La compañía dijo en su informe trimestral que esperaba beneficiarse de todos los derechos mineros adquiridos previamente y de todos los derechos derivados de los mismos sobre el Proyecto Penouta, además de otros activos, incluidos edificios e instalaciones, existencias e inventario, maquinaria, herramientas y elementos de transporte.
Mientras no obtenga el permiso de la mina Penouta, ETM podrá aprovechar una concesión vigente de la Sección B, denominada «Penouta», siempre que se le transfieran los permisos. Esto abarca la explotación de relaves y residuos, por lo que podría comenzar a realizar operaciones de procesamiento de bajo impacto a corto plazo.
La compañía cree que conseguirá los permisos de explotación de la mina Penouta ya sea dando curso a las exigencias del Tribunal Superior o obteniendo un nuevo permiso.
Sin embargo, en otro ejemplo, ocurrido en Groenlandia, la entrada de Shenghe como socio de Greenland Minerals (hoy Energy Transition Minerals) cargó el proyecto de un fuerte componente geopolítico y el gobierno groenlandés acabó prohibiendo el proyecto en medio de protestas ambientales y tensiones con China.
Actualmente, China controla alrededor del 70 por ciento de la minería mundial de tierras raras y metales críticos, y el 90 por ciento de la fundición y el procesamiento mundiales. Pekín ha reforzado su control sobre toda la minería, el procesamiento y la exportación de estos elementos, tanto existentes como nuevas, como una medida de presión. Las normas se extienden al procesamiento en China de materias primas importadas, que luego se reexportan, generalmente al país minero.
Por esta razón un comisario de la Unión Europea (UE) instó a los países miembros a establecer una reserva conjunta de tierras raras para mitigar el posible chantaje económico y la interrupción de la cadena de suministro por parte de Pekín.
«Todos los países europeos cuentan hoy con reservas estratégicas de petróleo y gas. Deberíamos hacer lo mismo con las materias primas estratégicas», declaró el vicepresidente ejecutivo de la UE para la prosperidad y la estrategia industrial, el francés Stéphane Séjourné, al periódico alemán Handelsblatt el 23 de junio.
En las últimas décadas, China lidera esta minería porque el régimen chino «ignora la grave contaminación ambiental que esto provoca» y no hay muchos países dispuestos a poner en riesgo su medio ambiente y la salud de su gente, opina Su Tzu-yun, investigadora y directora de la División de Estrategia y Recursos de Defensa del Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán.
Además, señala su falta de medidas serias de protección ambiental y de gestión responsable, en una minería donde el costo «es relativamente bajo».
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