En resumen:
El Banco Central Europeo (BCE) inicia la siguiente fase del desarrollo del euro digital y prevé estar preparado en 2029.
Las pruebas y los trabajos preliminares apuntan a que la integración en los sistemas de pago existentes es viable.
Los elevados costes y la falta de claridad sobre el beneficio adicional suscitan críticas de los bancos y del Parlamento Europeo.
Organismos y asociaciones de protección de datos alertan de de insuficientes garantías de privacidad, especialmente en los pagos en línea.
El Banco Central Europeo (BCE) acelera el proyecto del euro digital. El Consejo de Gobierno ha puesto en marcha la siguiente fase. El «Informe de progreso sobre la fase preparatoria del euro digital» señala:
«El 29 de octubre de 2025, el Consejo de Gobierno del BCE decidió que el Eurosistema continuaría sus preparativos y pasaría a la siguiente fase del proyecto del euro digital. En esta fase, el Eurosistema desarrollará las capacidades técnicas necesarias antes de una posible decisión sobre la emisión del euro digital.»
La institución aspira a estar lista para una «posible primera emisión» del euro digital en 2029, según el objetivo fijado en el informe.
Valoración positiva de los dos años de preparación
El BCE ha cerrado con balance positivo la fase preparatoria de dos años del euro digital. Entre los hitos figuran la elaboración del reglamento marco, la selección de proveedores tecnológicos y las pruebas realizadas en un entorno de ensayos con participantes del mercado. Un grupo técnico concluyó, además, que, en principio, el euro digital podría integrarse en la infraestructura de pagos vigente.
En la siguiente fase de ejecución, el banco central prioriza tres frentes: desarrollo de la infraestructura técnica; colaboración con proveedores de servicios de pago, comercios y consumidores, y asistencia técnica al proceso legislativo. El objetivo es trasladar al ámbito digital las ventajas del dinero en efectivo: alta seguridad, amplia aceptación y uso sencillo. Asimismo, el euro digital aspira a servir de plataforma para la innovación y la competencia y a facilitar que los servicios de pago europeos amplíen su alcance en el mercado único mediante estándares abiertos.
El coste de introducción asciende aproximadamente a 1300 millones de euros
El gasto previsto para el desarrollo hasta la eventual primera emisión asciende a unos 1300 millones de euros. A partir del lanzamiento, el BCE calcula costes operativos anuales en torno a 320 millones. En función del diseño definitivo, las cifras podrían variar. El BCE subraya que, como en la emisión de billetes, el Eurosistema asumirá los costes. Se prevén, además, salvaguardas —como límites máximos de saldo— para preservar la estabilidad financiera.
Con estudios de usuario específicos, el banco central busca asegurar que el euro digital resulte práctico en el uso cotidiano, también para los pequeños comercios. El principio rector es la cooperación: según el BCE, el éxito del proyecto depende en gran medida del respaldo de empresas, consumidores y responsables políticos.
El Parlamento Europeo frena el avance
Este punto podría frustrar los planes del BCE. A día de hoy no existe base jurídica para introducir el euro digital. Aunque la propuesta de reglamento de la Comisión Europea se tramita en el Parlamento desde 2023, los avances han sido escasos. A comienzos de noviembre, el eurodiputado español Fernando Navarrete Rojas presentó un informe sobre dicha propuesta.
En el Parlamento Europeo, Navarrete Rojas actúa como ponente del expediente. Redacta el informe en la comisión competente, donde fija la posición de la Cámara, y después negocia con los Estados miembro y con la Comisión. Con el respaldo de los ponentes alternativos, coordina los compromisos entre los grupos y, finalmente, eleva el texto al pleno.
La cercanía temporal entre la publicación del informe y el calendario del BCE para el euro digital difícilmente parece casual.
El documento señala que Navarrete, miembro del Partido Popular Europeo (PPE), solo respaldaría el euro digital si para entonces no existiera una alternativa europea del sector privado. Propone numerosos cambios al proyecto de reglamento de la Comisión. Entre ellos, una «prueba de mercado» que verifique si se cumplen las condiciones para implantar una versión en línea del euro digital.
El eurodiputado coincide en la necesidad de reforzar la autonomía europea en los sistemas de pago, pero duda de que la independencia tecnológica pueda lograrse por vía legislativa. Comparte, además, las objeciones de la banca, que cuestiona el beneficio adicional del llamado euro digital y alerta de sus elevados costes.
Los bancos advierten: el euro digital pone en peligro otros proyectos de innovación
Un estudio de PwC, encargado por asociaciones bancarias europeas, estima que la introducción del euro digital costaría al sector bancario 30 000 millones de euros, sin beneficios adicionales apreciables para consumidores o empresas. Portavoces de cajas de ahorros y cooperativas de crédito alertan de que el proyecto absorbería recursos humanos considerables en un periodo ya exigente y pondría en riesgo otras iniciativas de innovación. Joachim Schmalzl, miembro del Consejo de Administración de la Asociación Alemana de Cajas de Ahorros, afirma:
«Asumir estos costes en tiempos de múltiples desafíos, sin que se aprecie un beneficio real, es inaceptable».
Al mismo tiempo, las asociaciones advierten del riesgo de que empresas tecnológicas internacionales accedan con mayor facilidad a los sistemas de pago europeos mediante infraestructuras públicas, en perjuicio de los proveedores nacionales. Por ello, reclaman una separación nítida de funciones entre los sectores público y privado y la integración de las soluciones de pago europeas ya existentes. El euro digital solo contribuirá a la soberanía europea si complementa los sistemas vigentes y evita crear estructuras paralelas.
Navarrete Rojas señala una única ventaja clara del euro digital: la posibilidad de pagar sin conexión a internet. La función offline permitiría transacciones seguras cuando fallen las redes de tarjetas o móviles —por ejemplo, durante apagones, en zonas rurales o en el extranjero—. Por lo demás, sostiene que los sistemas actuales ya atienden la demanda con fiabilidad.
¿Cuáles son los argumentos a favor del euro digital?
En un documento de posición de 2022, el BCE señala que las transacciones de pago evolucionan con rapidez por efecto de la digitalización y que el uso de efectivo disminuye. Para garantizar el acceso a dinero seguro y respaldado por el Estado, aboga por introducir un euro digital que complemente, sin sustituir, el dinero en efectivo.
El BCE sostiene que el dinero del banco central actúa como ancla esencial del sistema financiero. Si el efectivo pierde peso, el dinero privado —depósitos bancarios o sistemas de pago de grandes tecnológicas— tendería a ganar predominio. A juicio del banco emisor, ello pondría en riesgo la estabilidad, la independencia y la soberanía del sistema de pagos europeo. El euro digital busca evitar una dependencia de proveedores no europeos o de monedas digitales extranjeras.
Además, el BCE ve en el euro digital una oportunidad para impulsar la innovación y la competencia en los pagos europeos. Podría facilitar el acceso a soluciones modernas, especialmente para quienes hasta ahora tenían acceso limitado a servicios financieros.
Según el BCE, la adopción generalizada dependerá de la facilidad de uso, la seguridad, la eficiencia de costes y un alto nivel de protección de datos. A la vez, se requieren salvaguardas para que el euro digital no se emplee de forma masiva como instrumento de inversión y no comprometa la estabilidad del sistema bancario.
En síntesis, el BCE presenta el euro digital como un bien público que refuerza la estabilidad monetaria, la autonomía europea y la eficiencia económica.
Los pagos en línea rastreables son objeto de críticas
También hay detractores de los planes del BCE. En una declaración conjunta, el Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advirtieron, al inicio de la fase de desarrollo, que el euro digital solo sería aceptable si garantizaba un nivel de privacidad y protección de datos lo más próximo posible al del efectivo. Señalan, en particular, que la exigencia del borrador actual de que todos los pagos en línea sean rastreables no es necesaria ni proporcional y pone en riesgo la confianza ciudadana en la nueva moneda.
En consecuencia, ambos organismos recomiendan permitir el uso anónimo —o, al menos, no rastreable— para pagos digitales de importes pequeños. También cuestionan que la creación de un sistema centralizado de acceso a los identificadores de usuario esté suficientemente justificada a la luz de la normativa de protección de datos y piden definir con mayor precisión las funciones y competencias de tratamiento entre el BCE y los proveedores de servicios de pago. El mecanismo de detección de fraude, además, se describe de forma demasiado general y podría propiciar un acceso desproporcionado a la información si no se delimita mejor.
Preocupaciones no abordadas en el proyecto de ley
Estas objeciones no se han resuelto por completo en el borrador legislativo. Aunque la normativa prevé aplicar el principio de «protección de datos desde el diseño» y contempla, junto al uso en línea, un modo fuera de línea con garantías reforzadas, la petición central de las autoridades —que las transacciones en línea sean anónimas o, al menos, no rastreables para importes pequeños— sigue sin incorporarse.
También se mantiene la creación de un sistema centralizado de acceso a los identificadores de usuario, sin que su necesidad ni las salvaguardias de privacidad estén claramente justificadas. Tampoco queda definida con precisión la distribución de responsabilidades de tratamiento entre el BCE y los proveedores de servicios de pago. El mecanismo de detección de fraude se describe de forma demasiado general y podría propiciar un acceso desproporcionado a la información salvo que se defina con mayor precisión.
Decisión sobre la ley antes de finales de 2026
Tras la presentación del informe a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, se abrirá una fase de consultas internas con propuestas y votaciones de enmiendas. Después, el texto se debatirá en el pleno en primera lectura. Solo entonces comenzarán las negociaciones entre Parlamento, Consejo y Comisión para acordar un texto común. No se espera una versión definitiva hasta que las tres instituciones alcancen un acuerdo. Según el Deutsche Bundesbank, el proceso legislativo podría concluir a finales de 2026.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times Alemania con el título «EZB macht Tempo beim Digitalen Euro: Was das für die Zukunft des Bargeldes bedeutet»
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