El Gobierno español, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha planteado una nueva escalada en las cotizaciones sociales para los autónomos que entrará en vigor en 2026, con incrementos que oscilan entre el 4 % y el 35 % respecto a las cuotas de 2025.
Esta propuesta se presentó el 13 de octubre en la Mesa de Diálogo Social con sindicatos, patronales y asociaciones de trabajadores por cuenta propia. Forma parte del despliegue progresivo del sistema de cotización por ingresos reales, acordado en 2022 y que culminará en 2032.
Según fuentes del Ministerio, citadas por Antena 3, el objetivo es igualar progresivamente lo que cotiza un autónomo y lo que cotiza un asalariado con ingresos similares «para garantizar un trato justo y equilibrio entre ambos tipos de trabajadores».
Sin embargo, desde el sector empresarial esta medida se percibe como un «sablazo» que podría agravar la fragilidad del tejido de pequeños y medianos empresarios (pymes). En España, las pymes y autónomos representan el 99,8 % de las empresas y generan aproximadamente el 70 % del empleo privado.
Esta subida supone un incremento considerable por autónomo, dependiendo del tramo de ingresos netos anuales.
Para el tramo más bajo (menos de 8040 euros al año, con una media de 3600 euros), la cuota mensual pasaría de 200 euros en 2025 a 217,37 euros en 2026, un alza del 6,7 % o 208 euros anuales. En el tramo superior (más de 72 000 euros anuales), el salto sería del 35 %, duplicando la cuota en tres años hasta 796,24 euros mensuales. La menor subida es para el tramo de los autónomos con beneficios en torno al salario mínimo interprofesional. Para ellos, el incremento de cuotas sería de 132 euros, un alza del 3,8 %.
La medida afectaría a los casi 3,5 millones de autónomos registrados en el RETA, de los cuales el 40 % (unos 1,4 millones) se ubican en tramos bajos de ingresos.
Un «sablazo» y amenaza a la clase media
El rechazo ha sido inmediato.
«Esto va en contra del acuerdo que firmamos en 2022 donde acordamos un sistema de tramo para que el 75 % de los autónomos pagaran igual o menos», denunció el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
En diálogo con Libre Mercado, Amor añadió que la medida «ha sido sorprendente» porque supone que la totalidad de los autónomos va a pagar más en 2026, 2027 y 2028. «Este no es el camino, y, por tanto, hemos dicho no», aseguró.
«Es un sablazo», sintetizó en una publicación en su cuenta en X.
Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), reclamó modificaciones como «la creación de un tramo inferior al más bajo para aquellos autónomos del ámbito artístico y de creación de contenido».
Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer «llevarse por delante a la clase media con estas subidas».
A los populares se han unido Vox, Junts, Sumar, CC y UPN que ya han adelantado su oposición en el Congreso, donde el decreto-ley requerirá convalidación. Esto complica su aprobación sin apoyos de ERC o PNV.
Un histórico de subidas que acumula presión sobre el autónomo
Para entender el peso de esta propuesta, es clave repasar el histórico de incrementos en las cotizaciones de los autónomos durante los últimos 10 años. Este periodo ha estado marcado por reformas que han elevado la carga fiscal y social en un 15 % acumulado para la base mínima.
En 2012, la cuota mínima era de 253 euros mensuales (base de 850 euros). En 2021 había subido a 289 euros (base en 944 euros). Para 2023, alcanzó los 294 euros (base de 960 euros).
Luego de la pandemia, que relativamente pausó subidas, en 2023 se marcó el inicio de la cuestionada cotización por ingresos reales, con cuotas de 225 a 530 euros según 15 tramos.
En 2024, las cuotas mínimas bajaron para bajos ingresos (hasta 200 euros para menos de 670 euros netos mensuales), pero subieron para altos tramos, alcanzando 530 euros en el superior.
Para 2025, el rango es de 200 a 590 euros, con un MEI del 0,8 % que añade 90 euros extra en el tramo alto respecto a 2023.
Este acumulado ha coincidido con la caída del 7,7 % en nuevos pensionistas autónomos desde 2009. Las pensiones medias de los autónomos alcanzan 686 euros, un 29,7 % más que hace una década, pero siguen 37 % por debajo del Régimen General.
Un riesgo de implosión
Las repercusiones de esta propuesta no se limitan a los autónomos individuales, sino que reverberan en el tejido de pymes, que dependen de ellos para subcontrataciones y empleo.
En el último año, cerraron 37 tiendas de pequeños negocios por día.
En 2024, los autónomos con empleados registraron el mínimo de ocho años.
En una entrevista exclusiva con The Epoch Times España, el economista Daniel Lacalle subraya que «este tipo de propuestas lo que hacen es desincentivar la creación de empleo y aumentan la probabilidad, más que evidente, de que se incentive la economía sumergida».
Lacalle añade que la medida del Gobierno es «completamente desproporcionada» y supone un «enorme aumento de los impuestos para los autónomos sin ningún tipo de contraprestación ni de ayuda».
También resalta que «los autónomos generan una enorme cantidad de empleo y no tienen ningún tipo de contraprestación ni capacidad de respuesta o de protesta», evidenciando la vulnerabilidad del sector.
De acuerdo a un estudio del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo, el 80 % de los autónomos señaló que está «asfixiado» por los impuestos y cargas sociales.
Un sistema más rígido y costoso
En contraste con España, donde la cuota mínima de 200 euros en estos momentos es fija y no exenta para bajos ingresos, otros países europeos optan por modelos más flexibles.
En Francia, bajo el régimen de micro-entrepreneur, no hay cuota el primer año para el escalafón más bajo; después, se aplica un 12-21,3 % sobre el volumen de negocio (sin base mínima fija), con coberturas similares en jubilación y salud.
En Alemania, la cuota es del 14-45 % de ingresos, con mínimo de 140 euros solo si se superan 1700 euros mensuales; por debajo, hay exención parcial.
En el Reino Unido, no es obligatorio cotizar si los beneficios anuales son inferiores a 7719 euros (6725 libras). Se pagan 4 € a la semana (3,45 libras) y un un 6 % sobre los beneficios cuando estos están entre 14 427 y 50 700 €.
En síntesis, en Europa la tendencia es hacia sistemas adaptativos que reducen la carga en periodos bajos y fomentan el emprendimiento. En España, un país donde las pymes y autónomos luchan por su supervivencia, la reforma del Ejecutivo podría acelerar cierres y deslocalizaciones.
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