Esta valentía moral del secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., —ejemplificada por la retirada de la certificación a dos organizaciones federales encargadas de la obtención de órganos y la puesta en marcha de reformas de gran alcance— encarna precisamente el tipo de liderazgo necesario para afrontar una realidad aún más preocupante: las instituciones de Estados Unidos colaboran con entidades chinas vinculadas, de forma discreta o abierta, a la industria de extracción forzada de órganos del Partido Comunista Chino (PCCh).
Las violaciones internas que Kennedy ha sacado a la luz parecen insignificantes frente a la realidad de los trasplantes en China. Si aún quedaba alguna duda sobre la responsabilidad del PCCh, se disipó tras una conversación grabada entre Xi Jinping y Vladímir Putin sobre la continuidad de estos trasplantes para alcanzar una posible longevidad de 150 años. Ciento cincuenta años: ese es el objetivo de longevidad del «Proyecto 981», que pretende prolongar la vida de la élite del PCCh.
Ante estos hechos, ¿qué mejor momento que este para denunciar los asesinatos sistemáticos de presos de conciencia para extraerles los órganos en la China comunista?
En septiembre, Armstrong Williams expuso con contundencia la industria de trasplantes de órganos en China en The Baltimore Sun. Ese mismo día, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) respondió oficialmente en estos términos: «En China, la extracción forzada de órganos a prisioneros se practica desde hace más de 20 años. Para defender la santidad de la vida humana, Estados Unidos debe romper todos los lazos con el sistema de trasplantes de órganos de China».
Implicación estadounidense
El vínculo entre Estados Unidos y China en el campo de los trasplantes es profundo. Cientos de cirujanos chinos especializados en esta disciplina se han formado en importantes instituciones estadounidenses, desde el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh hasta el Mount Sinai Health System, las cuales mantienen acuerdos de colaboración formales con centros de trasplantes chinos, comparten su experiencia y otorgan a estos últimos una dudosa legitimidad.
En una carta enviada en mayo de 2025 al presidente de Harvard, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh reveló «varios casos en los que investigadores de Harvard colaboraron con académicos chinos en proyectos de investigación relacionados con el trasplante de órganos», algunos de los cuales incluso recibieron financiación de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).
La industria de trasplantes de China depende en gran medida de tecnologías occidentales. La mayoría de las soluciones para la preservación de órganos, los instrumentos quirúrgicos, los inmunosupresores y las pruebas diagnósticas que se utilizan en China en el ámbito de los trasplantes proceden de Estados Unidos o Europa y, según el Instituto para la Investigación sobre los Crímenes del Comunismo, impulsaron el aumento de intervenciones durante el auge de la sustracción forzada de órganos.
Esta colaboración informal de Estados Unidos con una industria extranjera que viola sistemáticamente el principio del donante fallecido ha debilitado las garantías éticas del sistema estadounidense. Un reciente artículo de opinión del diario The New York Times, firmado por destacados cardiólogos, aboga por redefinir la muerte para aumentar la disponibilidad de órganos, lo que constituye un ejemplo revelador.
Extender las reformas de Kennedy al ámbito internacional
Las reformas nacionales de Kennedy constituyen un modelo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos sancionó a una organización estadounidense de donación de órganos tras descubrir que el 29 % de sus expedientes contenían elementos preocupantes. Se adoptaron otras medidas, como el nombramiento obligatorio de responsables de seguridad del paciente, una mayor supervisión y la tolerancia cero ante las infracciones. Estos requisitos deben aplicarse ahora a las colaboraciones internacionales.
Así, Estados Unidos podría dejar de fomentar los incumplimientos de la industria china. Si bien el HHS no tiene jurisdicción en China, sí puede garantizar que las entidades estadounidenses no se vean implicadas, en particular mediante la presión sobre la financiación, como demuestra el reciente recorte de 2000 millones de dólares (1730 millones de euros) en las subvenciones destinadas a Harvard por parte de la Administración Trump, motivado por violaciones de derechos civiles e incumplimiento de las directrices políticas.
Ninguna institución estadounidense debería colaborar con programas de trasplantes chinos hasta que se ponga fin a la sustracción forzada de órganos. Ningún recurso de los NIH tendría que financiar investigaciones que involucren a centros o personal chinos.
También podrían promulgarse nuevas leyes. Una opción sería seguir el modelo de la Enmienda Wolf, que limita la cooperación de la NASA con China para proteger tecnologías sensibles. Una norma similar podría prohibir que las agencias de salud, universidades, hospitales y empresas estadounidenses trabajen con entidades chinas de trasplantes, a menos que estas puedan demostrar el origen ético de los órganos.
Esto complementaría dos prometedores proyectos de ley federales: la Ley de Protección de Falun Gong y la Ley para Detener la Sustracción Forzada de Órganos, ambos aprobados por la Cámara de Representantes en mayo y pendientes de aprobación en el Senado. De salir adelante, estas normas impondrían sanciones y revocarían los pasaportes de las personas implicadas en el tráfico de órganos en China, lo que representaría la respuesta más contundente de Estados Unidos hasta la fecha. Otros proyectos federales, destinados a impedir que los seguros médicos cubran los trasplantes realizados en China, en línea con algunas iniciativas estatales, también avanzan. Estos esfuerzos deberían intensificarse.
Restaurar la confianza mediante la claridad moral
Kennedy subrayó, con razón, que «todo estadounidense debe poder convertirse en donante de órganos y ofrecer el don de la vida de forma segura». Este imperativo moral exige que la experiencia, la tecnología y la financiación estadounidenses jamás contribuyan a la muerte de prisioneros para extraerles órganos.
El sistema de trasplantes chino —basado en la coerción y la opacidad— contraviene los estándares éticos occidentales: respeto por la vida humana, consentimiento informado e integridad médica.
La confianza pública está en juego. Tras las revelaciones sobre las irregularidades en la extracción de órganos en Estados Unidos en julio y agosto de 2025, se registró un aumento del 700 % en las solicitudes de baja en el registro nacional de donantes. Reconstruirla es vital, tanto en el plano moral como en términos prácticos.
Las reformas de Kennedy priorizan la ética y la seguridad del paciente por encima de los intereses institucionales. Para que Estados Unidos mantenga su autoridad moral, debe romper cualquier vínculo con los sistemas que matan a personas inocentes para lucrarse con sus órganos. Esos lazos están profundamente arraigados, pero hacer lo correcto, no lo fácil, es el único camino posible. Solo así podrá garantizarse, como afirmó Kennedy, que «la vida de cada donante potencial reciba la santidad que merece».
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times Francia con el título «Il est temps pour les États-Unis de rompre leurs liens avec la Chine sur la question des transplantations»
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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