La Policía Nacional atraviesa una crisis de violencia sin precedentes.
En los últimos días, cuatro incidentes graves han marcado el territorio español: un agente del GRECO herido de gravedad por disparos de fusil de asalto en Isla Mayor (Sevilla), un tiroteo en El Casar de Escalona (Toledo) con un presunto narco muerto y dos policías lesionados, una paliza brutal a dos agentes fuera de servicio en Alcalá de Henares (Madrid) y un policía en coma inducido en Vinalesa (Valencia) tras frustrar un robo.
Estos hechos han encendido las alarmas sindicales, que apuntan directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un «abandono institucional» que erosiona el principio de autoridad.
En un duro comunicado de JUPOL, el secretario general del sindicato, Aarón Rivero, denuncia una «escalada inaceptable y sostenida» de ataques que pone en jaque el Estado de Derecho.
«La frecuencia y gravedad de las agresiones demuestra que el principio de autoridad está siendo erosionado», afirma Rivero en el documento enviado a la redacción de The Epoch Times España.
JUPOL ha solicitado formalmente al presidente del Consejo de Policía una reunión extraordinaria para analizar estos incidentes, evaluar medidas de prevención, dotación de medios y protocolos de actuación. Sin embargo, según pudo saber este medio, hasta el momento de la redacción de esta nota, no ha recibido respuesta.
«No podemos permitir que agredir a un policía salga gratis. Es una cuestión de Estado de Derecho, de respeto institucional y de protección a quienes garantizan la seguridad de todos los ciudadanos», expone el sindicato.
Los datos oficiales del Ministerio del Interior confirman la gravedad: el año pasado se registraron 16 878 atentados contra la autoridad en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y policías locales, un 30% más que en la prepandemia.
David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), lo vincula al mandato de Marlaska: «Bajo su gestión se han registrado las cifras más altas de agresiones a agentes en democracia», declaró en esRadio.
Gutiérrez califica a Marlaska como «el peor ministro del Interior que hemos tenido en la historia»..
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por su parte, lanzó un comunicado el 8 de noviembre tras el tiroteo en Isla Mayor.
En el texto —enviado a la redacción de The Epoch Times España—, expresó «su más absoluto malestar y preocupación ante el nuevo episodio de violencia extrema sufrido por nuestros compañeros del GRECO», uno de los cuales resultó herido grave por dos impactos en la ingle de un AK-47 durante un operativo contra narcotráfico. El agente, operado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, permanece estable en UCI con pronóstico reservado.
«Su valor y profesionalidad contrastan con la desprotección y el abandono institucional al que están sometidos quienes combaten cada día al crimen organizado en el sur de España», reza el texto del SUP.
El secretario federal del SUP en Andalucía, Ángel Becerra, exigió «medidas urgentes».
En un comunicado, citado por varios medios, Becerra declaró: «Están mandando a nuestros compañeros a la guerra sin los recursos mínimos para proteger sus vidas».
El tiroteo de El Casar de Escalona, el lunes en la urbanización Cerro Alberche, ejemplifica la expansión narco.
Una operación de la Udyco contra un grupo dominicano de cobro de deudas derivó en un intercambio de fuego: un presunto traficante muerto, dos heridos graves y uno leve. Dos GEOs sufrieron lesiones leves tras sufrir impactos en los chalecos.
En Alcalá de Henares, dos agentes del GOR, tras cenar, fueron reconocidos por seis reincidentes de El Lianchi. «Ahora no estáis de servicio, put*s ratas», gritaron antes de golpear por la espalda. Uno perdió tres dientes, sufrió rotura de mandíbula y visión temporal en un ojo; el otro, fractura de clavícula.
En Vinalesa (Valencia), el domingo por la tarde, un agente de Policía Judicial de franco sorprendió un robo en la plaza de España. Recibió una pedrada en la nuca, quedando en coma inducido en el Hospital Clínico Universitario.
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En este marco de agresión a los agentes, JUPOL reclama una reforma legal para elevar penas por atentados, más medios y aplicar la sentencia del Tribunal Supremo reconociendo que se trata de una profesión de riesgo, extendida a clases pasivas.
«Estos no son hechos aislados, son la punta del iceberg de una situación que llevamos meses denunciando», subraya Rivero.
JUPOL reitera la necesidad urgente de establecer protocolos claros y actualizados sobre el uso legítimo de la fuerza, para garantizar la seguridad jurídica y operativa de los agentes. Sin embargo, señala el sindicato, «pese a las reiteradas peticiones, no se ha adoptado ninguna medida eficaz que dé respuesta a esta creciente problemática», por lo que «hemos solicitado la dimisión inmediata del ministro del Interior».
El SUP, por su parte, exige declarar el Campo de Gibraltar Zona de Especial Singularidad (ZES) con incentivos; chalecos cerámicos para calibres de guerra; vehículos blindados; HK G-36 para antidroga; endurecimiento legislativo y jubilación digna.
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