Estados Unidos y otros 14 países han emitido una declaración conjunta en la que exigen la liberación inmediata de todas las personas detenidas injustamente por el Partido Comunista Chino (PCCh) a causa del ejercicio de sus libertades fundamentales.
La declaración destaca el uso persistente por parte del PCCh de la detención, el trabajo forzoso, la vigilancia masiva y las restricciones a la expresión religiosa y cultural, y señala que estas prácticas son motivo de preocupación.
«Compartimos la honda y constante preocupación por las graves violaciones que se cometen en China», afirma la declaración emitida el 21 de noviembre por la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
Los grupos minoritarios étnicos y religiosos, entre ellos uigures, minorías musulmanas, cristianos, tibetanos y practicantes de Falun Gong, han sufrido una represión selectiva que incluye la separación de niños de sus familias en internados, la tortura y la destrucción del patrimonio cultural.
Las naciones también expresaron su preocupación por el continuo desmantelamiento de las libertades civiles y del Estado de derecho en Hong Kong, así como por la emisión de órdenes de arresto y recompensas contra personas fuera del territorio por ejercer la libertad de expresión.
La represión del PCCh contra periodistas, defensores de derechos humanos y abogados, tanto dentro como fuera de sus fronteras, pone de manifiesto un clima de miedo diseñado para silenciar las críticas, afirmaron.
«Instamos a la República Popular China a liberar a todas las personas detenidas injustamente por el simple ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, pilares de la buena gobernanza legítima y la credibilidad global, y a cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional», afirma la declaración.
Además de Estados Unidos, Albania, Australia, Chequia, Estonia, Israel, Japón, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Palaos, Paraguay, San Marino, Ucrania y el Reino Unido también suscribieron la declaración.
Los 15 países instaron a los Estados miembros de las Naciones Unidas a presionar al PCCh para que aborde las violaciones de derechos humanos y «promueva una rendición de cuentas significativa».
La declaración se produjo menos de una semana después de que 18 pastores y líderes de la Iglesia Sión, una de las comunidades cristianas clandestinas más grandes de China, fueran arrestados formalmente. Entre ellos figura su fundador, Ezra Jin, detenido a principios de octubre en el marco de una operación coordinada que abarcó varias ciudades. Su hija, residente en Estados Unidos, pide a la administración Trump que intervenga y presione a Pekín para lograr su liberación.
Bajo el estricto control del PCCh, solo las iglesias inscritas en organizaciones religiosas dirigidas por el Estado pueden operar legalmente. Los creyentes y dirigentes que quedan fuera de estas estructuras autorizadas se enfrentan a vigilancia permanente, acoso, arrestos y otras formas de castigo, según un informe publicado en septiembre por la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. El documento señala que el régimen ha ordenado al clero predicar la ideología del PCCh, retirar cruces de las iglesias y aplicar medidas para adaptar las distintas confesiones a la línea oficial del partido, con el fin de alinear sus doctrinas con la postura del PCCh.
El llamamiento de los 15 países también llega en un momento en que el PCCh mantiene su campaña nacional para erradicar Falun Gong —o Falun Dafa—, una práctica espiritual basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia.
En la ciudad de Jinan, en el este de China, casi 40 practicantes de Falun Gong fueron detenidos a finales de septiembre, según Minghui.org, un sitio web que documenta la persecución contra esta práctica. Hasta el 21 de noviembre, al menos 16 seguían bajo custodia, de acuerdo con la misma fuente.
El PCCh inició la persecución en 1999, después de que la práctica —hecha pública en 1992— se difundiera rápidamente de boca en boca hasta alcanzar un número estimado de entre 70 y 100 millones de seguidores. Desde entonces, muchos han sido sometidos a detención, trabajos forzados y torturas, e incluso han muerto como consecuencia de la sustracción forzada de órganos, por negarse a renunciar a su fe.
En Hong Kong, Pekín sigue silenciando a sus críticos y restringiendo las libertades fundamentales en virtud de una ley de seguridad nacional promulgada hace cinco años, según han denunciado funcionarios occidentales y organizaciones de derechos humanos.
El 3 de noviembre, el Tribunal Superior de Hong Kong rechazó la solicitud de una destacada activista prodemocracia para que se desestimara la acusación en su contra. Chow Hang-tung, fundadora de un grupo ya disuelto que organizaba las vigilias anuales de la ciudad en recuerdo de las víctimas de la masacre de la plaza de Tiananmén, perpetrada por el PCCh en 1989, fue acusada en 2021 de incitación a la subversión en virtud de esa ley de seguridad nacional impuesta por Pekín.
La legislación, redactada de forma imprecisa, criminaliza los discursos o acciones considerados secesionistas, subversivos, terroristas o de connivencia con fuerzas extranjeras contra el régimen comunista, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Hasta marzo, al menos 320 personas habían sido detenidas por presunta violación de la ley de seguridad, según el Departamento de Estado de Estados Unidos en su último informe anual sobre el clima de inversión en la ciudad, publicado a finales de septiembre.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «15 Countries Sign Statement Urging End to Serious Human Rights Violations in China».
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