El Partido Popular (PP) registró en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas escritas dirigidas al Gobierno de España —a cuyo documento tuvo acceso The Objetive—, cuestionando el veto impuesto por el Ejecutivo a una propuesta legislativa de Vox. Esta iniciativa buscaba reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para introducir urnas electorales separadas —una para los votos emitidos en persona y otra exclusiva para los votos por correo— junto con actas de escrutinio diferenciadas.
La propuesta de Vox, presentada en junio, tenía como objetivo evitar posibles fraudes en el recuento del voto por correo. Sin embargo, el Gobierno, liderado por el PSOE, rechazó la medida argumentando un incremento de casi 400 000 euros en los créditos estatales para duplicar urnas y actas, cifra que no está contemplada en el presupuesto de este año.
Sin embargo, las elecciones generales están pautadas para el 2027. Por eso, el PP interpreta este bloqueo como un indicio de que el Ejecutivo podría estar preparando un adelanto electoral.
Entonces, ¿el PSOE rechazó la iniciativa de Vox porque podría haber elecciones anticipadas? Caso contrario, ¿por qué no quiere que se cuente el voto por correo de manera diferenciada y de esta forma mejorar la transparencia en los comicios?
Sombras sobre el voto por correo
Ciertamente, la maniobra del PSOE no surge en el vacío.
El voto por correo ha sido un foco recurrente de controversias en España, con casos documentados de irregularidades que han salpicado especialmente al PSOE en los últimos años.
En las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, se registraron denuncias por compra de votos postales en localidades como Melilla, Mojácar (Almería) y Moraleja de Sayago (Zamora).
En Melilla, las solicitudes de voto por correo se dispararon hasta el 20 % del censo —frente a una media nacional del 2,47 %—. La Policía Nacional investigó la compra masiva de hasta 10 000 sufragios, lo que llevó a la detención de diez personas, incluyendo al exconsejero Mohamed Ahmed Al-lal de Coalición por Melilla, aliado del PSOE local.
La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Melilla ordenó, de forma inédita, que los votos postales se entregaran con el DNI en mano para frenar el fraude. Esta medida fue extendida por la Junta Electoral Central a todo el territorio nacional para envíos destinados a esa ciudad.
En Mojácar, siete detenidos —entre ellos dos candidatos del PSOE— fueron acusados de un delito electoral por captación irregular de votos entre inmigrantes en situación vulnerable.
Estos episodios no son aislados. En las elecciones municipales de 2019 en Albaida del Aljarafe (Sevilla), la Guardia Civil documentó irregularidades en el voto por correo a favor del PSOE. Se detectaron decenas de sufragios manipulados, incluyendo votos con una «x» junto a la firma y casos de parejas que negaron haber votado pero cuyas papeletas aparecieron en las urnas.
Las investigaciones apuntan a una alianza entre militantes socialistas y trabajadores de Correos para falsificar solicitudes.
Un sistema electoral bajo lupa
El sistema actual de voto por correo, regulado por la LOREG desde 1985, agrupa estos sufragios con los presenciales en una sola urna para preservar el secreto del voto. Esto complica su trazabilidad individual.
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, se solicitaron 2,6 millones de votos postales —un récord que duplicó la media de las últimas dos décadas—.
Correos entregó el 98,2 % antes del 20 de julio de ese año. Sin embargo, no existe un desglose oficial por tipo de voto, ya que el recuento se realiza de forma conjunta en las mesas electorales.
Gabriel Araujo, perito informático forense y auditor de sistemas electorales en países como Brasil, México y Ecuador, ha sido uno de los analistas que más voz ha dado a estas debilidades.
En una entrevista con The Epoch Times España, Araujo describió el sistema español como «uno de los menos garantistas», destacando la falta de trazabilidad en el voto por correo: «Debería haber una constancia fidedigna de la trazabilidad del voto por correo, que es precisamente lo que más está en duda actualmente. Por ejemplo, la publicación de las actas es una medida que podría implementarse perfectamente».
Araujo también propuso mejoras prácticas: «También se podrían mejorar los procesos del voto por correo entregando al votante un código de seguimiento, igual que se hace con un paquete certificado. Correos ya dispone de ese sistema y podría aplicarlo también al voto por correo para evitar situaciones como la ocurrida en Puerto del Rosario, Fuerteventura, donde un paquete de votos nunca llegó: fue hallado en un rincón del Ayuntamiento y no se incorporó a la mesa electoral».
Araujo, quien auditó el pabellón 14A de IFEMA durante las elecciones de 2023, señaló la ausencia de verificación triple —como la huella digital y firma obligatorias—, como en el caso de Ecuador.
«Ecuador, por ejemplo, celebró elecciones el 25 de abril, y fueron una de las elecciones más transparentes que yo he visto en el mundo. […] Una persona que se parezca a otra o que lleve el DNI de otra no puede votar por esa persona», describió.
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¿Elecciones anticipadas en el horizonte?
Ahora bien, la tesis que maneja el PP, según ha trascendido en los medios, es que el PSOE, en realidad, no quiere incorporar el mecanismo que mejora la transparencia electoral propuesto por Vox porque podría estar planeando llamar a elecciones anticipadas.
La sospecha de los populares surge porque el veto presupuestario solo aplica al «presupuesto en vigor en cada momento», principio de anualidad que no se vería afectado por una reforma cuya aplicación sería en 2027.
Esta sospecha de adelanto electoral no es infundada.
Encuestas recientes como el barómetro 40dB para El País y Cadena SER del 6 de octubre muestran al PSOE recortando distancias con el PP (29,4 % frente a 30,5 %). Mientras tanto, Vox sube al 16,7 %, convirtiéndose en primera fuerza entre menores de 44 años.
El bloque PP-Vox aglutina, de esta forma, el 47 % de la estimación de voto, pero el Gobierno podría buscar urnas en un momento de debilidad del PP, que pierde votos en la medida que suben los de Vox.
Para el profesor en ciencia política de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez Sánchez, el PSOE podría aprovechar este auge de Vox para lanzar una campaña de miedo en el electorado.
«El presidente del Gobierno, sobre todo, está viendo cómo va la relación PSOE-PP-Vox», explica en diálogo con The Epoch Times España, apuntando a una estrategia del oficialismo de esperar a que Vox se fortalezca y el PP debilite, para relanzar la campaña de 2023: «Ojo, ojo, que no estamos jugando, que va a gobernar Vox […] y el PP no va a parar a Vox porque cada vez está más débil».
Futuro electoral en entredicho
El rechazo a la propuesta de Vox logrará, en efecto, no alterar el statu quo: el voto por correo seguirá sin código de seguimiento ni verificación biométrica, pese a que Correos sí lo aplica en paquetería.
Sin embargo, al mismo tiempo, son cada vez más las voces que se animan a desafiar el tabú del fraude electoral. Araujo lo resume con crudeza: «La gente está preguntando muchísimo. […] No pasa nada por dudar de la integridad electoral».
Paralelamente, el PP —en la medida que pierde votos y Vox crece— sospecha que Sánchez tendría el as bajo la manga del adelanto electoral. En síntesis, un escenario complejo, propio de una España cada vez más convulsionada.
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