Aznar, Zapatero y Rajoy subvencionaron fundaciones vinculadas a partidos con 63 millones de euros

Más de 63 millones de euros de fondos públicos concedió el Estado español a fundaciones vinculadas a partidos con representación parlamentaria entre 1998 y 2013, durante los gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Aunque después se introdujeron algunas normas para reforzar el control, el Tribunal de Cuentas y otros organismos siguieron señalando deficiencias, y el reparto continuó —con fórmulas distintas— durante el gobierno de Pedro Sánchez.

Tras su llegada al poder, el Gobierno de José María Aznar canalizó más de 18 millones de euros a estas fundaciones a través del Ministerio de Cultura (1998–2004). Con los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y, después, Mariano Rajoy, se sumaron otros 45 millones hasta 2013, ya con un marco normativo ampliado que, además de las subvenciones de Cultura, incorporó líneas específicas del Ministerio de Asuntos Exteriores. A continuación, repasamos cómo y adónde se dirigieron esas partidas.

La cuantía de los fondos se distribuiría con el objetivo de «difundir el conocimiento del sistema democrático y fomentar la implantación y arraigo de la cultura democrática en la sociedad española mediante programas de formación, seminarios, publicaciones y encuentros culturales», según el real decreto inicial del Gobierno de Aznar, firmado en 1997 por la entonces ministra de Cultura, Esperanza Aguirre.

A continuación, en una Orden de 23 de marzo de 1998, Aguirre incluyó como gasto justificable no solo las actividades, sino también el «funcionamiento de las fundaciones y asociaciones beneficiarias», y exigió la presentación de la facturación correspondiente.

No se fijó un tope monetario por entidad y únicamente se estableció que la suma de las ayudas no podía superar el coste del proyecto o actividad. También se previó una distribución proporcional de fondos entre las fundaciones vinculadas a cada partido en función de los votos válidos obtenidos en cada legislatura, un criterio que no supone un límite máximo.

En 1999, el entonces ministro de Educación y Cultura, Mariano Rajoy, ratificó el real decreto de 1997 y la orden de 1998.

De este modo, en los primeros seis años, la Fundación FAES, creada y presidida por Aznar, recibió más de 8 millones de euros y las fundaciones del PSOE y la Izquierda también alrededor de 8 millones.

18 millones entre 1998 y 2004

En total, entre los años 1998 y 2004 se destinaron 18 010 785,12 euros a la difusión y mantenimiento de las siguientes fundaciones, según los registros del BOE:

FAES (PP) — 8 237 293,94 euros; Fundación Pablo Iglesias (PSOE) — 6 793 963,47 euros; Fundación de Investigaciones Marxistas (PCE) — 1 182 502,32 euros; y Fundació Ramon Trias Fargas (CDC) — 579 564,94 euros.

Además de: Sabino Arana Fundazioa (PNV) — 229 469,25 euros; Fundación Galiza Sempre — 193 873,55 euros; INEHCA (Institut d’Estudis Humanístics M. Coll i Alentorn) — 190 923,37 euros; Fundació Nous Horitzons — 139 046,44 euros; Fundació President Josep Irla i Bosch — 125 447,44 euros; Fundación Himilce — 118 837,68 euros; Fundación Luis Bello — 99 908,10 euros; Fundación Gaspar Torrente — 43 417,82 euros; Fundación Canaria 7 Islas — 41 556,00 euros; Sabino Arana Kultur Elkartea — 25 144,67 euros; y Fundación Aragón XXI — 9 836,13 euros.

Período 1998-2004

La Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) se destacó por recibir más de 1 millón de euros en ese período, pese a que es una entidad cultural privada promovida por el Partido Comunista de España (PCE), constituida en Madrid en 1978 y reconocida por Orden del Ministerio de Cultura el 21 de julio de 1980.

La FIM recibió fondos en el marco de programas de “cultura democrática”, aunque su creación es anterior al paquete normativo de finales de los noventa que canalizó estas subvenciones. En el plano regional, el Parlamento Europeo condena los crímenes de los regímenes totalitarios —incluidos los de inspiración comunista— lo que está documentado en las resoluciones de 2 de abril de 2009 y 19 de septiembre de 2019.

En la dirección de la FIM figuran, entre otros, Enrique Santiago Romero (presidente del Patronato) y Fernando Sánchez San Martín (director ejecutivo y secretario del Patronato).

Desglosando los 18 010 785,12 euros otorgados entre 1998 y 2004, por partidos, la fundación política del PP, FAES, recibió 8 237 293,94 euros; las fundaciones del PSOE/PSC —en concreto la Fundación Pablo Iglesias— recibieron 6 793 963,47 euros; las fundaciones de la izquierda y el progresismo, 1 446 996,20 euros; CDC y asociadas, 770 488,31 euros; y el resto, 762 043,20 euros.

Zapatero y Moratinos asignan fondos adicionales desde el Ministerio de Asuntos Exteriores

En 2005, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por orden del ministro Miguel Ángel Moratinos, se aprobaron nuevas bases reguladoras de subvenciones en las que el protagonismo siguió recayendo en las fundaciones vinculadas a los partidos con representación parlamentaria.

Tomando como marco la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo —derogada en 2023—, se dictó una orden para financiar actividades de estas fundaciones en el exterior, preferentemente en los países priorizados por el Plan Director de la Cooperación Española. Esa ley, impulsada por Abel Matutes (PP) y aprobada por PP y PSOE, canalizó durante años la ayuda al desarrollo a través de ONG y sirvió de base para derivar las  subvenciones adicionales a las fundaciones de los partidos.

Bajo esta modalidad, los fondos debían dirigirse a actividades de «formación, consolidación y difusión del sistema democrático y de todos sus componentes», preferentemente en los países identificados en el Plan Director de la Cooperación Española, según la orden publicada en el BOE en 2005.

Los países prioritarios eran Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez, Población Saharaui y Territorios Palestinos, Mozambique, Angola, Namibia, Senegal, Cabo Verde, Filipinas y Vietnam.

Los países con atención especial, que se evaluaban caso por caso, eran Cuba, Colombia, Irak, Líbano, Siria, República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Guinea Ecuatorial y Sudán, entre otros.

Aunque el 71% de los fondos debía destinarse a los países prioritarios, parte de esos recursos se dispersó hacia otros destinos, dice un informe del Ministerio de Exteriores.

La orden de 2005 fue reforzada en 2009 —Orden AEC/1282/2009— al fijar concurrencia competitiva, con un tope de 500 000 € por actividad y una fórmula de reparto.

Esto no impidió que, entre 2008 y 2011, las subvenciones destinadas a las fundaciones del PSOE y del PP aumentaran hasta superar respectivamente, por ejemplo, en 2008, los 4,4 millones y 3,8 millones de euros.

Fondos a fundaciones del PSOE:

Fondos a FAES, fundación del PP:

Analizando algunas concesiones a fundaciones del PSOE durante el Gobierno de Zapatero, que contaban con alguna información, entre 2005 y 2009 —en particular la Fundación Pablo Iglesias— recibieron en torno a 1,4 millones de euros para programas con actividades en Colombia (constan por ejemplo partidas en 2005,  2006, 2008 y 2009. Ese tramo temporal coincide con el segundo mandato del presidente colombiano Álvaro Uribe, crítico con el «socialismo del siglo XXI» y el chavismo.

45 millones entre 2005 y 2013

De esta manera, en el período 2005-2013 las fundaciones asociadas a partidos políticos, en especial las del PSOE y el PP, recibieron para la difusión y su mantenimiento más de 45 millones de euros por fondos del Ministerio de Cultura y Deporte (MECD) y los nuevos fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC):

Período de 2005-2013

Estos fondos se distribuyeron d ela siguiente manera:

FAES (PP) — 19 951 063,94 euros; Fundación IDEAS para el Progreso (PSOE) — 10 424 959,83 euros; Fundación Pablo Iglesias (PSOE) — 6 393 110,64 euros; Fundación Rafael Campalans (PSC-PSOE) — 2 362 400,50 euros; Fundación por la Europa de los Ciudadanos (IU) — 1 153 742,96 euros; CatDem / Trias Fargas (CDC) — 1 034 152,23 euros; Fundación Jaime Vera (PSOE) — 935 942,00 euros; y Fundació Josep Irla (ERC) — 656 781,92 euros;

Ademas de: Sabino Arana Fundazioa (PNV) — 518 898,01 euros; Fundación Progreso y Democracia (UPyD) — 434 839,93 euros; INEHCA – Institut d’Estudis Humanístics «M. Coll i Alentorn» (UDC) — 345 876,57 euros; Fundación Galiza Sempre (BNG) — 324 546,32 euros; Nous Horitzons Fundació (ICV) — 299 565,10 euros; Fundación Canaria Siglo XXI (CC) — 103 986,07 euros; Fundación Ramón Rubial – Españoles en el Mundo (PSOE) — 96 845,00 euros; Alkartasuna Fundazioa (EA) — 37 655,76 euros; Fundación Aragón XXI (PAR) — 20 403,00 euros; Fundació L’Alternativa (EUiA) — 20 049,98 euros; Fundación Gaspar Torrente (CHA) — 10 035,00 euros; y Ezkerraberri (Aralar) — 1 171,11 euros.

Desglosando los 45 126 025,87 euros por partidos, la fundación política del PP, FAES, recibió 19 951 063,94 euros; las fundaciones del PSOE/PSC —en concreto Fundación IDEAS para el Progreso, Fundación Pablo Iglesias, Fundación Rafael Campalans, Fundación Jaime Vera y Fundación Ramón Rubial— recibieron 20 213 257,97 euros; las fundaciones de la izquierda y el progresismo, 2 503 548,15 euros; CDC y asociadas, 1 380 028,80 euros; y el resto, 1 078 127,01 euros.

Más de 63 millones de euros en 15 años

Finalmente, entre los años 1998 y 2013, en total se destinaron 63 136 810,99 de euros de fondos públicos del Estado español a fundaciones vinculadas a partidos políticos, durante los gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

El siguiente cuadro muestra la distribución año a año:

La Fundación FAES, vinculada al Partido Popular y presidida por José María Aznar, recibió 28 188 357,88 de euros en ese periodo.

Las fundaciones vinculadas al PSOE —en especial la Fundación Pablo Iglesias, creada con la finalidad de difundir el pensamiento socialista, y el conjunto formado por Jaime Vera, IDEAS para el Progreso, Rafael Campalans y Ramón Rubial–Españoles en el Mundo— sumaron 27 007 221,44 millones de euros hasta 2013.

Las fundaciones asociadas a la Izquierda y el progresismo (no PSOE) recibieron 3 950 544,35 millones de euros: son Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM – PCE), Fundación por la Europa de los Ciudadanos (IU), Fundación Nous Horitzons (ICV), Fundación Josep Irla (ERC), Fundación Progreso y Democracia – FPyD (UPyD) y Fundación L’Alternativa (EUiA).

Las Fundación Ramon Trias Fargas, Fundación Catalanista y Demócrata (CatDem) (think tank del CDC) e INEHCA – Instituto de Estudios Humanísticos «Miquel Coll i Alentorn» recibieron 2 150 517 millones de euros.

Las restantes fundaciones sumaron 1 840 170 millones de euros:  Sabino Arana Fundazioa y Sabino Arana Kultur Elkartea (PNV), Fundación Galiza Sempre (BNG), Fundación Canaria 7 Islas / Fundación Canaria Siglo XXI (CC), Alkartasuna Fundazioa (EA), Fundación Aragón XXI (PAR), Fundación Gaspar Torrente (CHA), Ezkerraberri (Aralar), Fundación Luis Bello, Fundación Himilce.

Javier Cavanna: «simples estructuras jurídicas sin actividad alguna ni mecanismos de control»

Tras analizar los fondos otorgados y su nivel de transparencia, Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Haz afirmó que «las fundaciones políticas y entidades vinculadas son simples estructuras jurídicas sin actividad alguna ni mecanismos de control, constituidas con el solo propósito de obtener subvenciones de las administraciones públicas afines y sin ninguna base social».

Aunque su afirmación fue en 2018 y no del período 1998-2013, revela que, pese a las reformas, persistían déficits serios de transparencia y control en las fundaciones vinculadas a partidos: ese mismo año Fundación Haz concluyó que el 82 % de estas entidades seguían siendo opacas según su metodología del informe Transparencia.

La fundación Haz estudió 42 fundaciones, cuatro asociaciones y tres sociedades mercantiles y 2n 2018 señaló que «en la mayoría de los casos no se trataba de entidades de nueva creación sino de organizaciones que ya existían y sobre las que el Tribunal de Cuentas no tenía conocimiento por no haber sido previamente informado de su existencia por los partidos políticos».

«Entre los partidos políticos con más entidades vinculadas destaca el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con nueve organizaciones y la Federación de Izquierda Unida con ocho organizaciones».

En la misma línea, el Tribunal de Cuentas señaló carencias y formuló recomendaciones de mejora en registro, rendición y justificación de subvenciones tras una fiscalización específica de fundaciones y demás entidades vinculadas en los ejercicios 2018-2019 y 2020.

Además, ya antes de 2018 la Comisión Mixta Congreso-Senado había aprobado resoluciones sobre fiscalizaciones 2014-2015 que pedían reforzar controles internos en manera contable, financiera y patrimonial, en estas entidades, lo que subraya la continuidad del problema más allá de 1998-2013.

PSOE

En el ámbito socialista, el PSOE operaba a través de un conjunto de fundaciones vinculadas que articulaban su labor de ideas y proyección exterior: la histórica Fundación Pablo Iglesias, (activa desde 1977), la nueva Fundación IDEAS, así como las fundaciones Ramón Rubial, Jaime Vera y la Fundación Rafael Campalans (PSC) son representativas.

En el periodo 1998–2013, estas entidades concentraron la mayor parte de las subvenciones públicas del programa estatal para fundaciones de partidos: Pablo Iglesias sumó cerca de 13,1 millones de euros, IDEAS 10,4 millones, Rafael Campalans 2,3 millones y Jaime Vera 1 millón de euros.

En total las asociaciones vinculadas al PSOE registraron cerca de 27 millones de euros en ese mismo concepto, pero en conjunto, el bloque socialista —PSOE y las fundaciones de la Izquierda y el progresismo se acercan a los 31 millones de euros en el periodo, con proyectos que abarcan fortalecimiento de partidos y acciones en Hispanoamérica además de jornadas, seminarios y publicaciones.

Fundación Pablo Iglesias (PSOE) recibe 13,1 millones hasta el 2013:

La Fundación Pablo Iglesias venía funcionando desde 1977 (inscripción BOE 1978). Fue asumida por una Comisión Ejecutiva formada por Felipe González, dirigente del PSOE, Alfonso Guerra, Francisco Bustelo y y Elías Díaz García.

Debe su nombre y su origen al tipógrafo socialista Pablo Iglesias Posse (1850–1925), quien fue el fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879 y de la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888.

La fundación se creó para reivindicar y mantener viva la figura de este histórico líder del socialismo y la UGT, «con la finalidad de difundir el pensamiento socialista y fomentar el conocimiento de su historia». Sin embargo, el propósito específico requerido en 1997 para la asignación de fondos era la «difusión del conocimiento del sistema democrático y en la implantación y arraigo de la cultura democrática en la sociedad española».

Fundación IDEAS, (PSOE) recibe 10,4 millones de euros hasta 2013:

En noviembre de 2008, el PSOE constituyó la Fundación IDEAS integrando como institutos a las fundaciones Pablo Iglesias, Ramón Rubial y Jaime Vera, y creó el Consejo de Progreso Global.

Entre los fondos recibidos por la fundación IDEAS del PSOE entre 2009 y 2013, que fueron 10 424 959,83 €, se destacan los siguientes

FAES y el PP

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), es una de las fundaciones que más fondos ha recibido hasta la fecha: al menos 31 millones de euros registrados en los Boletines Oficiales del Estado hasta el año 2016 de parte del Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores: 8,2 millones entre 1998 y 2004; 19,95 millones entre 2005 y 2013; y más de 3 millones entre 2014 y 2016, estos últimos sujetos a confirmación.

FAES comenzó a operar en 1998, con participación directa de José María Aznar, como prueban publicaciones de ese año editadas bajo el sello de la propia fundación. Desde su arranque actuó como think tank vinculado al Partido Popular, impulsando análisis y participando en las líneas estatales. 

La fundación recibió los fondos mientras Aznar era presidente de España (1996 y 2004) y siguió obteniendo financiación durante los gobiernos de José Luis Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

El 11 de noviembre de 2002 se protocolizó la fusión que dio lugar a la FAES «actual», integrando cinco entidades: Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, Fundación de Estudios Europeos, Fundación Instituto de Formación Política, Fundación Cánovas del Castillo y Fundación Popular Iberoamericana. La nueva estructura quedó inscrita en el Registro de Fundaciones por Orden ECD/195/2003 (BOE de 7 de febrero de 2003), con José María Aznar como primer presidente del Patronato.

Javier Arenas, fue su primer vicepresidente y Baudilio Tomé, Javier Fernández-Lasquetty (2004-07), Jaime García-Legaz (2007-12), y a continuación Javier Zarzalejos han asumido el rol de Secretario General. Manuel Pizarro figura como actual vicepresidente en la página oficial del Patronato mientras que Aznar se mantiene como presidente desde el primer Patronato y continúa como tal en la web oficial.

FAES recibió 21,8 millones de parte del Ministerio de Cultura y Deporte (MECD) más otros 9,3 millones de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio (MAEC), sumando un total de 31,1 millones de euros hasta 2016.

Durante el Gobierno de Aznar (1998–2004) recibió 8 237 293,94 €; con Zapatero (2005–2011): 16 705 985,74 € y con Rajoy (2012–2016): cerca de 6 212 409,76 €.

Sus programas de 1998 y 1999 se anuncian como «Gobierno, democracia y sociedad en el cambio de siglo», «Historia, economía y política en la frontera del nuevo milenio». Otros solo se anuncian públicamente como programa de actividades del año (en 2010:  2 384 973,00 € y 2011: 2 072 549,55 €.) o para «instituciones democráticas; partidos; DD. HH.; reformas; divulgación de la cooperación».

El 3 de octubre de 2016 FAES aprobó reformar sus estatutos y se declaró no vinculada a ningún partido.

Tribunal de Cuentas: menos de la mitad de las fundaciones presentan el informe de auditoría

El Tribunal de Cuentas definió en 2018 qué es una fundación política y qué es una entidad política, que se regulan en la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) y destacó las irregularidades en sus presentaciones de cuentas anuales.

«En 2018 y 2019 únicamente 18 y 16 fundaciones y entidades vinculadas o dependientes -de un total de 51 fiscalizadas- presentaron el informe de auditoría. Las fundaciones y entidades políticas están obligadas a realizar una auditoría de sus cuentas anuales y a enviar toda la documentación al Tribunal de Cuentas», señaló.

El tema siguió sin resolver en 2024. Según el BOE publicado el 27 de diciembre, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó el 22 de octubre la resolución sobre la fiscalización de las cuentas de los partidos (ejercicio 2020) y acordó:

Asumir el contenido y aprobar el informe del Tribunal de Cuentas, tomando nota de las deficiencias que limitan su representatividad; instar al Gobierno a presentar una reforma de la LO 8/2007; instar a los partidos a saneamiento patrimonial si están en negativo; publicar instrucciones internas de contratación (LO 8/2007 y LCSP), y entre otras instrucciones, adoptar sistemas de prevención de riesgos penales (art. 9 bis LO 6/2002), con identificación de actividades de riesgo y controles.

En la reforma se plantea el concepto de «donación finalista”; regular microcréditos y prohibir condonaciones de deuda; clarificar “aportaciones” vs “donaciones”; reforzar transparencia en coaliciones electorales y en el Registro de Partidos —incluida tramitación electrónica—; y aclarar como se aplicarán las normas de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OSCE/ODIHR), en su dictamen jurídico de 2017 sobre la financiación de partidos en España, advierte sobre la necesidad de «cerrar los posibles resquicios que permitan eludir la regulación», e insta a que las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos queden sujetas, «según proceda», a las mismas reglas y límites que los partidos.

La OCSE teme que estas entidades se utilicen como «vías paralelas para una financiación fraudulenta de actividades ordinarias o de campaña».