El domingo, el final de la Vuelta Ciclista a España se tiñó de caos en Madrid, no por la gloria del danés Jonas Vingegaard, sino por protestas propalestinas que dejaron más de 20 policías heridos y al Gobierno de Sánchez en el banquillo.
Lo que comenzó como protestas simbólicas contra el equipo Israel-Premier Tech —propiedad del magnate canadiense-israelí Sylvan Adams— derivó en invasiones masivas del recorrido, enfrentamientos con la Policía Nacional y una denuncia contundente del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
A las 18:00 horas aproximadamente, el pelotón neutralizado se detuvo a 56 kilómetros de la meta en la Plaza de Cibeles.
Cientos de manifestantes propalestinos irrumpieron en el Paseo de la Castellana y otras vías céntricas, lanzando vallas, banderas y objetos que obligaron a los ciclistas a abandonar sus bicicletas y subir a los vehículos de equipo.
La organización, Unipublic, decidió cancelar la etapa para evitar riesgos mayores, dejando sin celebrar la tradicional ceremonia de premios.
«Abandonados a su suerte»
El dispositivo de seguridad —compuesto por 1100 agentes de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil— fue desbordado en puntos como Atocha, Callao y la Ermita de San Antonio de la Florida.
Según fuentes policiales, esta tarde un total de 22 policías nacionales han resultado heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes violentos, en los que dos personas han sido detenidas.
«Los policías de la UIP estamos abandonados a nuestra suerte por el Ministerio del Interior», denunciaron desde el SUP en un comunicado que hicieron llegar a la redacción de The Epoch Times España.
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional expresó que «lo ocurrido hoy ha demostrado que claramente se ha buscado cortar la Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, de los ciudadanos y de la propia Policía, todo por conveniencia política».
El SUP invocó el artículo 21 de la Constitución Española —que ampara el derecho de reunión pero permite limitarlo por razones de orden público— y el artículo 558 del Código Penal, que castiga con penas de 3 a 6 meses de prisión o multas de 6 a 12 meses la perturbación grave de espectáculos deportivos.
«Ha quedado demostrado fehacientemente que el dispositivo ha sido totalmente insuficiente. Se ha atado a los Policías Nacionales de pies y manos», afirmaron, destacando imágenes de grupos de antidisturbios «totalmente rodeados» en situaciones de «riesgo intolerable».
En condiciones normales, la Vuelta nunca se hubiera cortado, según el sindicato, que reclamó un enfoque operativo por encima de intereses políticos.
¿Sánchez encendió la mecha?
Este mediodía, desde Málaga —donde participaba en un acto del PSOE—, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, tuiteó: «Vivan los derechos humanos. Viva el pueblo español».
El mensaje, acompañado de un vídeo correspondiente a un extracto de su discurso de 37 segundos, fue interpretado como un guiño a las protestas, emitido horas antes de que el pelotón entrara en Madrid.
Minutos después, la ministra de Sanidad, Mónica García, celebró en X: «El pueblo de Madrid se suma a las movilizaciones en todo el país y paraliza de forma pacífica el final de una Vuelta Ciclista que nunca debió utilizarse para blanquear el genocidio. Nuestro país vuelve a ser faro mundial en defensa de los derechos humanos. Viva Palestina libre».
Sin embargo, vídeos virales contrastaron la narrativa «pacífica» expresada por la funcionaria: en uno manifestantes lanzan objetos a policías; otro capta cómo derribaron y arrojaron vallas en Callao; otro documenta el destrozo de carteles; mientras que una filmación graba el bloqueo a la fuerza del pelotón.
Fuego cruzado
Desde la oposición acusaron a Sánchez y al Gobierno de instigar la violencia vivida en Madrid y —al igual que denuncian los sindicatos de policía— haber puesto en riesgo la integridad de los ciclistas y de los agentes.
Alberto Núñez Feijóo (PP) publicó una carta en la que denuncia «la respuesta israelí» a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero define de «ridículo internacional televisado» lo ocurrido este domingo.
Mucho más contundente ha sido Santiago Abascal (Vox), quien calificó a Sánchez como un «psicópata» que sacó sus «milicias a la calle» porque «quiere la violencia en las calles para mantener el poder».
«Le da igual Gaza. Le da igual España. Le da igual todo. Pero quiere la violencia en las calles para mantener el poder», aseguró.
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