El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dado un giro decisivo al caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En un auto fechado el 4 de noviembre, al que ha tenido acceso la agencia EFE —y otros medios de comunicación—, el magistrado no solo ha rechazado las solicitudes de archivo presentadas por la Fiscalía y las defensas de las imputadas, sino que además ha incorporado como investigada a Judit Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno.
La medida de Peinado se centra en un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación y funciones de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el Palacio de la Presidencia.
De esta forma, se amplía el radio de acción de la causa hacia el núcleo duro de la Moncloa.
Peinado avanza
La decisión de Peinado no solo mantiene viva una investigación que se inició hace más de un año y medio, sino que también la impulsa hacia un procedimiento de tribunal de jurado.
El juez considera que los indicios acumulados justifican un enjuiciamiento conjunto por múltiples delitos. Argumenta que «la prueba de ambos delitos [tráfico de influencias y malversación] está intrínsecamente unida, casi en relación de medio a fin». Esto impide fragmentar la causa en piezas separadas.
Para respaldar esta tesis, Peinado recurre a precedentes judiciales de alto perfil. El magistrado cita la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2019. En ella, se establece que «la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de caudales públicos, con independencia de que se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado».
Esta cita, extraída directamente del fallo del Supremo, sirve de pilar para imputar a González Pedraz por su rol en la autorización de pagos a Álvarez. Supuestamente, estos se desviaron hacia actividades privadas de Gómez.
La citación
La citación de González Pedraz está fijada para el 12 de noviembre, en una vistilla donde se le informará de los hechos imputados y se le tomará declaración como investigada. El auto detalla que la comparecencia permitirá «concretar la acusación respecto de la misma».
La medida obliga a las acusaciones populares —como Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa— a asistir para precisar sus argumentos.
Además, Peinado ha requerido a la Presidencia del Gobierno la entrega de las agendas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Serán analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este examen busca esclarecer si las reuniones, viajes y comunicaciones entre ambas se destinaron a fines institucionales o privados, incluyendo coincidencias en desplazamientos al extranjero. Para ello, el juez ha ordenado la entrega de pasaportes y el rastreo de más de 121 correos electrónicos ya identificados en informes previos de la UCO.
De la denuncia a la expansión
Esta no es una imputación aislada. El caso Begoña Gómez ha crecido de manera progresiva desde su origen, en abril de 2024.
Todo comenzó cuando Peinado admitió a trámite una denuncia de la organización Manos Limpias. Inicialmente, la pesquisa se centraba en presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios derivados de la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés. Este habría recibido contratos públicos por valor de 8,4 millones de euros de Red.es, una entidad dependiente del Ministerio de Transportes tras cartas de recomendación firmadas por Gómez en 2020.
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), remitido a la Fiscalía Europea, detectó «irregularidades, un potencial fraude de ley y discriminación» en esas adjudicaciones, beneficiando injustamente a la UTE vinculada a Barrabés.
El 4 de junio de 2024, Gómez fue imputada formalmente por esos dos primeros delitos.
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Con el tiempo, la causa se ha ramificado.
La expansión hacia la malversación llegó en agosto de este año, cuando Peinado imputó a Gómez y a Álvarez por este delito, relacionado con la contratación de la asesora en 2018.
Álvarez habría realizado gestiones privadas para la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), como la coordinación de un software de transformación social competitiva financiado con 100 000 euros de la institución.
Gómez habría intentado registrar el software a su nombre o al de una sociedad creada en noviembre de 2023.
En mayo de este año se incorporó como imputado Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y ex secretario general de Presidencia entre 2021 y 2023, por su rol en la supervisión de Álvarez.
El mes pasado, se sumaron dos nuevos delitos: apropiación indebida e intrusismo profesional. Ambos fueron imputados a Gómez por el uso irregular del software de la UCM.
Ahora, con González Pedraz en el punto de mira, el caso podría extenderse a más figuras administrativas, cerrando el cerco sobre la máxima figura del PSOE: el presidente Pedro Sánchez.
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