El régimen del Partido Comunista Chino salió públicamente en defensa del gobierno de Nicolás Maduro desde el inicio de la actual confrontación con el presidente Donald Trump, condenando las medidas de Estados Unidos y confirmando su respaldo a la reunión especial de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU solicitada por Venezuela para el 23 de diciembre de 2025. Moscú ya había expresado su apoyo. El gesto no es aislado ni meramente diplomático: se produce en un momento en el que Venezuela funciona como una plataforma de valor estratégico para China en el hemisferio occidental, basada no en presencia militar clásica, sino en infraestructura crítica, arquitectura de datos y apalancamiento político en un Estado debilitado y dependiente.
Washington endureció su ofensiva contra el régimen chavista —incluyendo medidas para interceptar flujos energéticos, presión diplomática y advertencias de seguridad regional— Pekín reaccionó de inmediato. La cancillería china denunció lo que calificó como «intimidación unilateral» y reiteró su oposición a cualquier acción que, según su narrativa, viole la soberanía venezolana. Días después, esa posición se tradujo en un paso concreto: el apoyo formal de China a la convocatoria de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, una señal inequívoca de alineamiento político con Caracas en el principal foro de poder global. La cita en la ONU ha sido fijada para el 23 de diciembre de 2025.
La «base» del siglo XXI: poder sin tropas ni banderas
La defensa china de Maduro no responde a afinidad ideológica con el chavismo, sino a una lógica de competencia estratégica contemporánea. En el siglo XXI, la proyección de poder ya no requiere tanques ni bases militares visibles. Se construye mediante el control o la influencia sobre los sistemas que permiten gobernar, vigilar y sostener un Estado: telecomunicaciones, datos, puertos, energía, financiamiento y plataformas digitales.
Venezuela encaja de manera casi perfecta en ese modelo. Su ubicación caribeña la conecta con rutas energéticas y logísticas clave. Su colapso institucional y su aislamiento internacional convierten al régimen en un socio dispuesto a intercambiar acceso y concesiones por respaldo político y tecnológico. En ese contexto, China no necesita dominar formalmente el territorio; le basta con insertarse en los «interruptores» que mantienen operativo al Estado.
Datos y control social
El componente más sensible de la relación sino-venezolana no se encuentra en un puerto ni en una base aérea, sino en la arquitectura de datos del régimen. Investigaciones de las agencias de Inteligencia de EE. UU. documentan que la empresa china ZTE participó en el desarrollo de la plataforma asociada al Carnet de la Patria, el sistema de identificación y distribución de beneficios sociales creado por el chavismo. Ese sistema centraliza información personal, patrones de consumo, acceso a servicios y, en la práctica, lealtades políticas.
Diversas organizaciones de derechos digitales han advertido que esta infraestructura permite condicionar derechos básicos —alimentos, subsidios, atención médica— al comportamiento político del ciudadano. Desde una perspectiva estratégica, el efecto es profundo: la población depende del sistema para sobrevivir; el régimen depende de la estabilidad tecnológica de esa plataforma; y la plataforma depende del proveedor y del know-how extranjero que la sostiene. En ese triángulo, la soberanía se vuelve funcional, no real.
Ciberespacio, censura y una línea ya cruzada
La cooperación tecnológica entre China y Venezuela dejó de ser una hipótesis cuando Estados Unidos sancionó a la empresa china CEIEC por apoyar al régimen en tareas de vigilancia digital, censura y operaciones cibernéticas contra la oposición. Aquella decisión fijó una línea clara: la asistencia tecnológica china había penetrado el núcleo de la seguridad interna venezolana.
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Ese antecedente explica en parte la reacción de Pekín ante la ofensiva de Trump. Defender a Maduro en la ONU no es solo un gesto político, sino una forma de proteger un ecosistema tecnológico en el que China ya tiene inversiones, exposición reputacional y riesgos acumulados. La caída abrupta del régimen pondría bajo escrutinio contratos, sistemas y responsabilidades que Pekín prefiere mantener fuera del foco internacional.
Telecomunicaciones: por donde circula el poder real
En el mundo contemporáneo, pocas infraestructuras son tan decisivas como las telecomunicaciones. Durante años, empresas chinas como Huawei y ZTE han mantenido vínculos estrechos con el Estado venezolano, participando en proyectos de modernización de redes y cooperación técnica con la estatal CANTV. Aunque no toda la red esté bajo control chino, la presencia en equipos, mantenimiento, interoperabilidad y financiamiento genera dependencias difíciles de revertir.
La importancia estratégica de esa relación aumenta con cada avance tecnológico. Quien participa en el núcleo de la red no solo transporta datos, sino que condiciona su seguridad, su resiliencia y su gobernanza. En un régimen bajo sanciones, esa dependencia se traduce en margen de maniobra para el proveedor externo y en vulnerabilidad estructural para el Estado anfitrión.
Espacio y doble uso
La cooperación espacial entre China y Venezuela añade otra capa a este entramado oscuro que EE. UU. busca descifrar. Los satélites venezolanos de telecomunicaciones y observación terrestre, lanzados y operados con apoyo chino, cumplen funciones civiles evidentes, pero también ofrecen capacidades relevantes para monitoreo territorial, comunicaciones seguras y continuidad operativa del Estado.
Los Estados Unidos han advertido que este tipo de cooperación puede tener usos duales, especialmente cuando se integra a sistemas estatales en contextos autoritarios. Para un régimen presionado, el espacio no es un símbolo de prestigio, sino una herramienta de supervivencia. Para China, es una forma de ampliar su huella tecnológica sin desplegar fuerzas militares.
Puertos, logística y acceso sin uniforme
En el plano físico, proyectos como la modernización de Puerto Cabello con participación de empresas chinas, refuerzan la lógica de acceso estratégico sin presencia militar formal. Un puerto no equivale a una base naval, pero sí constituye un nodo crítico de comercio, logística y gestión digital. En escenarios de crisis, estas infraestructuras se convierten en activos de negociación y puntos de influencia económica y política.
Deuda como la palanca silenciosa
Durante años, el eje financiero fue central en la relación bilateral. Los préstamos respaldados por petróleo y los esquemas de pago en crudo consolidaron una relación asimétrica. Cuando un Estado pierde acceso a los mercados internacionales, el acreedor se transforma en infraestructura política. No necesita imponer órdenes; basta con habilitar o restringir flujos para condicionar decisiones soberanas.
Aunque China ha reducido su exposición directa en Venezuela, la herencia de esa dependencia sigue pesando. La deuda, los compromisos pendientes y la memoria de rescates financieros influyen en el cálculo político del régimen y explican, en parte, la alineación automática de Caracas con Pekín en foros internacionales.
Apoyo político calculado
El respaldo chino a la reunión del Consejo de Seguridad y su defensa pública de Maduro no implican un compromiso ilimitado. Pekín actúa con pragmatismo. Apoya el discurso de soberanía y no injerencia, bloquea presiones multilaterales y ofrece oxígeno diplomático, pero evita acciones que lo arrastren a una confrontación directa con Estados Unidos. Venezuela no es un aliado ideológico; es un activo geoestratégico cuya utilidad se evalúa en términos de coste-beneficio.
La coincidencia con Rusia en este episodio refuerza esa lectura. Moscú aporta el tono más confrontacional; Pekín otorga la cobertura política y la legitimidad institucional en la ONU y en otros escenarios convenientes para empujar la escalada de la guerra silenciosa contra Occidente. Es una división de roles clásica en la competencia con Washington.
Lo que la evidencia permite afirmar
Para analistas estadounidenses, no hay duda alguna que Venezuela concentra una combinación singular de infraestructura crítica, arquitectura de datos, cooperación tecnológica, financiamiento condicionado y respaldo político chino. Ese conjunto genera un apalancamiento estratégico indirecto que refuerza la resiliencia del régimen y amplía las opciones de Pekín en el hemisferio. La influencia del gigante asiático en el país petrolero venezolano es estructural, no ocupacional; indirecta, no coercitiva.
Una soberanía cada vez más condicionada
El avance de la confrontación narrativa de Donald Trump contra Maduro —y lo que Washington asegura es una de las principales amenazas a la Seguridad Nacional de EE. UU.— conllevó que las principales potencias del planeta se sienten en el Consejo de Seguridad antes de la Navidad para medir fuerzas y advertir hasta dónde están dispuestos a llegar para buscar una solución negociada al problema. El régimen chavista depende de aliados externos para sostener su infraestructura digital, su financiamiento y su blindaje diplomático, la soberanía se redefine. En todo caso, el Estado venezolano sigue existiendo en el papel, pero deja de decidir en soledad.
En Venezuela, los interruptores clave —identidad, datos, comunicaciones y continuidad tecnológica— están atados a relaciones que trascienden lo nacional. Para ojos internos, China «controla» Venezuela, y va disminuyendo con una válvula de presión el margen que tiene el Estado venezolano para actuar sin consultar, sin depender y sin negociar su propia supervivencia.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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