OPINIÓN:
La reciente violación de una joven española de 21 años en Alcalá de Henares a manos de un inmigrante ilegal maliense de la misma edad no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg que amenaza con hundir el barco de nuestra sociedad. Este brutal ataque, perpetrado el 28 de junio de 2025 en un camino de tierra junto al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de la localidad, ha desatado una tormenta de indignación, protestas y un debate que el Gobierno y sus aliados llevan años esquivando con maestría. Pero no nos engañemos: lo ocurrido en Alcalá no es una anomalía, sino el resultado previsible de un sistema perverso y pernicioso que premia la ilegalidad, financia el terrorismo y abre las puertas de par en par a individuos de contextos belicosos, indocumentados y con intenciones que, en el mejor de los casos, desconocemos. Y aquí va la primera advertencia: si no cambiamos el rumbo, lo de Alcalá de Henares se repetirá, una y otra vez, hasta que el caos sea la norma.
Hablemos claro. España asiste a una debacle fronteriza sin precedentes, alimentada por un Gobierno que, con una mezcla de buenismo naïf y cálculo político, ha decidido que las fronteras son un concepto opcional. Miles de inmigrantes ilegales llegan cada año por tierra, mar y aire, muchos de ellos procedentes de contextos como Malí, donde la violencia étnica, el yihadismo y la inestabilidad política son el pan de cada día. Según datos de ACNUR, el 30% de los inmigrantes ilegales que han ingresado en España en el último año y medio provienen de este tipo de entornos. Y no, no son los más desfavorecidos los que llegan. Como me confidenció un alto cargo de la Policía Nacional, «ellos vienen de contextos altamente peligrosos, pero todos llegan con dinero en el bolsillo mientras otros se quedan allí para siempre». Para partir desde Malí hasta llegar a territorio español, un inmigrante necesita desembolsar como mínimo 2500 euros, una fortuna en una de las regiones más deprimidas del planeta. ¿Quiénes pueden permitírselo? No los pobres, sino la clase media y alta de esos países, los que tienen recursos para pagar a las mafias y a las células yihadistas que controlan cada paso fronterizo. Sí, han leído bien: cada patera que llega a Canarias es, a día de hoy, un cheque en blanco para el terrorismo islamista.
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El caso del violador maliense de Alcalá de Henares es un ejemplo de libro. Este individuo, de 21 años, residía en el CAED, un centro que, con sus casi 2000 ocupantes, se ha convertido en un símbolo de la incapacidad del Gobierno para gestionar la inmigración ilegal. Las cámaras de seguridad captaron cómo se abalanzó sobre su víctima, la golpeó hasta doblegarla y cometió una agresión sexual que ha dejado una herida imborrable en la joven. Gracias a esas imágenes y a pruebas de ADN, la Policía Nacional lo detuvo el 2 de julio, y el juez lo envió a prisión provisional sin fianza. Pero el daño ya está hecho y la pregunta resuena: ¿cómo llegó este sujeto hasta aquí? La respuesta es tan sencilla como escalofriante: nuestro sistema lo permitió. Entró ilegalmente, sin documentos, probablemente balbuceando un nombre y una edad inventada y el sistema le dio la bienvenida con los brazos abiertos. Porque, claro, en España basta con decir «asilo» para que te desplieguen la alfombra roja, aunque hagas el check-in hablando bambara o soninké, dialectos que el 70% de los solicitantes de asilo malienses usan y que dificultan cualquier verificación de su identidad o antecedentes. ¿Resultado? Individuos de contextos violentos, con motivaciones opacas, campan a sus anchas por nuestras ciudades.
Mientras el Gobierno y las ONG que gestionan estos flujos migratorios se llenan la boca con palabras como «solidaridad» y «derechos humanos», los ciudadanos de a pie pagan las consecuencias. El CAED de Alcalá, instalado en el antiguo acuartelamiento Primo de Rivera, no es un remanso de paz precisamente. Desde su apertura en noviembre de 2023, ha sido escenario de reyertas, un motín y agresiones sexuales. La alcaldesa de la población de 200 000 habitantes, Judith Piquet, lleva meses exigiendo su cierre, pero el Gobierno central hace oídos sordos. ¿Para qué escuchar a los vecinos cuando puedes seguir alimentando el negocio de la inmigración ilegal? Porque negocio es, no nos engañemos. Las ONG que gestionan estos centros y las mafias que traen a los inmigrantes son dos caras de la misma moneda, y el Gobierno, con su inacción, es el cajero automático que mantiene la máquina en marcha.
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Pero la cosa se pone aún más interesante. Este 2025, la ruta española se ha convertido en la favorita de nacionalidades que antes preferían Italia, fruto de los controles impuestos por Giorgia Meloni. Somalíes, pakistaníes, sirios y otras nacionalidades llegan ahora en tropel, aprovechando la laxitud de nuestras fronteras. ¿Qué tienen en común? Que acceden pagando miles de euros a traficantes, llegan sin documentos y solicitan una protección internacional que, en la mayoría de los casos, no les corresponde. Una vez dentro, el sistema les permite quedarse indefinidamente, libres para hacer lo que sea… Y cuando digo «lo que sea», me refiero a cosas como lo de Alcalá de Henares. Porque, seamos sinceros, la mayoría no vienen a integrarse y cantar kumbayá. Algunos traen consigo las dinámicas de violencia, machismo y desorden de los contextos de los que huyen y nuestro sistema, en lugar de filtrarlos, les da un pase VIP.
Lo de Alcalá no será un caso aislado. Mientras sigamos monetizando la inmigración ilegal, premiando a quienes tienen recursos para pagar a las mafias y dejando las puertas abiertas a individuos indocumentados que provienen de contextos como el del SAHEL, estos incidentes se multiplicarán. Las protestas del 4 de julio en Alcalá, donde 500 personas se enfrentaron a la policía exigiendo el cierre del CAED, son solo el principio. Los vecinos están hartos y con razón. No quieren vivir con miedo, no quieren que sus hijas caminen mirando por encima del hombro, no quieren que su ciudad se convierta en un experimento social fallido. Pero el Gobierno, en su infinita sabiduría, prefiere cargar contra los manifestantes que abordar el problema de raíz. Porque, claro, es más fácil acusar a los ciudadanos de «xenofobia» que admitir que el sistema migratorio es un coladero.
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Entonces, ¿qué hacemos? La solución no es complicada, pero requiere algo que nuestro Gobierno parece alérgico a tener: voluntad política. Primero, cerrar centros como el CAED de Alcalá y endurecer los controles fronterizos. Segundo, deportar de inmediato a quienes entren ilegalmente, sin excepciones. Tercero, revisar el sistema de asilo para que deje de ser una puerta trasera para la inmigración ilegal y descontrolada. Y cuarto, cortar de raíz el negocio de las mafias y las ONG que se lucran con este desastre. Pero no se hagan ilusiones, mientras Sánchez y sus socios sigan al mando, seguiremos atrapados en este bucle de caos, inseguridad y titulares desgarradores.
Para concluir, permítanme una dosis de sarcasmo: enhorabuena a todos los que defienden este sistema con uñas y dientes. Gracias a ustedes, las mafias y los yihadistas están haciendo el agosto, y nuestras ciudades son cada día un poquito más seguras… O no… La próxima vez que lean sobre una agresión como la de Alcalá, recuerden: no es un «incidente aislado», es el precio de un sistema que prioriza el postureo moral sobre la seguridad de los ciudadanos. Y créanme, la factura seguirá subiendo.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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