En el corazón de Carabanchel, distrito obrero del sur de Madrid, se erige el Acuartelamiento General Arteaga. Bajo su arco emblemático —con la inscripción «Todo por la Patria» grabada en piedra—, generaciones de soldados han encontrado no solo un hogar temporal, sino un símbolo de servicio y sacrificio.
En cuestión de semanas, ese portalón de hierro verde se cerrará para los militares españoles. El 15 de diciembre marca la fecha límite para que decenas de efectivos del Ejército de Tierra abandonen sus alojamientos, desahuciados por una decisión gubernamental que prioriza la acogida de inmigrantes irregulares.
El cierre definitivo, previsto para el 1 de enero de 2026, no es un simple reajuste: es el epítome de una política que, según críticos, invierte los valores nacionales.
La voz de los soldados
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) lleva meses alertando sobre esta crisis.
El 4 de agosto, un correo electrónico impersonal notificó a los afectados el desalojo inminente, dejando apenas cuatro meses para reorganizar sus vidas.
«La Administración no puede dejar a sus miembros en una situación tan precaria, sobre todo a militares que son destinados con carácter forzoso o que por proceder de los centros de formación no tienen derecho a la compensación económica por cambio de destino», declaró la ATME en un comunicado.
Esta denuncia fue respaldada por Ana Isabel Osa Santiáñez, delegada de ATME en Navarra y La Rioja, en una reunión con Vox el 20 de septiembre en Cáceres.
Los soldados enfrentan sueldos de unos 1300/1400 euros netos mensuales, insuficientes frente a alquileres en Madrid que superan los 1200 euros, mientras mantienen familias en regiones como Andalucía o Extremadura.
Una crisis habitacional para la tropa
El impacto es devastador. Decenas de militares de tropa perderán sus plazas en el Arteaga. Estos jóvenes reclutas, muchos formados en academias de Córdoba o Zaragoza, dependen de los alojamientos logísticos para cumplir destinos temporales en la capital.
La reubicación propuesta —en la Base de Pozuelo o la Residencia Logística San Fernando— es inviable: la lista de espera en San Fernando supera los tres meses, y Pozuelo no tiene plazas disponibles.
«Es fundamental que se proporcionen soluciones viables y se garantice una transición ordenada con apoyo institucional para evitar que nuestros militares queden desamparados», insiste ATME.
En Madrid, donde el 70 % de los alquileres supera el umbral de asequibilidad, esta crisis amenaza con dejar a los soldados en albergues civiles o incluso en la calle.
Una reconversión polémica
El trasfondo de este desalojo nace en 2023, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, ante el colapso en Canarias, activó el Plan de Contingencia para la Atención Humanitaria. El Arteaga, un recinto de ocho hectáreas en desuso parcial, fue transferido al Ministerio de Inclusión.
Las obras para adaptar los cuarteles General Arteaga y Primo de Rivera (este último situado en Alcalá de Henares) a un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), tuvieron un coste de 2,3 millones de euros.
El 10 de noviembre de 2023, llegaron 170 migrantes a este CETI, con una capacidad de 1220 plazas, ampliable a 1400. Desde entonces, se estima que este recinto ha acogido a miles de inmigrantes irregulares.
Prioridades invertidas
Mientras el Gobierno destina una suma millonaria para refaccionar cuartes y convertirlos en CETI, las Fuerzas Armadas padecen carencias.
«Es frustrante que no haya fondos para mantener nuestros cuarteles en buen estado, pero que de repente se encuentren millones para adaptarlos como centros de acogida», lamenta Marco Antonio Gómez, presidente de ATME en una entrevista con El Español.
Para Gómez —y muchos de sus camaradas—, el problema de fondo es la falta de recursos. Están convencidos de que sus necesidades son ignoradas en favor de prioridades políticas. «El ejército español es una de las instituciones peor retribuidas del país», sostiene.
Por lo pronto, Samuel Vázquez de Vox prometió llevar el caso al Congreso «con el objetivo de dar visibilidad a la precaria situación que vive la Escala de Tropa y Marinería, un pilar fundamental de las Fuerzas Armadas», resaltó un comunicado de ATME.
El caso del cuartel Arteaga no trata solo de un desalojo: es la manifestación de un quiebre en el pacto entre la Nación y sus guardianes. Mientras el portalón del Arteaga se cierra para los uniformados, se abre para quienes llegan en pateras.
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