En la prisión china donde Yu Xinhui pasó seis años por sus creencias, una lista secreta llenaba de terror a todos.
Una o dos veces al año, sin previo aviso, autobuses llenos de personas de esa lista eran sacados a la fuerza del pabellón de la prisión, para no regresar jamás.
Recordaba con claridad, en 2006, cómo grandes furgonetas con ventanas enrejadas, vehículos de la policía militar y ambulancias blancas aparecieron frente a la prisión mientras la policía militar inspeccionaba el recinto, piso por piso.
«¡No mires! ¡De cara a la pared! ¡Túmbate en la cama!», gritaban los guardias, recitando nombres, entre ellos los de tres de su celda. Aquellos reclusos, con aspecto afligido, se marcharon rápidamente, dejando atrás todas sus pertenencias.
El Sr. Yu, practicante de Falun Gong, —práctica de meditación contra la que el Partido Comunista Chino (PCCh) ha librado una guerra de un cuarto de siglo para erradicar de China— conocía a varios compañeros practicantes que habían desaparecido de esa manera.
«Nadie sabía cuándo sería su turno», dijo a The Epoch Times.
Un precedente legal crucial
En 2006, la sustracción forzada de órganos apenas comenzaba a ser conocida por la opinión pública. Ese mismo año, varios denunciantes se presentaron ante The Epoch Times revelando la matanza masiva de practicantes de Falun Gong en centros médicos chinos, mientras algunos investigadores iniciaban su investigación independiente.
Dos décadas después, el 15 de junio de 2024, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de Falun Gong.
«En China, si tienes el dinero, no hay lista de espera para obtener un órgano. Hay un suministro inmediato de estos órganos», declaró el principal impulsor del proyecto de ley, el representante Scott Perry (republicano por Pensilvania), en el pleno de la Cámara el 25 de junio.
El Sr. Perry calificó la medida como «una acción largamente esperada después de 25 años».
El proyecto de ley fue la primera medida legislativa estadounidense que abordó directamente la masacre de practicantes de Falun Gong a petición propia. Además de sancionar a cualquiera que participe directa o indirectamente en la sustracción forzada de órganos, conlleva sanciones civiles y penales que podrían condenar a los infractores a penas de hasta 20 años de prisión.
Momentos antes de que el Sr. Perry interviniera, su colega demócrata, el representante Greg Stanton (demócrata por Arizona), evocó el «sufrimiento inimaginable» de las víctimas al movilizarse a favor del proyecto de ley.
«Imaginen el terror y la desesperación de quienes son encarcelados por sus creencias, solo para que les sustraigan sus órganos a la fuerza», manifestó. «Esto no es solo una estadística ni un problema lejano. Se trata de personas reales: personas con familias, con sueños, que soportan un dolor y un miedo inimaginables».
Para muchos, tanto en China como en el extranjero, esta acción marcó un antes y un después.
«Es un precedente legal crucial para la protección de los derechos humanos internacionales», declaró Du Wen, quien fuera asesor de altos funcionarios chinos en asuntos legales en Mongolia Interior, a The Epoch Times. Posteriormente, el Sr. Du estuvo en prisión durante 12 años bajo cargos políticos falsos.
«Si Estados Unidos puede usar la ley para exponer los crímenes del PCCh, es muy probable que otros aliados sigan el ejemplo. Esto generará presión internacional sobre el PCCh para que cambie», afirmó.
Este acontecimiento ha enviado una señal a cualquiera que pueda estar involucrado en China en esta oscura cadena de suministro: el mundo está observando, afirmó Yuan Hongbing, jurista y disidente chino-australiano que aún mantiene estrechos vínculos con el círculo político interno de China.
Las últimas cuatro décadas de profundización de las relaciones entre Estados Unidos y China significan que la mayoría, si no todos, los funcionarios chinos tienen algo que ver con Occidente. A medida que el panorama económico y político de China se vuelve cada vez más volátil, muchos envían a sus hijos y familias al extranjero y transfieren su patrimonio fuera del país, preparándose para refugiarse en Estados Unidos si se producen crisis políticas sobre ellos o sobre el régimen.
Pero la ley, de promulgarse, significaría que «mientras cometan graves delitos contra los derechos humanos, como la sustracción forzada de órganos, no estarán seguros ni siquiera en Estados Unidos», declaró el Sr. Yuan a The Epoch Times. Podría impulsarlos a buscar otras salidas, incluyendo la exposición de los detalles de los «crímenes de lesa humanidad» del régimen y la reparación de sus transgresiones, añadió.
Ahora le toca al Senado y al presidente aprobar el proyecto de ley y promulgarlo.
Tus órganos son lo mejor
En una población de aproximadamente 1400 millones de personas, los practicantes de Falun Gong constituyen una comunidad considerable. Aproximadamente uno de cada 13 chinos practicaba esta disciplina meditativa cuando comenzó la despiadada persecución contra ellos en 1999.
Los practicantes se esfuerzan por alinearse con los valores fundamentales de verdad, compasión y tolerancia, y ejercitan sus cuerpos para mantenerse en forma. Pero su gran número, así como su estilo de vida saludable y tranquilo, también los hace vulnerables. El régimen ve en ellos un blanco fácil para alimentar la maquinaria industrializada de sustracción de órganos.
Incluso hace 18 años, en la prisión china, el asunto ya era un secreto a voces en torno al Sr. Yu.
«No te opongas al partido comunista», le dijo una vez un médico de la prisión, que simpatizaba con el Sr. Yu por compartir su ciudad natal. «Haz lo que te ordena. De lo contrario, ni siquiera sabrás cómo morirás. Cuando suceda, ni siquiera sabrás adónde te extraerán el corazón, el hígado, el bazo y los pulmones».
«Tus órganos son lo mejor», le dijo el médico, y después añadió: los practicantes de Falun Gong, «suelen ejercitar sus cuerpos cuando están sanos, así que, por supuesto, sus órganos también lo están. Entonces, ¿crees que preferiríamos elegirte a ti o a estos otros presos?».
Dar a conocer la historia al mundo no ha sido fácil. Una de las dos primeras personas en hablar fue «Annie». Usando un alias para proteger su identidad, Annie declaró a The Epoch Times en marzo de 2006 que su exmarido, neurocirujano, había extraído córneas de practicantes de Falun Gong. Se enteró porque él tenía «horribles pesadillas y se despertaba gritando aterrorizado». Después de que The Epoch Times publicara la historia de Annie, ella declaró que unos agresores intentaron matar a su exmarido.
Peter, un periodista de investigación chino residente en Japón, habló con The Epoch Times ese mismo mes, compartiendo detalles sobre un centro de detención en Sujiatun donde se sustraían órganos. Peter recibió llamadas anónimas amenazantes que le pedían que minimizara el asunto.
A medida que surgían historias como estas y los investigadores comenzaban a recopilar pruebas, el régimen chino implementó cambios superficiales para intentar mitigar la presión externa. En apariencia, el régimen estableció un sistema de donación de órganos en 2015 y prometió dejar de extraer órganos de presos ejecutados, quienes, según Pekín, eran la fuente de su vasta reserva de órganos disponibles.
Sin embargo, los investigadores no han encontrado pruebas de que los abusos hayan cesado. Un análisis de 2019 de los datos de donación de órganos de China halló pruebas contundentes de que los datos estaban falsificados. Ese mismo año, el Tribunal de China, con sede en Londres, tras 12 meses de investigación, concluyó que los atroces abusos seguían ocurriendo a gran escala. Se sabe que los uigures musulmanes en Xinjiang y los cristianos de la iglesia doméstica [cristianos que se tienen que ocultar en sus casas para practicar su fe], que también son perseguidos por su fe, también son víctimas de la sustracción forzada de órganos por parte del PCCh, aunque a menor escala.
«La sustracción forzada de órganos es de una maldad sin igual, incluso comparada, en una escala de muerte por muerte, con las matanzas perpetradas por crímenes masivos en el último siglo», declaró el presidente del tribunal, Sir Geoffrey Nice, en la sentencia.
Impulso a nivel estatal
Caroline Harris Dávila, representante de primer año en la legislatura de Texas, era miembro del personal del Senado estatal cuando se emitió el fallo del tribunal. Leer los testimonios la llenó de horror y de ganas de «hacer algo para demostrar que esto no está bien», declaró a The Epoch Times.
El problema no está tan lejos. Su amiga conoce personalmente a alguien cuyos familiares desaparecieron en China por practicar Falun Gong.
Para ellos, «era algo común que un familiar o amigo despareciera un día para nunca más saber qué había pasado», indicó.
Cuando el Dr. Tom Oliverson, médico y presidente del Comité de Seguros de la Cámara de Representantes del estado, comenzó a elaborar un proyecto de ley para prohibir que los fondos estatales de seguros médicos financiaran cirugías de trasplantes de órganos provenientes de China, ella se apuntó rápidamente. La legislación fue aprobada por unanimidad en la legislatura y se convirtió en ley en junio de 2023.
A partir de ahí, el ritmo del cambio se aceleró.
Dos estados más, Utah e Idaho, han seguido el mismo camino, impulsados por State Armor, un grupo de defensa que presiona para lograr cambios en las políticas públicas para «contrarrestar la amenaza de la China comunista». Un cuarto estado, Arizona, estuvo a punto de aprobar la medida si no fuera por el veto del gobernador, mientras que Missouri también propuso iniciativas similares.
Michael Lucci, fundador de State Armor y originario del distrito de la Sra. Harris Davila, atribuyó a Texas el modelo que, según él, cada estado debería seguir.
«Creo que estaba copiando el texto del proyecto de ley incluso antes de que el gobernador lo firmara», declaró el Sr. Lucci a The Epoch Times. «Los 50 estados podrían hacer algo con este proyecto de ley; tendría sentido en todas partes».
Habló justo antes de entrar a una reunión con legisladores en Ohio. Empezó tarde, ya que acababa de fundar la organización en enero, y lleva tiempo «educar» sobre este tema, del que muchos funcionarios electos tienen poco conocimiento previo, afirmó.
«En 2025, apuesto a que 10 estados aprobarán este proyecto de ley».
Algo tiene que pasar
El régimen nunca ha cejado en sus esfuerzos por silenciar el debate sobre el tema. En 2008, mientras el abogado canadiense de derechos humanos David Matas pronunciaba discursos públicos sobre su investigación de los abusos, un hombre que hablaba chino y se identificó como policía lo interrogó durante una sesión de preguntas y respuestas en directo para amenazarlo: «¿Tienes miedo a la muerte? Estás interfiriendo brutalmente en las políticas internas de nuestro Partido».
En los últimos años, estas arremetidas se han transformado en algo menos visible: presión diplomática sobre legisladores que adoptan una postura, coerción económica hacia empresas e instituciones académicas, uso de estudiantes chinos como arma y la construcción de incursiones en la comunidad médica.
«Es pura bravuconería. Y así es como China manipula a la gente, a otros estados y países», declaró a The Epoch Times la representante estatal de Utah, Candice Pierucci, quien contribuyó a la aprobación unánime de un proyecto de ley contra la sustracción forzada de órganos en su estado. «Francamente, no me importa lo que digan ni lo que vayan a hacer; esto es lo correcto».
Calificó al régimen de «sordo» por intentar «intimidar» a los políticos para que no actúen.
«Se están pasando de la raya», exclamó. «Deberían ser ellos quienes se disculpen». Muchos legisladores en estados que han actuado en relación con el proyecto de ley o lo están considerando expresaron su incredulidad ante la posibilidad de que tales crímenes sigan ocurriendo en el siglo XXI.
El principal promotor del proyecto de ley en Idaho, Jordan Redman, estaba investigando la sustracción forzada de órganos justo cuando Shen Yun Performing Arts se encontraba en la ciudad. El espectáculo de danza, que presenta escenas de la China tradicional anterior al comunismo, también incluyó un segmento de la China actual, que retrata una tragedia familiar a raíz de la sustracción forzada de órganos.
Durante el intermedio, el Sr. Redman recibió un bombardeo de preguntas de sus dos hijos, de 9 y 11 años, quienes, según él, luchaban por asimilar semejante «pura maldad».
«Es un poco alucinante pensar que eso pudiera suceder, y que todavía sucede hoy en día», declaró a The Epoch Times. Pero está viendo un gran apoyo para cambiar esto, tanto a nivel estatal como nacional.
«Lo más difícil es simplemente ayudar a la gente a entender que esto es algo real», dijo, «pero una vez que sucede, es difícil darle la espalda; entonces, algo tiene que suceder».
La luz del sol
Los supervivientes y quienes conocen el historial de derechos humanos del régimen en China han estado esperando un cambio.
Zhang Guoliang, practicante de Falun Gong y capitán de United Airlines, pasó cuatro años en una cárcel china debido a su fe.
«Todas las personas detenidas y perseguidas por el PCCh pueden ser víctimas de la sustracción forzada de órganos», declaró el Sr. Zhang a The Epoch Times. «Esto lo dicta el sistema del PCCh: mientras el sistema siga funcionando, nadie dentro puede sentirse seguro».
Aunque muchas pruebas siguen siendo anecdóticas debido a la opacidad del sistema chino, el proyecto de ley de la Cámara, que incluye una cláusula sobre la investigación del asunto en China, podría permitir a Estados Unidos obtener más datos a nivel gubernamental y animar a más personas que han permanecido en silencio debido a la presión a denunciar.
El Sr. Yu aún está atormentado por su experiencia en prisión y los practicantes desaparecidos. Como muchos otros detenidos, fue sometido a múltiples análisis de sangre y otros controles de salud en prisión, pero nunca recibió los resultados. Más tarde se enteró de lo cerca que estuvo de morir.
Su padre es un alto oficial militar en Guangzhou. Cuando el Sr. Yu salió de prisión en 2007, su padre le contó que un guardia de la prisión le había dicho: «Tu hijo solo sobrevivió gracias a sus conexiones militares».
El Sr. Yu ahora se centra en ayudar a los demás. Para sus hermanos en China, cuyas vidas aún están en juego, exponer la «horrenda» crueldad a la luz pública es en sí mismo una capa de protección, afirmó.
Espera que la Ley de Protección de Falun Gong, tras ser aprobada en la Cámara de Representantes, se tramite rápidamente también en el Senado y luego sea promulgada por el presidente.
«Es una ley que puede salvar vidas», afirmó.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «Congress Could Help Turn Tide Against Forced Organ Harvesting in China, Say Advocates»
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