Los documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluidos en el caso United States v. Nicolás Maduro Moros et al. (2020 y actualizaciones hasta 2025), describen al cartel de los Soles como una organización jerárquica y sofisticada, liderada por Nicolás Maduro y reforzada por figuras clave como Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. La red incluye altos mandos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), encargados de proteger los envíos de cocaína, así como facilitadores de lavado de dinero, responsables de blanquear las ganancias ilícitas producto de sobornos, contratos estatales irregulares y criptomonedas. Según el DOJ, estas operaciones no solo consolidan el poder interno del régimen, sino que también convierten a Venezuela en un punto neurálgico del narcotráfico internacional.
La ofensiva comenzó con el marco legal. La Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico) de 2000 otorgó al Departamento del Tesoro la autoridad para congelar activos de narcotraficantes globales y sus redes de apoyo. Un año después, la USA PATRIOT Act (la Ley Patriota de los Estados Unidos) de 2001, introdujo una herramienta aún más potente: el estatuto de «narcoterrorismo» (21U.S.C.§960a). Esta ley no solo criminaliza el tráfico de drogas, sino que lo eleva al nivel de terrorismo cuando se demuestra que beneficia a grupos designados como terroristas, como las FARC de Colombia, una conexión central en las acusaciones contra los líderes venezolanos.
Las sanciones silenciosas
Antes de las grandes acusaciones, los organismos de control financiero de EE. UU. comenzaron a señalar a los militares venezolanos. En 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó a altos mandos militares como Ramón Emilio Rodríguez Chacín, Henry de Jesús Rangel Silva y Hugo Carvajal Barrios, bajo la Ley Kingpin, por apoyar a las FARC. Esta acción fue el primer reconocimiento formal por parte de EE. UU. de que los militares venezolanos de alto rango estaban involucrados en el narcotráfico.
A partir de 2015, la estrategia se hizo pública y visible. Una serie de Órdenes Ejecutivas (EO) del presidente de EE. UU., comenzó a asfixiar la economía del Gobierno venezolano, no de manera aleatoria, sino con el fin de cortar las fuentes de financiamiento del cartel de los Soles.
EO 13692 (2015): inició las sanciones, declarando una «emergencia nacional» por la corrupción y la violación de derechos humanos en Venezuela.
EO 13808 (2017) y EO 13850 (2018): bloquearon transacciones con la deuda venezolana y sancionaron sectores clave como el oro y el petróleo (PDVSA). Estas acciones fueron diseñadas para impactar directamente a las redes de lavado de dinero que usaban activos estatales.
EO 13827 (2018): prohibió las transacciones con la criptomoneda Petro, anticipándose a una de las vías que la élite venezolana usaba para evadir las sanciones y ocultar ganancias ilícitas.
La acusación que desnudó a un gobierno entero
El golpe más contundente llegó el 26 de marzo de 2020, con la acusación emanada desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso United States v. Nicolás Maduro Moros et al. (S3 11 Cr. 205). La acusación no sólo formalizó el nombre «Cartel de los Soles», sino que lo presentó como una organización criminal con una jerarquía clara, al tiempo que se ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro.
El documento del Departamento de Justicia (DOJ) incluye un organigrama que ilustra la estructura del cartel. En la cima, como «jefe supremo», aparece Nicolás Maduro Moros. A su lado, como colíderes, se ubican Diosdado Cabello Rondón y Tareck El Aissami.
La demanda criminal federal de 2020 acusó a un total de 14 personas —en su mayoría altos funcionarios y militares— de ser parte del cártel de los Soles. Ellos son, a saber:
Nicolás Maduro Moros
Diosdado Cabello Rondón
Hugo Armando Carvajal Barrios
Clíver Antonio Alcalá Cordones
Tareck Zaidan El Aissami Maddah
Luis Alfredo Motta Domínguez
Néstor Luis Reverol Torres
Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez
Rafael Antonio Villasana Fernández
Edylberto José Molina Molina
José Adelino Ornelas Ferreira
Vladimir Padrino López
Maikel José Moreno Pérez
Carlos Eduardo Vivas Acevedo
El organigrama se ramifica en dos alas operativas: la militar y la financiera. El ala militar, a cargo de la protección de los cargamentos de cocaína, incluye a figuras de altísimo rango en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres. El ala de «lavadores» se encarga de blanquear las multimillonarias ganancias a través de redes de corrupción y evasión de sanciones, con figuras como Maikel José Moreno Pérez y Luis Alberto Motta Domínguez.
Testimonios fundamentales
Más allá de los documentos y las sanciones, la columna vertebral de la investigación son evidencias duras y los testimonios de exsocios y colaboradores que han accedido a cooperar con las autoridades estadounidenses.
Leamsy Salazar, el testigo clave
El testimonio de Leamsy Salazar se convirtió en la evidencia más sólida contra el círculo más cercano del poder en Venezuela. Exjefe de seguridad de Hugo Chávez y, más tarde, de Diosdado Cabello, Salazar ocupó una posición privilegiada que le permitió observar de primera mano las operaciones de narcotráfico del régimen. Al acogerse a un programa de testigos protegidos, su declaración detalla con precisión las rutas, los cómplices y la estructura interna del cártel de los Soles, lo que constituye la base central de la acusación que enfrenta la cúpula chavista en Estados Unidos.
Carlos Orense Azócar: este supuesto empresario venezolano, considerado un «facilitador» clave, es acusado de usar sus empresas de transporte marítimo para ayudar al cartel de los Soles a mover grandes cargamentos de cocaína. Su caso es vital porque demuestra cómo la red se extiende más allá del círculo militar e involucra a civiles en operaciones de lavado de dinero y logística. Fue hallado culpable de delitos de narcotráfico y será sentenciado el 8 de octubre de 2025 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Yazenky Lamas, el piloto de Cilia Flores: en 2015, Yazenky Lamas, un expiloto de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fue detenido en Estados Unidos. Lamas está acusado de conspiración para el narcotráfico y se le considera «el piloto del cartel». Su caso es significativo porque su testimonio vincula directamente el tráfico de drogas con la familia presidencial y demuestra el nivel de penetración del cártel en las esferas más altas del poder.
Germán Fernando Pérez Pinto («El Profe»): este informante colombiano testificó contra la élite venezolana. Su testimonio detalló cómo los funcionarios venezolanos coordinan directamente el tráfico de drogas a gran escala, lo que incluye el cobro de sobornos a cambio de permisos para que la cocaína transite por el país sin ser detectada.
El primer aviso: el juicio de «El Chapo»
El alcance de la investigación estadounidense se hizo evidente al mundo durante el juicio de Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2018. En medio de un testimonio, el exnarco colombiano, Álex Cifuentes, afirmó que «El Chapo» entregó un soborno de 100 millones de dólares 884 millones de euros) a Hugo Chávez Frías, a través de intermediarios.
Aunque el gobierno venezolano negó las acusaciones, la mención de su líder fallecido en un juicio tan mediático y con la presencia de fiscales de EE. UU., fue una de las primeras señales públicas del interés de la justicia estadounidense por la conexión entre el narcotráfico y el Gobierno venezolano.
La prueba definitiva: culpables confesos
La credibilidad de la investigación se confirma con los resultados judiciales. El 30 de marzo de 2023, el exgeneral, Clíver Alcalá Cordones, se declaró culpable de cargos de narcoterrorismo y confesó su cooperación con las FARC. Su declaración es una prueba tangible que valida las acusaciones contra el cártel.
Pero la evidencia más contundente hasta la fecha provino de uno de los hombres más cercanos a la cúpula: Hugo Armando Carvajal Barrios («El Pollo»). Extraditado desde España en julio de 2023, Carvajal se declaró culpable de los cuatro cargos que se le imputaban, entre ellos narcoterrorismo y conspiración. Su sentencia, programada para el 29 de octubre de 2025, es la culminación de un caso que demuestra la infiltración del narcotráfico en la inteligencia y las fuerzas militares venezolanas. Su colaboración y su admisión de culpabilidad no solo sellan su destino, sino que fortalecen el caso contra el resto de la cúpula del cártel de los Soles.
La evidencia es abrumadora: un organigrama, acusaciones formales, testimonios de colaboradores y, ahora, admisiones de culpabilidad de altos mandos. El cartel de los Soles fue investigado, expuesto y ahora formalmente designado como una amenaza global por los Estados Unidos. Ya no es una simple etiqueta, sino un caso judicial en curso que reescribe la historia del crimen organizado en América Latina.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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