En 2020, España, al igual que muchos países del mundo, se vio asaltada por la crisis sanitaria global provocada por el COVID-19. Al inicio de la pandemia, el país no contaba con reservas suficientes de material médico esencial como mascarillas, trajes de protección, respiradores y otros suministros vitales. Esto generó una urgente necesidad de adquirir estos productos para abastecer los hospitales, que se encontraban desbordados por el virus, causando el colapso del sistema sanitario.
El ministro de Sanidad en ese momento, Salvador Illa, actualmente presidente de la Generalidad de Cataluña, fue una figura clave en la gestión de la crisis sanitaria. Como ministro, Illa tuvo que tomar decisiones cruciales relacionadas con el confinamiento, las medidas de prevención, la distribución del material sanitario, y diversas negociaciones.
El Caso Travis y el ascenso de «Chili»
Recientemente, se han conocido detalles de una figura empresarial importante en la crisis sanitaria, una mujer de origen chino conocida en los círculos gubernamentales como Xi Li o «Chili». Esta persona, cuyo presunto nombre real sería Xiaojuan Li, fue quien dirigió las empresas HongKong Travis Asia Limited, y Hangzhou Ruining Trading, las cuales rubricaron contratos millonarios a dedo con el Ministerio de Sanidad durante la gestión de Salvador Illa, alcanzando un total de 361 millones de euros, como reportan varios medios de comunicación. Según las investigaciones, las mascarillas entregadas a España por estas empresas eran de baja calidad y llegaron tarde.
La información sobre «Chili» y su implicación en este entramado se obtuvo a través de grabaciones recogidas durante la investigación del Caso Koldo, las cuales revelaron conversaciones entre el exministro de Sanidad, Salvador Illa, y la presunta empresaria, mediante la aplicación de teléfonos inteligentes Signal. Estas grabaciones sugieren un vínculo directo y continuo entre ambos, sin que se realizara la verificación adecuada sobre la calidad y el origen ético de los productos adquiridos.
Este entramado dio lugar a la investigación judicial conocida como el Caso Travis.
La otra cara de la historia
Hasta ahora, no se ha hablado en los medios de comunicación sobre la otra cara de esta historia. Según una fuente confiable, un antiguo colega de nuestro informador, que trabajaba con el Ministerio de justicia de China, originario de Zhejiang, renunció a su puesto en el ministerio para cofundar una empresa de kits de pruebas de antígenos en Hangzhou, que también producían y exportaban otros suministros relacionados con la pandemia.
Esta empresa, al igual que muchas otras, experimentaron un crecimiento significativo, debido al apoyo directo de altos cargos del Partido Comunista Chino (PCCh), lo que permitió que obtuvieran grandes contratos con Europa. Sin embargo, el mercado de material sanitario estaba estrictamente controlado por las familias de la élite del PCCh, los grupos de interés, formando una cadena de beneficios cerrada que involucraba a élites políticas, empresas de guante blanco, y canales en el extranjero.
El fraude en la producción y exportación
Según mi fuente, los productos médicos fabricados en China no cumplían con los estándares internacionales de calidad, y muchos de ellos no contaban con una certificación C E auténtica. En las primeras etapas de la pandemia, los productos exportados a Europa carecían de las certificaciones oficiales necesarias y, en su lugar, se utilizaban certificados falsificados.
Explotaban la falta de control jurídico derivada de la «confianza procedimental» entre los responsables de ciertos países europeos: al recibir un certificado, lo aprobaban automáticamente sin verificar su autenticidad. Si surgía algún inconveniente, recurrían a sus conexiones personales con altos funcionarios europeos, invocando razones como «respuesta de emergencia» o «asistencia humanitaria» para silenciar las preocupaciones y evitar que se realizaran investigaciones.
La operadora con conexiones globales en el momento clave
Una figura clave en este entramado fue Zhao Baige, miembro del Comité Permanente y vicepresidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la XII Asamblea Popular Nacional, con un doctorado en Biomedicina por la Universidad de Cambridge. Fue Directora del Centro Colaborador de la OMS para el desarrollo de nuevos fármacos, del Centro de Desarrollo de Ciencias de la Vida y Tecnología (EE. UU.) y de la Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología de China. Entre 2011 y 2014, fue vicepresidenta ejecutiva de la Cruz Roja de China, y en 2013, vicepresidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Posteriormente, asumió altas responsabilidades en asuntos como los BRICS, el cambio climático y la planificación familiar.
Según mi fuente, Zhao utilizó su estatus y conexiones para crear empresas de suministros médicos. Aprovechando su posición, ella y su círculo cercano lograron grandes pedidos internacionales, inflando masivamente los precios y obteniendo enormes beneficios. Además, podría haber estado detrás de una orden informal dirigida a la comunidad china en España, transmitida desde embajadas y consulados, para adquirir de forma masiva las existencias de mascarillas en farmacias bajo el pretexto de enviarlas a familiares en China, contribuyendo así al colapso inicial del sistema farmacéutico español.
El trabajo forzado y la «fábrica pandémica»
Mi fuente, que estuvo en prisión durante este tiempo, fue testigo de la transformación completa del sistema penitenciario chino en una «fábrica pandémica». Asegura que la gran mayoría de las mascarillas y el material de protección exportado a Europa fueron fabricados por presos que trabajaban 24/7 en varias prisiones. Los reclusos más débiles sufrieron episodios de desmayos e incluso algunos murieron en la línea de producción. Todo esto fue posible porque el excolega del ministerio de mi fuente, movilizó a sus antiguos contactos dentro del ministerio, y consiguió coordinar 27 prisiones en todo el país para que se encargaran del procesamiento de estos suministros médicos.
La legislación china sobre suministros de protección médica, indica que deben fabricarse en instalaciones profesionales, con entornos totalmente esterilizados. Sin embargo, las prisiones, al estar fuera del ámbito de supervisión legal, no estaban reguladas. Si a esto se le añade que el coste mensual de la mano de obra de un recluso era inferior a 20 euros, convirtieron a las prisiones, en los principales puntos de subcontratación. En una ocasión, mi fuente le preguntó a un guardia de la prisión: «Esto no cumple en absoluto las normas de higiene. ¿Cómo se puede producir en un taller de confección normal?». Él se rió y respondió: «Todo esto se exporta al extranjero. No pasa nada por engañarlos. «Los pedidos vienen de jefes del sur y pagan rápido».
¿Complicidad indirecta en la explotación laboral durante la pandemia?
Las empresas e instituciones públicas en Occidente están comprometidas con el origen ético de las materias primas que utilizan para fabricar sus productos. De hecho, muchos productos que podemos encontrar en tiendas, vienen con información que «garantiza» el origen ético del género. Sin embargo, como hemos podido observar, incluso esas informaciones pueden ser falsificadas. Esto nos lleva a pensar que no solo se gestionaron mal las adquisiciones en España, con la adjudicación de grandes cantidades de dinero sin ningún control, recibiendo productos certificados con el C E, sino que, además, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, confió en esta presunta empresaria y no estableció ningún tipo de control sobre el origen ético del material comprado con dinero público.
Además, las mascarillas defectuosas que fueron inicialmente enviadas a los centros médicos en España, y que más tarde fueron retiradas por no cumplir con los requisitos establecidos, fueron un riesgo crítico en la lucha contra la pandemia. Su baja calidad y la falta de control sanitario, podrían haber generado un falso sentido de seguridad. El uso de mascarillas de mala calidad podría haber contribuido a la propagación del virus, al no proporcionar la protección adecuada.
A esto se suma que la manipulación de estos productos en condiciones de fabricación paupérrima, plantea una grave preocupación. Es posible, que muchas de estas mascarillas, y otros equipos de protección, estuvieran contaminados en el momento de su fabricación, lo que habría incrementado los riesgos para los trabajadores sanitarios y pacientes que las utilizaron, empeorando así la crisis sanitaria. La falta de estándares adecuados, y la presunta complicidad indirecta de quienes autorizaron su distribución, contribuyó a una situación que podría haber agravado la propagación.
La total falta de diligencia administrativa, y ausencia de verificación adecuada en el proceso de adquisición de material sanitario, contribuyó indirectamente a la presunta complicidad en prácticas de explotación laboral, permitiendo que productos fabricados en condiciones inhumanas llegaran a España. Esta falta de control convierte al Ministerio de Sanidad, cuando menos, en responsable de una presunta complicidad indirecta. Como consecuencia, varias personas murieron bajo condiciones de trabajo extremas a las que fueron sometidos los empleados en las cárceles-fábricas que producían estos productos, víctimas de explotación laboral.
Reflexión sobre la relación con el PCCh
La sociedad y el mundo político occidental, debe concienciarse con el hecho de que no se puede hacer negocios con el Partido Comunista Chino, ya que su régimen, está marcado por un historial documentado de violaciones de derechos humanos y explotación laboral. Hacer negocios con el PCCh, es arriesgarse a colaborar con prácticas inhumanas que, en muchos casos, afectan al mercado global. Las prácticas de trabajo forzado, y falta de regulaciones en la fabricación de productos que podrían llegar a poner en riesgo la salud de los consumidores, como se ha evidenciado, son solo un ejemplo de las múltiples infracciones cometidas por el PCCh.
Occidente debe empezar a cancelar los acuerdos comerciales con el PCCh, ya que no es la primera vez que tenemos conocimiento de violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores, desplazamientos forzosos y otras lamentables situaciones que, en Occidente, están protegidas por la ley.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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