Con poco más del 50 por ciento de los votos, el Pleno del Congreso ha dado este martes su apoyo a una iniciativa de los grupos Republicano, Plurinacional Sumar y Mixto, para tramitar en las Cámaras una Proposición de Ley que permita el embargo al comercio de armas con Israel.
La proposición pide reformar la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Fue tomada en consideración el 21 de mayo por 176 votos a favor y 171 en contra, informó el Congreso. Según el reglamento, se espera que la Mesa de la Cámara acuerde su envío a la Comisión competente y se de apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas. La proposición seguirá el trámite previsto para los proyectos de ley, correspondiendo a uno de los proponentes o a un Diputado del Grupo autor de la iniciativa la presentación de la misma ante el Pleno.
El embargo se plantea contra aquellos Estados que «hayan sido demandados ante un Tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España», mencionando «crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país».
La Proposición de Ley, dice que el objetivo es «prevenir que las armas convencionales lleguen a manos de actores que puedan usarlas para perpetrar atrocidades o desestabilizar regiones enteras, como sucede actualmente en la Franja de Gaza, en la frontera de Israel con el Líbano y en otros lugares de la región de Oriente Medio».
El grupo parlamentario menciona que contra Israel fueron emitidas medidas cautelares de parte de la Corte Internacional de Justicia por una posible comisión de un crimen de genocidio contra el pueblo palestino.
Israel mantiene una guerra con Hamas desde las 8:25 del 7 de octubre de 2023, cuando en un ataque sorpresa, más de 1000 terroristas entraron al territorio israelí atacando a la población desprevenida mientras desde Gaza se lanzaban miles de misiles. En las primeras horas, cuando Israel no recuperaba todos los cuerpos de las víctimas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron más 900 muertes, que luego aumentaron a alrededor de 1200; más de 2600 heridos; y 30 personas tomadas como rehenes, que luego se supo que eran más de 200, incluyendo ancianos y niños. Hamas lanzó más de 4500 misiles en 48 horas, según la FDI.
La Proposición de Ley también menciona el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), adoptado en 2013 por la Asamblea General de la ONU (AGNU), que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. Fue firmado por 130 países y ratificado por 110 estados, entre ellos España. Según los parlamentarios el TCA establece un marco legal internacional que obliga a los Estados que lo han ratificado a evaluar sus exportaciones de armas para que se aseguren de que no serán utilizadas para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos.
En ese sentido, el TCA exige a los Estados que se abstengan de realizar cualquier tipo de transferencia de armas si existe un riesgo predominante de que sean utilizadas para socavar la paz y la seguridad internacional».
Como argumento para el embargo, también cita que a nivel internacional, «la Organización de Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, tiene la autoridad para imponer embargos de armas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que trata sobre «Acción en Caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión».
Estos embargos son una herramienta crucial en la política internacional para restaurar la paz y limitar el poder militar de aquellos Estados o conjunto de Estados que pudieran estar incurriendo en la comisión de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad u otras graves vulneraciones de derechos humanos, señala la proposición.
Al mencionar el Consejo de Seguridad, cabe destacar que entre sus cinco miembros permanentes están presentes China y Rusia. China, un régimen totalitario, está acusada por presunto genocidio contra los uigures y por los crímenes de sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong, de acuerdo a una resolución emitida por el Tribunal de China en Londres. Por su parte, Rusia invadió Ucrania. El Consejo de Seguridad incluye otros 10 miembros no permanentes entre los que frecuentemente participan países de regímenes totalitarios.
La iniciativa recibió el apoyo de PSOE, PNV, EH Bildu, BNG y Junts y la oposición de PP y Vox, indicó la agencia EFE.
Durante el debate en el Congreso, alrededor de medio millar de personas se habían concentrado en la puerta del Congreso para exigir ese embargo de armas a Israel, entre ellos miembros de Podemos y ERC, según la agencia.
Gerardo Pisarello de Podemos, en nombre del grupo de Sumar, defendió la iniciativa reprochando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que por los puertos españoles siguan pasando armas con destino a ese Israle, lo que también sostuvo la diputada de Podemos Martina Velarde.
Pisarello afirmó que desde España se facilita la exportación de armas y que sigue habiendo vínculos con empresas que afirman haber probado en Palestina material de combate que posteriormente comercializan. También señaló que la aprobación de la reforma de la ley puede ser un precedente para Francia, Alemania y otros países europeos.
La diputada socialista Caridad Rives manifestó el compromiso de Sánchez y del PSOE con Palestina y su rechazo a la guerra en Gaza.
El diputado popular Pablo Hispán declaró que la Proposición es la «última emboscada» entre los socios del Gobierno, añadiendo que es un «pastiche jurídico que destila un rancio antisemitismo». También preguntó por qué España sigue comprando gas a Rusia, a lo que debería «poner fin», y ha instado a los partidos de izquierda a que «dejen de usar el sufrimiento en el Medio Oriente por intereses políticos».
Alberto Asarta, diputado de Vox, calificó la iniciativa como un «sesgo totalitario» y advirtió que el embargo puede afectar a la operatividad de las fuerzas de seguridad, a los proyectos de defensa en marcha y a las cuentas de las empresas.
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