El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que ofrece una cobertura pública para afrontar eventuales impagos de rentas en contratos de alquiler de vivienda. Se trata de un aval, gestionado por las comunidades autónomas, al que podrán acogerse los arrendadores que firmen contratos con personas menores de 35 años o con personas clasificadas como vulnerables.
Para acceder a este aval, los propietarios deberán ajustar la renta al índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria (y sus actualizaciones) y formalizar un compromiso específico sobre la aplicación del aval en el contrato, según informó la Moncloa el 9 de diciembre.
Las compensaciones podrán cubrir impagos de renta, así como otros costes derivados, como daños en la vivienda o suministros pendientes de pago, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Vivienda.
La cobertura se aplicará únicamente a los impagos y daños que se produzcan en contratos vigentes el 30 de enero de 2025.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, valoró positivamente la medida en declaraciones recogidas por EFE este martes. A su juicio, el real decreto mejorará las condiciones de acceso al alquiler, especialmente para los jóvenes, porque «ahora será el Gobierno español quien asuma el coste de los impagos», lo que «dará más seguridad y más garantías a los pequeños propietarios, que ponen más de 400 000 pisos en alquiler en Cataluña».
Alquiler Seguro: «No beneficia a la mayoría de propietarios»
El consejero delegado de Alquiler Seguro, David Caraballo, sostiene que el Gobierno ha aprobado una medida que, en su opinión, resulta «inútil» debido a las limitaciones de su alcance y a «la desprotección de los propietarios». Afirma que es «ineficaz y no beneficia a la mayoría de propietarios».
«Mientras se prohíbe el desahucio de los inquilinos vulnerables, no se impulsa un verdadero sistema de avales público que cubra a todos los arrendadores y que les ofrezca verdaderas garantías frente a impagos y morosidad», dijo Caraballo en declaraciones a El Economista.
Además, advierte que, dado que el valor del arriendo no puede rebasar el índice de referencia, la mayor parte de los contratos queda fuera, ya que muchos se sitúan por encima de esos umbrales.
A esto se suma que los contratos que podrán adherirse al mecanismo serán únicamente los que estén en vigor a 30 de enero de 2025. Caraballo cuestiona: «¿Qué pasa si el inquilino se niega a suscribir el compromiso relativo al aval del alquiler?».
En su opinión, el Gobierno sigue apostando por medidas que «ahondan en la asimetría entre arrendadores y arrendatarios», un requisito que —insiste— «limita su alcance e impide acceder a esta ayuda a la práctica totalidad de los propietarios que están sufriendo impagos».
OCU: Las comunidades autónomas deberán adelantar los recursos
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coincide en que una de las limitaciones del sistema es que solo se aplica a contratos vigentes el 30 de enero de 2025.
Por otra parte, como la tramitación recaerá en las comunidades autónomas, advierte que serán ellas quienes deban adelantar los recursos económicos, recibiendo la compensación estatal meses después. Esto podría demorar de forma significativa la aplicación efectiva del sistema.
Entre las soluciones que propone la OCU figuran: incrementar el parque de vivienda protegida y de la oferta residencial en general; garantizar la seguridad jurídica de los pequeños propietarios para que puedan recuperar sus inmuebles en plazos razonables; compensación inmediata a arrendadores afectados ante suspensión de desahucios; que la suspensión se admita ante verdadera necesidad; y dotar adecuadamente los servicios sociales.
El alquiler se dispara y asfixia a los hogares españoles
Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), publicado en julio, reveló que uno de cada cuatro españoles destina la mayor parte de sus ingresos a la vivienda. El informe también señala que el 40 % de los inquilinos supera el umbral del 30 % de ingresos destinados al pago del alquiler, límite a partir del cual se considera que un hogar sufre una carga excesiva.
El esfuerzo económico es especialmente elevado entre quienes viven en alquiler de mercado, donde el porcentaje medio de ingresos dedicados a la vivienda alcanza el 37 %. A ello se suma que la pobreza energética afecta al 28 % de los hogares españoles, una de las tasas más altas de la Unión Europea.
Según el análisis de la UAB, la inversión extranjera, los alquileres de corta estancia y de temporada, y los procesos de gentrificación ligados al turismo han impulsado incrementos bruscos del precio del alquiler en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Málaga.
«Estas cifras reflejan las dificultades diarias de familias, jóvenes y personas mayores que se ven marginadas del mercado inmobiliario», afirma el Dr. Austin Matheney, investigador del ICTA-UAB y autor principal del informe.
La «Casa 47» ofrecerá arriendos de 75 años
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que modifica el estatuto de la entidad estatal de suelo con una inversión prevista de 13 000 millones de euros en diez años, con el objetivo de elevar el parque público de vivienda hasta el 8 % del total, alineándolo con la media europea. Como parte de esta reestructuración, la entidad estatal SEPES adopta el nuevo nombre de Casa 47.
La nueva empresa, presentada oficialmente el jueves pasado, pasa a actuar como entidad estatal de vivienda, asumiendo funciones de urbanización, construcción y gestión del parque público residencial.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicó que los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años, mediante un contrato inicial de 14 años, seguido de prórrogas automáticas de 7 años, siempre que se mantengan la mayoría de las condiciones. El precio se fijará bajo criterios de asequibilidad, con topes por comunidad autónoma para evitar que ningún alquiler supere el 30 % de la renta media del territorio.
En 2026 se habilitará un portal público en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos de acceso y formalizar solicitudes de vivienda.
«Esta es la infraestructura que va a sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado del Bienestar», declaró la ministra Rodríguez.
El parque de Casa 47 se nutrirá tanto de nueva construcción como de la incorporación de viviendas y suelos procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior. A esto se suma el traspaso por parte de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) —entidad creada en 2012 durante la crisis financiera— de 40 000 viviendas y 2400 suelos, con capacidad para edificar unas 55 000 más.
Rodríguez adelantó además que el Gobierno lanzará próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para incrementar el parque público de vivienda. También anunció que se han desbloqueado obras de urbanización en ciudades como Sevilla, Ibiza o València, y que próximamente ocurrirá lo mismo en Málaga y Madrid, pendientes de aprobación municipal.
En España, el stock de vivienda social en alquiler se situó por debajo del 2 % en 2022, frente al 8 % de media de la UE.
Cómo puede ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
