Dos de los últimos fusilados del régimen franquista, los miembros de ETA Ángel Otaegi y Juan Paredes Manot, alias «Txiki» —condenados por el asesinato del guardia civil Gregorio Posadas Zurrón y del cabo primero de la Policía Ovidio Díaz López—, recibieron el 11 de diciembre una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, en la que se afirma que padecieron «persecución por razones políticas e ideológicas».
Una decisión de carácter similar fue adoptada en noviembre de 2012 por una comisión creada por el Parlamento y el Gobierno Vasco, que reconoció a ambos como víctimas de violaciones de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política. Entonces, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó el reconocimiento institucional de Ángel Otaegi y Juan Paredes Manot como «un menoscabo de la Justicia», al considerar que este tipo de reconocimientos se realizan «al margen de lo fijado por los tribunales» y se basan en los dictámenes de «una supuesta comisión».
Según los hechos recogidos por la Fundación Víctimas del Terrorismo, el 3 de abril de 1974 dos miembros de ETA ametrallaron el vehículo del guardia civil Gregorio Posadas Zurrón, quien falleció horas después; uno de los atacantes fue identificado como Ángel Otaegi. Posteriormente, el 6 de junio de 1975, un comando de ETA asaltó una sucursal del Banco Santander en Barcelona y, al huir, se enfrentó con agentes policiales. El cabo primero Ovidio Díaz López, padre de familia, recibió siete disparos —uno de ellos mortal—. Juan Paredes Manot, «Txiki», fue identificado como uno de los autores de la acción, según el relato de la Fundación.
En las resoluciones favorables a Otaegi y Paredes Manot, el Gobierno sostiene que se trata de una «reparación por la persecución y violencia padecidas por razones políticas e ideológicas durante la dictadura», al considerar que en ambos casos se vulneraron «las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo», según una copia del contenido difundida por 20 minutos el 11 de diciembre. El documento está fechado el 25 de noviembre.
La decisión se adopta al amparo de la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022), del Gobierno de Pedro Sánchez, en que en su artículo 4 declara «ilegal y radicalmente nulo» el conjunto de condenas y sanciones por motivos políticos, ideológicos o de conciencia durante la Guerra y la Dictadura; y el artículo 6, crea el derecho a la «Declaración de reconocimiento y reparación personal».
Las familias de Otaegi y Paredes Manot presentaron el 14 de enero la solicitud formal de dicha declaración ante la Delegación del Gobierno en el País Vasco, que trasladó las peticiones al Ejecutivo. El asesoramiento jurídico fue elaborado por el abogado Juanjo Álvarez, quien confirmó esta semana a EFE la resolución favorable en ambos casos.
Antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el Parlamento Vasco aprobó en 2011 la Proposición no de Ley 61/2011, que definía a las «víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de violaciones de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política». En aplicación de ese marco, una comisión oficial reconoció en noviembre de 2012 a Otaegi y Paredes Manot como víctimas.
La AVT fue contundente entonces al afirmar que la medida supone «un insulto a la Verdad», ya que, a su juicio, «el reconocimiento de Txiki y Otaegi como víctimas policiales trata de blanquear su trayectoria terrorista».
Hoy, el abogado Juanjo Álvarez señala que las resoluciones del Gobierno permiten «recuperar la dignidad personal» de los dos fusilados y contribuyen al reconocimiento de quienes «sufrieron las consecuencias de la represión», mientras que las familias expresaron su agradecimiento al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y su equipo y al Gobierno Vasco por su actuación.
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Compensación de 135 000 euros
La Comisión de valoración de sufrimientos injustos y abusos policiales, dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y presidida por Inés Ibáñez de Maeztu, propuso en noviembre de 2012 para los etarras Otaegi y Txiki una reparación económica de hasta 135 000 euros, la cuantía máxima prevista en el Decreto 107/2012 para los casos de fallecimiento, según informó Europa Press.
La resolución se enmarcó en una tanda de ocho expedientes favorables tramitados entonces por la comisión, que en ese momento estaba evaluando solicitudes presentadas al amparo del citado decreto. La comisión estaba integrada, además de por su presidenta, por el psicólogo Carlos Martín Beristain, la magistrada Manuela Carmena, el excomisario de DD. HH. Álvaro Gil-Robles, el asesor de la Oficina de Atención a las Víctimas, Txema Urkijo, el historiador José Antonio Pérez y Mónica Hernando, todos ellos con voz y voto en la valoración de los casos.
«Gobiernos de PSOE y del PP ya han realizado reconocimientos como víctimas del terrorismo a miembros de ETA», dijo Urkijo a la agencia, indicando que no se trataba de un homenaje, sino un «deber de memoria».
La AVT mostró su rechazo a la composición de la comisión encargada de estos reconocimientos, al considerar «demencial que entre los miembros de la Comisión encargada de reconocer a estas víctimas se encuentre una persona que forma parte de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco», lo que —según la asociación— compromete la imparcialidad del proceso.
Finalmente, la AVT cuestionó las prioridades institucionales del Ejecutivo autonómico y se preguntó «por qué el Gobierno del País Vasco no se ha preocupado con la misma intensidad de ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA que siguen sin resolver», frente al esfuerzo dedicado a reconocer como víctimas a antiguos miembros de la organización terrorista.
Con información de EFE.
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