El informe, aprobado con 512 votos a favor y 76 en contra, no es jurídicamente vinculante. Sin embargo, busca presionar a la Comisión Europea y a los Estados miembro para que reaccionen frente a la injerencia de regímenes autoritarios que tratan de vigilar e intimidar a sus opositores también en territorio europeo.
El texto señala que la represión transnacional orquestada por ciertos Estados extranjeros está adoptando formas cada vez más insidiosas, desde la violencia física y la mera vigilancia hasta la presión judicial, las campañas de difamación, los secuestros, las repatriaciones forzosas, las amenazas contra familiares e incluso los asesinatos.
Estos regímenes autoritarios utilizan en particular sus servicios consulares y el sistema de notificaciones rojas de Interpol para ejercer presión sobre sus objetivos. En el ámbito digital, ellos y sus aliados recurren a tecnologías avanzadas, software espía, piratería informática y a la difusión de datos personales en internet para vigilar y rastrear a sus opositores, según el informe.
Entre las víctimas de estos métodos figuran periodistas, abogados y miembros de la diáspora que documentan las violaciones de derechos humanos cometidas por estos regímenes.
«Es hora de poner fin a esto», declaró en un comunicado la eurodiputada francesa Chloé Ridel, autora del informe. «Europa debe seguir siendo un refugio seguro para quienes luchan por la libertad y la democracia».
Esta es la primera vez que el Parlamento Europeo define de forma detallada la represión transnacional, lo que abre la puerta a nuevas acciones para proteger a las personas residentes en la Unión procedentes de regímenes opresivos, en particular de países como China.
Según la resolución, que cita un estudio de Freedom House, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington, alrededor del 80 % de los abusos documentados durante la última década han sido perpetrados por tan solo diez regímenes. El régimen comunista chino se identifica como el principal responsable de estas prácticas, seguido por los gobiernos de Turquía, Tayikistán y Rusia.
En respuesta, los eurodiputados piden el desarrollo de una estrategia coordinada para combatir la represión transnacional dentro de la UE, que incluya la incorporación de cláusulas de derechos humanos en los acuerdos suscritos con terceros países.
Asimismo, instan a las instituciones europeas y a los Estados miembro a abordar las formas digitales de represión transnacional y a garantizar que el sector privado, en particular las empresas tecnológicas, rinda cuentas por su papel en estos abusos. El informe recomienda la publicación de informes de transparencia y el establecimiento de mecanismos de reparación eficaces, accesibles para defensores de los derechos humanos y para quienes se encuentren en situación de riesgo.
Según Chloé Ridel, otra propuesta clave es establecer controles de mercado estrictos en toda la UE para impedir la exportación de tecnologías de vigilancia a países que participan en la represión transnacional o cometen violaciones de los derechos humanos.
«Debemos decirles a nuestras empresas europeas: si producen tecnologías de espionaje informático, no pueden exportarlas ni venderlas a quienes pretenden perjudicarnos. Se trata de una cuestión de soberanía europea», declaró el 12 de noviembre, en una rueda de prensa previa a la sesión plenaria.
El informe también recomienda crear mecanismos de seguimiento y denuncia para mejorar la documentación de los casos de represión transnacional en la UE, lo que permitirá respuestas más rápidas e investigaciones más eficaces. Estas bases de datos deberían ser accesibles a las organizaciones no gubernamentales para que sus aportaciones se tengan plenamente en cuenta.
Los eurodiputados instan además a la UE a exigir responsabilidades a los regímenes y a las personas implicadas en la represión transnacional mediante sanciones selectivas.
La adopción del informe se produce en un contexto de creciente preocupación por los métodos represivos que regímenes autoritarios emplean contra los disidentes residentes en Europa, en particular el Partido Comunista Chino (PCCh).
Freedom House describe la represión del PCCh en el extranjero como la más sofisticada y extendida del mundo. Una serie de informes publicados en abril por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) demuestra que los objetivos del PCCh se extienden a numerosos Estados miembro, desde Irlanda hasta Francia y Serbia, pero la respuesta europea sigue siendo «ineficaz y descoordinada».
«La UE debe establecer líneas rojas claras, respaldadas por investigaciones judiciales, sanciones y consecuencias diplomáticas, para demostrar que los derechos fundamentales son innegociables», declaró la eurodiputada alemana Hannah Neumann al ICIJ.
Un estudio publicado en junio por la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo concluye que la represión transnacional «afecta negativamente a todos los niveles de la sociedad, desde los derechos individuales hasta la seguridad nacional y las instituciones democráticas».
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times Francia con el título «L’UE doit s’attaquer à la répression transnationale visant les défenseurs des droits humains, estiment des députés européens»
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