El Caso Koldo —una de las tramas de corrupción más explosivas que ha salpicado al entorno directo del presidente del Gobierno— ha reactivado la presión social sobre las instituciones judiciales y ha puesto en evidencia los límites del control político de la justicia en España. En este contexto, Hazte Oír se ha personado como acusación popular en el procedimiento, siguiendo una línea de acción iniciada en otras causas, como la del hermano del presidente, David Sánchez, o la de su esposa, Begoña Gómez.
En una entrevista exclusiva concedida a Epoch Times España, su presidente, Ignacio Arsuaga, detalla los motivos que impulsaron a la organización a involucrarse directamente en el proceso judicial contra Koldo García y otros investigados. Lo hace con la convicción de que la sociedad civil organizada puede y debe desempeñar un papel activo en la vigilancia del poder, especialmente cuando el Ministerio Fiscal «actúa más como abogado defensor de los investigados» que como acusación, como afirma el dirigente.
Hazte Oír no ha estado exenta de consecuencias: demandas por más de 200 000 euros, fianzas desproporcionadas, intentos de vetar su participación procesal y campañas de descrédito por parte de medios afines al Gobierno, según denuncia Arsuaga. Sin embargo, la organización insiste en que no cesará en su tarea de fiscalización ciudadana, y en que su actuación es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede defender los principios del Estado de derecho.
El papel de Hazte Oír en esta trama ha sido clave para visibilizar el rol que puede cumplir la acusación popular cuando no está condicionada por intereses partidistas ni dependencias económicas del Estado.
En esta entrevista, Arsuaga no solo explica el enfoque de su organización frente a los escándalos que rodean al Gobierno, sino que también plantea una serie de reformas estructurales para garantizar mayor independencia judicial y transparencia en los contratos públicos.
A continuación, la entrevista completa a Ignacio Arsuaga.
Epoch Times: ¿Qué motivó a Hazte Oír a personarse como acusación popular en el Caso Koldo?
Sr. Arsuaga: La personación de Hazte Oír en el Caso PSOE —los españoles ya lo conocen así y hacen bien— viene precedida de nuestra acción en el Caso Begoña o el Caso del hermano de Pedro Sánchez. Nos dimos cuenta de la falta de independencia del Ministerio Fiscal en la persecución de los responsables en otros casos y decidimos dar un paso más, era y es un deber como sociedad civil.
Además, como sociedad civil, en este caso vimos la necesidad de que la voz de la sociedad civil se pudiera escuchar y que las acusaciones no quedaran solo en manos de partidos políticos, pues por mucha buena voluntad y buen hacer procesal que tengan, la ciudadanía interpreta siempre su actuación con sesgo político, y no con un auténtico sentido de búsqueda de la verdad material. Nuestra actitud siempre ha sido y es «caiga quien caiga» y lo hemos demostrado.
Epoch Times: ¿Cómo evalúan la actuación del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales en este caso?
Sr. Arsuaga: Su actuación ha sido desigual. Por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado con algo más de independencia que otros sectores de la Fiscalía, como ha ocurrido en el caso de Begoña Gómez o de David Sánchez. En estos dos casos la Fiscalía, en vez de perseguir el delito, ha actuado como abogado defensor de los investigados.
A pesar de las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía, desde Hazte Oír no hemos dejado de trabajar como acusación popular, creemos que es un deber. El ejemplo más claro: Hazte Oír solicitó la imputación de Santos Cerdán ya en noviembre de 2024.
Sin duda alguna la labor de los órganos judiciales ha sido clave. Sí es cierto que todavía queda por ver si se mantiene esa división del caso entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En Hazte Oír ya solicitamos que todo quedase unido.
Y siempre es manteniendo algo como prioritario: alabar la labor de la Guardia Civil, totalmente ajena a presiones o bulos. Admirable.
Epoch Times: Desde su experiencia, ¿cuál es el impacto real que puede tener la acción de la sociedad civil organizada en casos de corrupción como este?
Sr. Arsuaga: La acusación popular, esa herramienta jurídica de todos los españoles, se ha demostrado esencial. Si bien hay que hacer apreciaciones que consideramos importantes y es entender que no es lo mismo una acción popular dirigida por un partido que la que ejerce la sociedad civil.
Y es que la sociedad civil, a través de las acusaciones populares, es un elemento clave en la administración de la justicia. Por una parte, permite la participación de la sociedad en la justicia, y por otra, y debido a la politización del Ministerio Fiscal, permite que la acusación pueda solicitar diligencias de prueba realmente útiles para las investigaciones judiciales, y que puedan recurrirse las decisiones judiciales con criterios jurídicos y no criterios políticos.
Además, la implicación de la sociedad civil eleva el coste político de este tipo de delitos, y de los intentos de los responsables políticos de «hacerse los suecos» y mirar para otro lado.
Todo ello sin olvidar que los partidos políticos, por ejemplo, tienen acuerdos en territorios, ayuntamientos o al organizar eventos con empresas que pueden estar vinculadas a casos en investigación. De ahí que la acusación popular desde la sociedad civil deba ser doblemente protegida.
Epoch Times: ¿Qué riesgos han enfrentado —jurídicos o de presión política— durante su intervención en este proceso?
Sr. Arsuaga: El PSOE no ha comprendido que entre las funciones de cualquier partido está el someterse a la fiscalización de la sociedad, y que, por otra parte, debe dejar funcionar de manera autónoma a la justicia. Sin embargo, a nosotros nos ha perseguido, procediendo a denunciarnos por lo penal y a demandarnos por la vía civil solicitando indemnizaciones de más de 200 000 euros con objeto de silenciarnos.
¡Han llegado a demandarnos ante el Tribunal Supremo por la campaña de divulgación en las calles del Caso Begoña con los camiones LED! A esto hay que añadir que, además, hemos sido objeto de ataques injustos por parte de medios de comunicación afines al Gobierno; que el propio PSOE se ha personado como acusación popular en procedimientos en los que somos parte con objeto de entorpecer el funcionamiento de la justicia; y que en algún caso se nos han impuesto fianzas desproporcionadas.
El PSOE nos ha demandado pidiendo más de 200 000 € para intentar silenciarnos. También se ha personado para vetar nuestras actuaciones. A esto se suman fianzas, tasas y amenazas que encarecen la defensa y la seguridad de nuestro equipo.
Epoch Times: ¿Qué reformas cree usted que serían necesarias para garantizar mayor transparencia y control ciudadano en la adjudicación de contratos públicos?
Sr. Arsuaga: La primera, es una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para que todo el proceso de contratación quede en manos de funcionarios de carrera, sin intervención ninguna de cargos políticos de libre designación.
La segunda, crear un observatorio ciudadano en el que se reconozca a sus partícipes legitimación para personarse en procedimientos judiciales para denunciar posibles irregularidades en la contratación.
Estas reformas deberían ir acompañadas de otras, aun más ambiciosas, que profundizaran en una mayor calidad del Estado de derecho, que deberían abordar tres cuestiones principales:
1) La modificación de la elección y funcionamiento del CGPJ, de manera tal que los miembros del Consejo no sean elegidos ni por el Gobierno ni por las Cortes, y que su elección se realice por votación de todos los operadores jurídicos (jueces, fiscales, colegios de abogados y de procuradores, personal de la Administración de Justicia).
2) Dotar a la administración de justicia de independencia económica, contando con una partida presupuestaria fija, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, y administrada por el propio CGPJ, de manera que los medios económicos no dependan ni del Ministerio de Justicia ni de las Consejerías autonómicas.
3) Que el nombramiento del Fiscal General no lo realice el Gobierno, sino que se realice por medio de votación de todos los operadores jurídicos (jueces, fiscales, colegios de abogados y de procuradores, personal de la Administración de Justicia).
4) Una reforma de la acusación popular para evitar que puedan ser parte de ella partidos políticos, sindicatos y asociaciones que reciban subvenciones públicas, para garantizar que de verdad sean representación de la sociedad civil, y no correas de transmisión de intereses políticos.
Todo ello sumado a paralizar la conocida Ley Bolaños, la que el PSOE necesita, y sobre todo Sánchez, para lograr impunidad. Hazte Oír lleva meses avisando y lo seguiremos haciendo: desde la divulgación del peligro que supone que la Fiscalía controle la investigación en primera fase judicial (y con ello a la UCO, por ejemplo) a solicitar a la Unión Europea, con el apoyo de más de 80 000 españoles, que investigue esta reforma. ¡Hasta la ONU la hemos llevado!
Si hay algo que tenemos presente en Hazte Oír es que vamos a hacer todo lo posible en la defensa de España. Y creo que los españoles lo ven. Sin ellos no podríamos hacer todo esto… y todo lo que viene.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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