El fiscal jefe de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, dijo que puso en marcha una investigación nacional para determinar si los ayuntamientos han cumplido con su obligación legal de elaborar planes de prevención contra incendios forestales.
La orden fue enviada el lunes a todos los fiscales provinciales del área, y en ella, Vercher advirtió que la oleada de incendios que azotó a España este agosto podría deberse a «la ausencia o aplicación improcedente» de estas medidas preventivas obligatorias, informó Confilegal este jueves.
Al igual que otra orden emitida en abril, el fiscal se basa en una ley que obliga a las Comunidades Autónomas (CCAA) a tener planes de prevención anuales y ordena al Gobierno aprobar, por Real Decreto, unas directrices y criterios comunes para elaborarlos.
Sin embargo, el Gobierno de España sigue sin aprobar el borrador que contiene esas directrices elaborado en 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Esto deriva del Artículo 48 de la Ley 43/2003, de Montes, modificado en agosto de 2022 por el Real Decreto-Ley 15/2022, en que se adoptaron medidas urgentes en materia de incendios forestales.
Ese año España, según la fiscalía, registró la peor oleada de incendios hasta ese momento, con una superficie forestal afectada de 267 939,64 hectáreas (306 555 según Copernicus), que casi triplicó la media de los anteriores 10 años (94 249 ha).
La orden dirigida a las CCAA dice:
«Las Comunidades Autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los referidos planes, que deberán ser objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente».
La orden emitida a MITECO dice:
«El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará, con la participación de las comunidades autónomas y previo informe del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes, que se aprobarán mediante real decreto».
Pero ese Real Decreto sigue pendiente. MITECO publicó en 2023 un borrador que hasta la fecha del 22 de agosto no figura aprobado como texto definitivo.
En el borrador se menciona que si una CCAA tiene declaradas Zonas de Alto Riesgo, el plan anual «indicará los municipios que las componen».
Además, la disposición adicional primera aclara que las referencias a las CCAA se extenderán a otras entidades locales con competencias forestales (Cabildos, Consejos Insulares, etc.).
La modificación de la ley en 2022 no logró evitar que el país registrara en 2025 406 000 hectáreas quemadas hasta el día de hoy, según Copernicus. Un récord para la región. En 2018 España solo registró 12 000 hectáreas quemadas, y en 2024, 42 000 ha.
Petición a los Ayuntamientos
Los planes de actuación de ámbito local, están también basados en la Directriz Básica de Protección Civil ante incendios forestales (RD 893/2013), que define la estructura de planificación (plan estatal, planes autonómicos y planes de ámbito local).
En mayo de 2023, el fiscal Vercher anunció que «los fiscales vigilarán que los ayuntamientos en cuyo término municipal exista superficie forestal dispongan de los Planes de Prevención de Incendios correspondientes. También realizarán labores de control de los supuestos regulados para las Comunidades Autónomas, especialmente en los aspectos relativos a quemas ilegales de rastrojos, así como casos de grandes incendios».
También indicó que «sigue vigente la iniciativa del Ministerio Público de indicar a las Administraciones, propietarios y empresas titulares de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas e incluso campamentos situados en zonas forestales, la obligación de adoptar las medidas de prevención oportunas, ya que se trata de lugares con alto riesgo de incendio forestal».
En abril de 2024, Vercher pidió un mapeo con drones a SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), policías locales y agentes forestales, y campaña para comprobar la existencia de planes de prevención locales.
En abril de 2025, Vercher anunció pidió a sus fiscales recabar de los ayuntamientos competentes la existencia y grado de cumplimiento de los planes de prevención de incendios forestales. Esto se determinó tras la reunión de trabajo del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, con los fiscales delegados de Sevilla, Cádiz y Huelva, celebrada en la sede de la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera.
La fiscalía argumentó que deben llevarse a cabo en los meses anteriores al verano, con el fin de proteger la masa forestal que existe en sus municipios.
Planes de las comunidades más afectadas por incendios en 2025
Las tres comunidades las más afectadas por los incendios en 2025 son Galicia, Extremadura y Castilla y León.
Con relación a sus planes, el Consejo del Medio Rural de la Junta de Galicia publicó la «Pladiga 2025» que integra cuatro planes: Plan de prevención, Plan de detección, disuasión, investigación y medidas correctoras, Plan de extinción, Plan de formación (pdf).
A nivel provincial, la zona más afectada está en Orense, por los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño, Oímbra y Xinzo de Limia, A Mezquita-A Esculqueira, Larouco-Seadur y Carballeda de Valdeorras-Casaio.
En Extremadura, se publicó en febrero el Plan anual de prevención, vigilancia y extinción (INFOEX 2025) en el Diario Oficial de Extremadura (Acuerdo 10/02/2025 que da publicidad al Plan anual 2025) y el Plan Anual CAEx 2025 (pdf) en el portal oficial INFOEX.
En Castilla y León se publicó el Plan anual de prevención, vigilancia y extinción 2025, BOCYL: ORDEN MAV/105/2025, del 7 de febrero, por la que se aprueba el Plan anual 2025 y la Ficha oficial con cartografía del Plan anual 2025 (IDECyL).
Las directrices del borrador
Las comunidades se han visto obligadas a mencionar el texto borrador de las directrices del Gobierno.
En Aragón, las autoridades anunciaron que para dar cumplimiento a la orden «y conforme al Anexo I del borrador del Real Decreto por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de dichos planes», la Comunidad Autónoma de Aragón elaboró su Plan Anual para la Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para la campaña 2025.
En Extremadura, el 6 de mayo de 2025 se declaró la época de peligro alto de incendios forestales y se estableció la regulación mencionando
también el Borrador de Real Decreto.
Debate sobre nivel 2 y nivel 3
Uno de los debates que surgieron tras los incendios recientes en galicia, Extremadura y Castilla y león es si el Gobierno de Pedro Sánchez se equivocó al no decretar una Situación de nivel 3 para atender los incidentes con una dirección central estatal.
Los incendios graves pueden declararse de nivel 2 a nivel 3. El nivel 2 o Situación 2 lo anuncia la propia Comunidad Autónoma y le permite pedir «medios extraordinarios» (p. ej., UME u otros estatales).
El nivel 3 o Situación 3 es de interés nacional y lo declara el Ministro del Interior. Esto le obliga a regirse por un plan estatal. La Dirección Operativa recae en el Jefe de la UME y se constituye el CECOPI con una Delegación del Gobierno.
El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, intentó responder en las redes sociales a la críticas de por qué se decidió mantener una emergencia de nivel 2 y no 3 en la comunidad.
Su argumento se basó en que de esta manera la emergencia se coordine «por los profesionales que llevan años gestionando estas emergencias en Galicia, que conocen los terrenos», dijo Rueda.
También afirmó que no se necesita pasar de nivel dos a nivel tres para obtener más medios para apagar los incendios. «Si se están reservando los medios, eso sería gravísimo», agregó, asumiendo que el Gobierno debía enviar los medios necesarios solicitados.
El consejero de la presidencia de Extremadura, Abel Bautista, destacó que no había medios de parte del Gobierno central para atender a todos los incendios, por lo que el debate, de nivel 2 y 3, no era necesario.
«¿Para qué sirve el nivel 3 si el Gobierno de España dijo que no tiene medios para mandar a Extremadura y que un incendio de 100 kilómetros de perímetro no se puede abordar con los medios que tiene?», declaró Bautista.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, declaró el domingo 17 de agosto que, aunque habían pedido al presidente del Gobierno más medios del Ejército contra los incendios, «no hemos recibido nada de los recursos solicitados. Seguimos esperando».
«En estas circunstancias excepcionales que vive España, necesitamos todos los esfuerzo del Ejército, necesitamos todos los esfuerzos del mecanismo de colaboración europea, y los esfuerzos del Ejército no llegan y son necesarios».
La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha acordado este viernes que Mañueco comparezca ante un pleno extraordinario la próxima semana para hablar de su gestión de los incendios.
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