Tras presentar una demanda judicial contra María Leire Díez por obstrucción a la justicia, las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil instaron el 4 de junio al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la Directora General de la Guardia Civil, María de las Mercedes González, a «condenar explícita y públicamente las presiones injustificadas» que está recibiendo la institución por parte de las autoridades centrales en momentos en que «se intenta apartar de la institución al Teniente Coronel Antonio Balas».
El teniente Coronel Balas es el responsable «de investigaciones clave que afectan al entorno del presidente del Gobierno, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez». La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) demandó a Leire Díez el 3 de junio por colaborar con el PSOE para recabar datos sensibles de Balas que les permitieran contrarrestar las causas judiciales que afectan a miembros del Gobierno. Un vídeo que se reveló a fines de mayo la vincula solicitando información comprometedora contra el teniente coronel.
«Nos hacemos eco de la indignación que existe entre el personal del Cuerpo por el silencio de Interior y nuestra Directora General, en este caso, no es neutral y no solo deja en una posición de vulnerabilidad a nuestros compañeros, sino que transmite una falta de liderazgo y de compromiso con la defensa de la Guardia Civil», dijeron las asociaciones a través de un comunicado.
El comunicado fue firmado por la AUGC, la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO), la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) y la Asociación España de Guardias Civiles (AEGC).
Son «presiones injustificadas a las que se está sometiendo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por parte de personas encausadas o mediadores políticos, o incluso desde el propio Gobierno», dice la carta.
«En un Estado de derecho no deben existir distinciones, sea cual sea la persona sobre la que recae una investigación. La igualdad en la aplicación de la Ley exige de forma absolutamente inequívoca que todos los ciudadanos sean tratados en igualdad de condiciones, sin distinciones ni favoritismos. Y estas presiones sobre la UCO, que también provocan las noticias falsas, no contribuyen precisamente a ello», sostienen las asociaciones.
Demanda judicial contra Leire Díez
La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) informó el 3 de junio que había presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra María Leire Díez Castro, quien, días atrás, habría aparecido en un vídeo en el que se solicitaba obtener información sobre Antonio Balas. En particular, se hablaba de conseguir «dos irregularidades claras y comprobables» del teniente coronel.
«Según el contenido de la denuncia, dichas actuaciones habrían tenido como finalidad influir, desacreditar o incluso interferir en las investigaciones que dicha unidad policial estaría desarrollando, algunas de las cuales podrían involucrar a personas vinculadas al PSOE y a cargos públicos de relevancia», dijo la asociación.
El vídeo circuló a fines de mayo por las redes sociales, tras lo cual las asociaciones de Guardias Civiles denunciaron una «purga» que se estaría produciendo en los altos cargos de la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) confirmó a The Epoch Times que ha presentado una denuncia contra María Leire. Según la organización, «con estos hechos podrían haberse cometido diversos delitos», entre los que mencionan «tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia».
«Por ello, hemos solicitado al juzgado que abra las oportunas diligencias y como primeras investigaciones se tome declaración a la denunciada Leire Díez, a Víctor de Aldama y al teniente coronel Antonio Balas».
La situación empeora, dice Eugenio Nemiña, secretario de la AUGC
Eugenio Nemiña Suárez, secretario jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), declaró a The Epoch Times que en estas últimas semanas se ha observado un empeoramiento de la situación.
«Se ha empezado con una persona que se reunía para buscar supuestos trapos sucios del máximo responsable de la UCO. Hay que aclarar que, cuando la UCO investiga, no se inventan hechos. La UCO parte de información y datos que traslada al juzgado; no juzga ni condena a nadie. Por ejemplo, si existe una grabación telefónica, la UCO la remite al juzgado indicando lo que se habla en ella. Si hay una transferencia bancaria, traslada al juzgado los detalles correspondientes», señaló el Sr. Nemiña.
En su opinión, el tema «preocupa mucho» y está vinculado a requerimientos del Gobierno anteriores que estarían permitiendo que se facilite información a las personas investigadas.
«Ya hace años, cuando Arsenio [Fernández Mesa], que era del PP, estaba de director general, la AUGC destapó una orden impartida en la Guardia Civil según la cual este tipo de unidades especializadas, como la UCO, debían informar la semana anterior —todos los viernes— sobre las operaciones previstas para la semana siguiente, en cuanto a actuaciones contra políticos o personas conocidas y de relevancia. Se tenía que informar, por ejemplo, sobre entradas y registros, operaciones de desmantelamiento o detenciones», señaló el Sr. Nemiña.
«Nos parecía muy preocupante porque eso podía dar lugar a filtraciones y facilitar información a las personas investigadas. Entendíamos que esos datos solo debían manejarlos la unidad que llevaba a cabo la investigación y el juzgado, que era el encargado de emitir los mandamientos para realizar las acciones necesarias, ya fueran registros o detenciones».
Desmantelamiento progresivo
Asociaciones de la Guardia Civil manifestaron su preocupación por lo que llamaron una «purga» que se está produciendo en los altos cargos de la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial.
JUCIL alega que «el primer golpe» contra las unidades especializadas de la Guardia Civil fue la destitución de Manuel Sánchez Corbí, coronel jefe de la UCO hasta su cese en 2018, cuando el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo apartó alegando «pérdida de confianza», Luego fue el cese de Manuel Pérez de los Cobos, a quien se sumó la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), Laurentino Ceña, quien abandonó su cargo en solidaridad con Cobos.
La AUGC también denunció el cese de la unidad de Tráfico en Navarra, el cierre de OCON-Sur, las cesiones de competencias en Puertos y Aeropuertos de Cataluña, la voluntad de cerrar el GRS 8 en Canarias, el progresivo desmantelamiento de unidades del SEPRONA, y el cierre de la ORIS del Ministerio del Interior.
Eran «unidades consideradas fundamentales para la seguridad ciudadana y la labor del Cuerpo».
«Estos hechos evidencian una preocupante deriva que debilita operativamente a la Guardia Civil y perjudica directamente al servicio que se presta a la ciudadanía», dijo la AUGC.
La UCO, ha sido históricamente el cuerpo policial que «ha demostrado mayor independencia y valentía en la lucha contra la corrupción y la mala praxis de los distintos gobiernos de España. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a una serie de ceses y presiones dirigidas a desmantelar su capacidad operativa», señaló JUCIL el 26 de mayo.
«No permitiremos que se socave la independencia de una unidad que ha sido clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en España», declaró Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.
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