Histórico: el Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación

El máximo responsable de la Fiscalía tendrá que abandonar el cargo tras ser declarado culpable de revelar información sensible sobre la pareja de Ayuso

Por Miguel Díaz
20 de noviembre de 2025 15:29 Actualizado: 20 de noviembre de 2025 15:29

El Tribunal Supremo ha dictado este jueves sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imponiéndole dos años de inhabilitación especial para el cargo y una multa de 7200 euros por un delito de revelación de datos reservados.

La resolución, hecha pública apenas una semana después de que concluyera el juicio —el primero que sentó en el banquillo a un fiscal general en democracia—, declara probado que García Ortiz filtró a la prensa información reservada sobre la investigación al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Cinco de los siete magistrados de la Sala de lo Penal han considerado acreditado el delito tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. Solo las juezas Ana María Ferrer y Susana Polo, de conocida sensibilidad progresista, han emitido voto particular discrepante.

Además de la inhabilitación y la multa, García Ortiz deberá indemnizar con 10 000 euros a González Amador por daños morales y hacerse cargo de todas las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

El fallo es firme y supone la salida inmediata del aún fiscal general del cargo que ocupa desde julio de 2022, tras ser nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los hechos juzgados giran en torno a la filtración, el 13 de marzo de 2024, de un correo del abogado de González Amador en el que este reconocía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Aquel documento sirvió al equipo de García Ortiz para emitir una nota de prensa que desmentía la versión de la Comunidad de Madrid.

Durante el juicio, el fiscal general negó rotundamente ser el autor de la filtración y afirmó: «La verdad no se filtra; la verdad se defiende». Sin embargo, la mayoría de la Sala ha considerado probada su responsabilidad.

Siete acusaciones —entre ellas la particular del propio González Amador, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y el Colegio de la Abogacía de Madrid— habían pedido penas de hasta 12 años de inhabilitación. La Fiscalía y la Abogacía del Estado defendieron su absolución.

El Gobierno, a través de fuentes del Ejecutivo, ha manifestado «respeto» a la decisión judicial aunque «no la comparte», y ha anunciado que en los próximos días pondrá en marcha el relevo. Fuentes socialistas aseguran que el nuevo fiscal general será una persona «del máximo prestigio profesional».

Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido contundente: «Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más».

Por su parte, Vox ha calificado la condena de «impresionante e impactante». Su secretario general en el Congreso, José María Figaredo, ha exigido a Sánchez que convoque elecciones «por dignidad» y ha recordado que el presidente llegó a preguntar quién pediría perdón a García Ortiz. «¿Quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno?», ha replicado Figaredo.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha sido aún más gráfica en redes: «Vuestro 20N», en alusión al 50 aniversario de la muerte de Franco y al varapalo judicial recibido este mismo día.

La sentencia aún está pendiente de redacción definitiva. El presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, ha asumido la ponencia ante la disensión de las dos magistradas progresistas.

García Ortiz podrá presentar un incidente de nulidad como paso previo a un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque las posibilidades de éxito se consideran reducidas.

Con información de EFE

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