Los jueces y fiscales de España anunciaron para los próximos días una concentración y tres jornadas de huelga después de que el masivo seguimiento del paro del pasado 11 de junio no consiguiera que las Cortes Generales reconsideren la tramitación de los proyectos legislativos de reforma judicial y procedan «a su retirada».
La concentración tendrá lugar el sábado 28 de junio, a las 12:30 h., ante el Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París en Madrid. Los jueces y fiscales hicieron un llamamiento a participar en el evento a todos los operadores jurídicos y «a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente».
«Se trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho», dice el anuncio compartido por la Asociación profesional de la Magistratura (APM).
«Las asociaciones convocantes hemos acordado nuevas medidas de movilización, dentro de un calendario claro, transparente, progresivo y plenamente ajustado al marco constitucional y democrático» , añade el anuncio emitido en conjunto con la Asociación Judicial Francisco De Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación De Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente De Fiscales (APIF).
En este aspecto, los firmantes apuntaron a la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La reforma judicial del Gobierno se está produciendo en medio de varios casos de corrupción vigentes contra las altas esferas de Ejecutivo y del entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellos su hermano David Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, que algunos temen podrían verse beneficiados.
Todo ello sucede, además, en un contexto marcado por las denuncias de asociaciones de la Guardia Civil, que hablan de una «purga» en la cúpula de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial, en paralelo a un progresivo desmantelamiento de las principales unidades de élite dedicadas a la lucha contra la corrupción en España.
Tiempo de reflexión antes de la huelga
Después de la concentración del 28 de junio, los convocantes dejarán un plazo para que las Cortes Generales reflexionen y procedan a la retirada de los proyectos de ley.
Si no se produce dicha rectificación, la huelga se convocará para los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de julio.
Las asociaciones exigen la retirada del Proyecto de Ley Orgánica presentado por el Gobierno, por el que se modifican dos leyes: la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Según las asociaciones de jueces y fiscales, estas contienen medidas «altamente perjudiciales por afectar gravemente la independencia judicial».
En caso de no recibir respuesta de las Cortes Generales, tras los tres días de huelga, las asociaciones convocantes procederán a revisar de manera conjunta la situación, con el respaldo de las respectivas bases, para decidir si se continuará la huelga.
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Amplias negociaciones
Paralelamente, las asociaciones se reunirán tanto con grupos parlamentarios como con operadores jurídicos. En principio se planearon tres reuniones en el Congreso de Diputados mientras se espera la respuesta de todos los grupos parlamentarios. Una reunión será con el Grupo Parlamentario Socialista, otra con el Grupo Parlamentario Popular y la tercera con el Grupo Parlamentario VOX.
También se contempla un encuentro con la presidenta del Consejo General del Notariado.
El fin de estos encuentros es «trasladar nuestras preocupaciones y reiterar la exigencia de paralizar las reformas legislativas».
El 4 de junio, las asociaciones judiciales y fiscales mantuvieron una reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia.
«Durante la reunión, el Secretario de Estado nos ha trasladado de forma tajante que no se contempla la retirada del proyecto de ley», informó la Asociación de Fiscales el 6 de junio. Por parte de las asociaciones estuvieron presentes la APM, AJFV, FJI, AF, y APIF, convocantes de la huelga.
Principio de no regresión de la UE
Las asociaciones profesionales han intensificado los contactos y gestiones con instituciones de la Unión Europea. En este aspecto, están invocando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la sentencia dictada en el asunto Repubblika (C-896/19), que consagra el principio de no regresión en materia de independencia judicial.
«Esta doctrina establece que los Estados miembros no pueden adoptar reformas que, aunque respeten formalmente el Derecho de la Unión, impliquen un deterioro de los niveles previamente alcanzados en las garantías judiciales, especialmente cuando afectan a la percepción de independencia por parte de la ciudadanía».
Sin embargo, las reformas que se están tramitando en España «vulneran dicho estándar europeo, al introducir disposiciones que debilitan la estructura, la percepción y la operatividad independiente del sistema judicial español».
Los jueces y fiscales están solicitando a las instituciones europeas competentes que analicen el contenido, la motivación y el proceso de tramitación de los proyectos legislativos en curso. Esta petición se basa en la normativa europea vigente, conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea.
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