La Comisión separa el acuerdo UE–Mercosur y acelera el pilar comercial por otra vía: ¿quién gana?

Para escuchar el artículo narrado en formato audio pinche AQUÍ

La Comisión Europea presentó el 3 de septiembre de 2025 sus propuestas para la firma y la conclusión del acuerdo con Mercosur, un expediente aún no ratificado. En medio de la resistencia de varios gobiernos y a la oposición de organizaciones agrarias en países como España, Bruselas ha optado por tramitar dos instrumentos: uno es el Acuerdo Comercial Interino (ATI) del Mercosur que se activará mediante un procedimiento de aprobación simple que no podrá ser vetado individualmente por un país, y el Acuerdo de Asociación UE–Mercosur (APEM), que seguirá otro curso e incluye los capítulos político y de cooperación.

Para sacar adelante el pilar comercial basta con que al menos 15 de los 27 delegados o ministros de exteriores de los gobiernos —que sumen el 65 % de la población de la UE— voten a favor en el Consejo, y que el Parlamento Europeo lo avale por mayoría simple de los votos emitidos,  donde las abstenciones ni siquiera cuentan y el quórum puede ser de solo un tercio.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos destacó el 4 de septiembre que «la Comisión Europea ha querido separar la parte comercial del acuerdo de la parte política y de cooperación para evitar que los parlamentos nacionales puedan pronunciarse sobre las reglas comerciales», sobre todo cuando se advierte por ejemplo, «un impacto severo en la ganadería española, particularmente en el vacuno, debido al incremento masivo de importaciones de menor calidad bajo condiciones que considera desventajosas».

«El procedimiento exprés impuesto por Bruselas vacía de contenido el control democrático y erosiona la legitimidad de los acuerdos internacionales», añadió ASAJA Nacional. Según Pedro Barato, su presidente, la capital europea intenta desviar la atención cerrando deprisa y de manera unilateral un acuerdo que lleva más de 25 años bloqueado.

La eurodiputada Nina Carberry criticó el 2 de septiembre que «partir el acuerdo está diseñado para sortear a los parlamentos nacionales y evitar el escrutinio».

«Al dividir el acuerdo, la Comisión intenta colar por la puerta de atrás el UE-Mercosur. Es un truco antidemocrático diseñado para silenciar las grandes protestas de agricultores, la reacción pública y la clara oposición de varios países de la UE», declaró a su vez Audrey Changoe de Climate Action Network el 3 de  septiembre.

Para ganarse el apoyo de los europarlamentarios reticentes, la Comisión puso sobre la mesa un fondo/safety net agrícola y salvaguardas pero el detalle operativo aún es poco claro.

El llamado Acuerdo de asociación UE–Mercosur (APEM), que es el texto más completo, sí exige la ratificación según los procedimientos nacionales de todos los Estados miembros de la UE y de los países de Mercosur, además del consentimiento del Parlamento Europeo. En este caso, el Consejo de la UE (representado en España por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo) autoriza y firma el acuerdo en nombre de la UE, el Parlamento Europeo da (o no) su consentimiento y luego las Cortes Generales sí tienen el poder de decidir en la ratificación del acuerdo completo. Si el Congreso o el Senado lo rechaza, España no puede ratificar.

«Esto va en contra del mandato de negociación que en 1999 el Consejo trasladó a la Comisión y que, además, se basaba en el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación en el que las partes suscribían el objetivo de alcanzar una asociación integral que incluya el diálogo político, la cooperación y el comercio, por lo que causa un perjuicio más que negativo», dijo Unión de Uniones.

Las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur se iniciaron tras el mandato del Consejo en 1999 (con inicio formal en 2000). Tras una suspensión, se reanudaron en 2010 y cobraron nuevo impulso en 2016. En 2019 se alcanzó un acuerdo en principio sobre el pilar comercial y, el 6 de diciembre de 2024, con la firma de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los cuatro miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se cerró un acuerdo político sobre el paquete actualizado, pendiente de ratificación.

Oposición podría llevar el acuerdo a los tribunales de Justicia

Un grupo de eurodiputados dijo que presentará una resolución ante el Parlamento Europeo para llevar el acuerdo del Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE, informó Euronews. Si se recurre al Tribunal de Justicia de la UE, se suspendería el proceso de ratificación del acuerdo.

Las eurodiputadas Majdouline Sbai (Francia) y Saskia Bricmont (Bélgica), junto con Manon Aubry (Francia) lideran la iniciativa.

La resolución argumentará que el mandato de la Comisión Europea no le permite dividir el acuerdo a efectos de ratificación.

«Bloqueemos el acuerdo con el Mercosur! ¡Necesitamos una ofensiva diplomática!», señaló el 4 de septiembre la eurodiputada Anna Brylka.

China pone la pieza y España el valor: ¿quién gana con Mercosur?

En julio, el Presidente Pedro Sánchez dijo que apoyaba «la ratificación cuanto antes del Acuerdo Unión Europea-Mercosur para consolidar la relación económica y estratégica entre los dos bloques comerciales».

Al analizar donde está el beneficio para España, la mayor bajada arancelaria se concentra en coches y piezas (hoy hasta el 35 % y 14–20 %, respectivamente) donde la presencia china en las fábricas españolas es importante. La bajada favorece por ejemplo a fabricantes de componentes españoles ya implantados en Brasil, como Gestamp y CIE Automotive, que podrán vender y abastecer desde su fábrica en Brasil o España con menos costes y trámites más simples.

En automoción, buena parte de la cadena de suministro procede de China; aun así, aunque un componente incorpore chapa de acero de Baosteel (origen China), celdas LFP de CATL (origen China, o Alemania si salen de Erfurt) o una pantalla LCD de BOE (origen China) para la consola, el origen del producto final no pasa a ser chino automáticamente. Lo determina la «transformación sustancial» y el cumplimiento de las reglas de origen. Si Gestamp estampa, suelda y pinta un paragolpes en Sao Paulo, su origen es Brasil; si fabrica en Navarra un chasis con esa chapa y cumple la regla —por ejemplo, un cambio de partida o subpartida arancelaria y/o un porcentaje mínimo de contenido regional—, su origen será la UE y podrá beneficiarse de las preferencias del acuerdo.

En el caso de un carrocero europeo que monta en España un bus que integra celdas LFP de CATL (China) en su batería y pantallas LCD de BOE (China) en la cabina, si el ensamblaje del chasis, el sistema de tracción, el pack de baterías y la carrocería se realizan aquí y se alcanza el contenido regional exigido, el vehículo obtiene origen UE: se beneficia de la bajada arancelaria y puede pujar en compras públicas municipales en Brasil y Argentina con un trato del tipo nacional.

Lo mismo sucede si se ensambla en España o Portugal un aerogenerador que use imanes de neodimio-hierro-boro de JL MAG (China) en el generador. Como la transformación sustancial (la carcasa, buje o pieza central, cableado y control) se hace aquí, el origen es UE: puede entrar en Brasil y Argentina con aranceles reducidos y competir en licitaciones públicas de parques eólicos.

Otras empresas como Iberdrola (vía Neoenergia) es uno de los mayores operadores de redes en Brasil; Telefónica Brasil (Vivo) lidera el mercado fijo de fibra y un segmento móvil clave; y Santander Brasil es uno de los bancos privados de referencia. Podrían acceder a menos aranceles y reglas de acceso más previsibles.

El acuerdo reconoce y protege cientos de Indicaciones Geográficas protegidas (IG) europeas (vino, aceite, quesos, etc.), reduciendo aranceles y copias, lo que beneficia a denominaciones españolas en esos segmentos.

«Aunque algunos sectores, como el vino o el aceite, tengan expectativas positivas frente al acuerdo, éstas van depender de la capacidad adquisitiva de los consumidores de los países Mercosur», dijo Unión de Uniones.

«La aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, su entrada en vigor, a mí me resulta un objetivo, un hito, fundamental», dijo Sánchez el 23 de julio en Asunción, en el Encuentro Empresarial Paraguay-España y tras un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

«Creemos que es deseable […] que antes de final de año este acuerdo pueda estar, esperemos, ya ratificado», agregó el ministro Cuerpo en declaraciones a EFE antes del Consejo de Comercio de la UE, el 7 de abril. «[La situación] está […] siendo un acicate para que todos entendamos que tenemos que ir lo más rápido posible en esa ratificación del Mercosur».

Según el Gobierno de Alemania, donde varias empresas se ven favorecidas, «los Estados miembros de la UE coinciden en que el Acuerdo del Mercosur (Mercado Común Sudamericano) debe adoptarse cuanto antes».

Por su parte el primer ministro de Portugal, el 19 de febrero, tras firmar 19 acuerdos bilaterales con Brasil, declaró que seguirá siendo un firme defensor de la implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, ya que «abre las puertas a la creación de una relación comercial regulada y mutuamente justa entre dos áreas que unen a más de 700 millones de personas, que unen una parte muy significativa del Producto Interno Bruto (PIB) mundial».

Montenegro afirmó que si los europeos no implementan el acuerdo, el Mercosur «quedará abierto a otros bloques comerciales» que podrían «invadirlo de forma desregulada, de forma desleal desde el punto de vista de la competencia, del comercio internacional».

«El vacuno de carne, quizá el más afectado»

La Unión de Uniones destacó esta semana que «el acuerdo sí que tendrá impacto negativo sobre otros productos importantes como la carne de vacuno, aves de corral, azúcar, cerdo, arroz, miel o maíz dulce. La organización viene alertando sobre esto desde hace años y se basa en los pocos informes de impacto que hay al respecto y que ya indicaban, también por parte de la propia Comisión, que este acuerdo traería reducciones en la producción europea y descensos en los precios a los agricultores y ganaderos».

«En este sentido, el vacuno de carne, quizá el más afectado, perdería mucho terreno a nivel estatal, creciendo, se calcula, las importaciones hasta en más de un 60 %, con cortes de calidad y entrando en una competencia desleal con los productos españoles abaratando los precios».

«Aunque la UE presume públicamente el respeto a normas de producción, dichas garantías no se reflejan con claridad en el acuerdo formal, lo que genera desconfianza respecto a su exigibilidad real.

La agricultura representa un 10 % del empleo en algunas regiones, lo que refuerza la preocupación sobre el posible impacto del tratado en la competitividad del sector. La preocupación principal radica en la reciprocidad: mientras se imponen regulaciones estrictas a los productores europeos, los productos importados de Mercosur podrían beneficiarse de condiciones menos exigentes.

«De nada sirve que nos legislen en materia de bienestar animal, emisiones de CO2 o deforestación si luego abrimos la puerta a productos que no cumplen esos mismos requisitos», ha denunciado Félix Barián, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra.

Lea también: El acuerdo UE-Mercosur: oportunidades, desafíos y polémicas 

«Arroz sin arancel»

España es el tercer país de la UE por valor generado en el sector agrario y el cuarto por volumen de empleo. En 2023, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario superó los 34 000 millones de euros, en torno al 2,5 % del valor añadido generado por la economía española, un porcentaje superior al promedio comunitario, según un estudio de Unicaja. 

«El tratado con Mercosur es perjudicial para la agricultura valenciana, por lo mismo que lo son los acuerdos comerciales con Egipto, Sudáfrica o Marruecos: la falta de reciprocidad nos resta competitividad y nos mata lentamente», asegura Cristóbal Aguado Laza, presidente de AVA-ASAJA.

«Dos ejemplos clarividentes: permitirá la entrada de 60 000 toneladas de arroz sin arancel, que son la mitad de lo que producimos en el parque natural de La Albufera; y suprimirá aranceles de los cítricos, cuando Brasil es el primer país productor e industrial de zumo de naranja. ¿Qué creen que ocurrirá con estas importaciones que no tendrán la obligación de cumplir las mismas exigencias que nuestros productos?», añade.

Reglas y salvaguardas con soluciones poco ágiles

En el paquete UE–Mercosur, la Comisión Europea establece que para productos sensibles —como vacuno, aves y azúcar— el acceso al mercado de la UE quedará limitado de forma permanente mediante cuotas (TRQ por sus siglas en inglés) y que existe una cláusula de salvaguardia bilateral aplicable incluso a importaciones dentro de cuotas cuando las ventas desde Mercosur causen o amenacen causar «daño grave» a los sectores de la UE.

La crítica que surge es que la activación de la salvaguarda no es automática, porque exige demostrar ese daño y seguir un procedimiento. Analistas advierten que esos umbrales y pruebas pueden hacer que la respuesta llegue tarde si el mercado se deteriora.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, sostiene que, aunque se mencionan salvaguardias «en caso de incrementarse un 10 % los envíos o hundirse un 10 % los precios», no habrían soluciones inmediatas porque «se trata de un mecanismo que requiere demasiadas trabas y tiempo para activarse».

«Somos extremadamente prudentes con las cláusulas de salvaguardia porque son extremadamente difíciles de activar en el plano jurídico», afirmó Arnaud Rousseau, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores de Francia (FNSEA) en Francia.

El acuerdo propone en el anexo 21 de las Reglas de procedimiento para el arbitraje, el Código de conducta para los miembros de los paneles arbitrales y mediadores y la Mediación que algunos interpretan como reglas poco claras y soluciones que podrían ser lentas ante los conflictos, lo que podría desmoralizar a los afectados.

Además, «el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur no está sometido al sistema ordinario de solución de controversias con posibilidad de sanciones, se basa en un panel de personas expertas cuyas recomendaciones no son vinculantes y en un subcomité de seguimiento, dice un documento del 17 de abril de Climate Action Network (CAN) Europe.

Según la organización también hay un listón muy bajo en los compromisos sobre bosques y deforestación que podrían traducirse en una aplicación más débil del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación respecto de los países del Mercado Común del Sur.

«Por tanto, el mecanismo de reequilibrio institucionaliza un sesgo a favor del statu quo», señala CAN Europe.

A nivel sanitario la situación tampoco es clara. «Las normas sanitarias y fitosanitarias de producción de la UE no se aplican a los productos importados. Además, el sistema de control detecta infracciones. Por ejemplo, una auditoría reciente de la DG SANTE en Brasil sobre carne bovina tratada con hormonas se basa en auditorías y verificaciones por muestreo. No se puede garantizar el cumplimiento total y, a veces, las medidas correctoras se retrasan», dijo la organización Veblen Institute en diciembre de 2024.

Esto sucede porque «la Comisión se refiere aquí a las normas del mercado de la UE, que se aplican de manera uniforme a todos los productos, independientemente de su origen. Sin embargo, omite que las normas sanitarias y fitosanitarias de producción de la UE no se aplican a los productos importados».

Rechazo de Francia, Polonia y Austria

Aunque el tratado en sí requiere un acuerdo unánime de los gobiernos. Los países no podrán aplicar el veto individual al acuerdo comercial interino que pretende avanzar por la vía lateral.

El 19 de febrero, el Ministerio de Agricultura francés habló de la «firme oposición de Francia al proyecto de acuerdo del MERCOSUR». Y el 15 de julio, junto con Rumanía, advirtió que «en el estado actual» el acuerdo «sería especialmente perjudicial para los sensibles sectores agrícolas europeos (…) tendría un impacto negativo en la soberanía alimentaria europea y perjudicaría el dinamismo de nuestros territorios rurales, ya que no incluye medidas de protección eficaces para preservar el equilibrio del mercado y garantizar unos ingresos adecuados a los productores europeos».

También hubo reacción política y desde el sector rural: «La Comisión Europea acaba de validar el acuerdo de libre comercio con Mercosur , un verdadero desastre para la agricultura francesa. Francia no tiene otra opción: debe rechazar la aplicación de un acuerdo contrario a sus intereses y amenazar con suspender la totalidad de sus exportaciones», declaró el eurodiputado Jordan Bardella, de Rassemblement National. Y, desde el sindicato Coordination Rurale, Véronique Le Floc’h avisó: «La agricultura francesa no debe ser la variable de ajuste del comercio internacional», y advirtió que «¡No moriremos en silencio!».

Por parte de Polonia, el 3 de septiembre, el Ministerio de Agricultura reafirmó el rechazo del Gobierno a la firma del acuerdo tal como se expone actualmente, en línea con la resolución del Consejo de Ministros del 26 de noviembre de 2024: «Nuestra postura no ha cambiado. Desde el principio, hemos expresado nuestra oposición a las disposiciones de este acuerdo, ya que perjudican a los agricultores polacos. Esto supone una amenaza real para la igualdad de condiciones, lo que dificultará el acceso a los mercados para todos los agricultores europeos». Además, Varsovia se opuso al aumento de los contingentes arancelarios para carne de ave e instó a la Comisión a garantizar la igualdad de condiciones en normas ambientales y climáticas.

Austria, a su vez, dijo que la posición del país «sigue vinculada a las resoluciones del Parlamento de 2019/2021 y es rechazar el acuerdo en su forma actual».