OPINIÓN
En pleno año 2025, mientras Marruecos se prepara para conmemorar el 50 aniversario de la Marcha Verde de 1975, emergen informes alarmantes sobre una posible repetición de aquel episodio histórico, esta vez dirigida hacia Ceuta y Melilla. Medios como Europa Sur o The Objective han alertado sobre una «marcha verde» planeada para septiembre, posiblemente alrededor del día 17, impulsada por intereses geopolíticos para reclamar los enclaves españoles en África. Un diario argelino ha advertido que este podría ser el «momento oportuno» para Marruecos, reproduciendo la táctica pacífica en apariencia pero expansionista en esencia que usó Hassan II para presionar a España sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, ¿realmente debemos temer una nueva e hipotética marcha masiva cuando llevamos una década padeciendo una marcha verde silenciosa y constante? Esta invasión descontrolada, camuflada bajo flujos migratorios ilegales, ya ha superado en volumen aquella movilización de 350 000 marroquíes, erosionando paso a paso nuestra soberanía, economía y convivencia social.
En noviembre de 1975, el rey Hassan II organizó una procesión de unos 350 000 civiles desarmados hacia el Sáhara, un acto simbólico que disfrazaba presiones territoriales y obligó a España a ceder el control. Hoy, esa cifra se queda corta ante el cómputo acumulado de inmigración ilegal en España durante la última década. Según informes del Ministerio del Interior y Frontex, entre 2015 y 2024 han llegado más de 362 000 inmigrantes ilegales por rutas marítimas y terrestres, principalmente la atlántica hacia Canarias y las vallas de Ceuta y Melilla. Desglosemos estos números año por año, basándonos en datos oficiales, para apreciar la escala: en 2015, unas 5300 entradas; 2016, 8200; 2017, 28 600; 2018, un pico de 64 300; 2019, 32 500; 2020, 41 900 pese a la crisis sanitaria; 2021, 42 300 (+10 000 en Ceuta); 2022, 31 200; 2023, 56 852; y 2024, otro récord con 63 970, representando un incremento del 12,5 % respecto al año anterior. Esto suma más de 385 000, superando en un 10 % los 350 000 de 1975. En 2025, hasta el 30 de junio, se registraron 16 931 llegadas, una caída del 28,6% respecto a 2024, posiblemente por acuerdos temporales con países de origen, pero las proyecciones hasta agosto indican que se superarán las 20 000, manteniendo el flujo constante que llevará a que se superen los 400 000 inmigrantes ilegales en la última década. Estas cifras no incluyen los no interceptados, circunstancia que se manifiesta en los últimos años debido a la alta presión logística que soportan algunos puntos calientes de la inmigración ilegal. Esta «marcha» no es un evento puntual, sino un goteo orquestado por mafias, que explota vulnerabilidades y compromete nuestra frontera sur.
Lea también: Anteproyecto de Información Clasificada: ¿Más democracia o menos información?
Más allá de los números, esta marcha verde actual conlleva riesgos graves que merecen un análisis. Uno de los más críticos es la infiltración de activos yihadistas, un fenómeno documentado donde rutas migratorias ilegales sirven de canal para extremistas. Acontecimientos muy concretos nos han advertido repetidamente que las mafias facilitan la entrada de radicales camuflados entre inmigrantes ilegales de origen subsahariano y magrebí. Un ejemplo concreto es el de Abdel Bari, un yihadista británico del ISIS detenido en Almería en abril de 2020, tras infiltrarse vía inmigración ilegal; calificado como uno de los más buscados en Europa, planeaba atentados y se ocultó en los flujos ilegales. Otro caso, en 2021, un yihadista alineado con Al Qaeda fue detenido en Mogán, Gran Canaria, donde buscaba reclutar adeptos entre comunidades de inmigrantes llegados ilegalmente. Además, la Operación Arbac, una redada policial en 2021, desmanteló una célula yihadista en Barcelona y Madrid, con miembros que habían entrado ilegalmente en España, liderados por un Sheikh que llegó a pactar la compra de un fusil AK47, con el que pretendía sembrar el terror en España. Estos ejemplos ilustran un patrón: sin controles exhaustivos, la inmigración descontrolada es un vector de amenazas terroristas.
Lea también: Del apagón a la expropiación: el coste oculto de las energías renovables en el sector agrario
Otro riesgo emergente es la delincuencia asociada a estos flujos migratorios, que, aunque no generalizable a todos los inmigrantes, se evidencia en zonas de alta presión como Canarias y Andalucía. Datos policiales muestran incrementos claros en delitos organizados en áreas con asentamiento masivo de inmigrantes ilegales, como robos con violencia y delitos contra la integridad sexual de las mujeres. Ejemplos recientes, documentados en hemeroteca, ilustran esta realidad: en junio, un marroquí agredió sexualmente a un joven en la estación intermodal de Palma; el mismo mes, en Huelva, otro marroquí robó con violencia a una anciana; en Granada, un marroquí sin carné atropelló a un niño de 2 años mientras hacía caballitos; en julio, como todos sabemos, en Torre Pacheco tres marroquíes apalearon a un anciano de 68 años; y también en julio, en Palma, cuatro argelinos llegados en patera fueron detenidos por robos con violencia en la playa, utilizando botellas de cristal rotas para intimidar a las víctimas. Estos casos, entre otros, subrayan cómo la falta de control fomenta entornos propicios para el crimen, impactando la convivencia diaria, con aumentos de los delitos en barrios adyacentes a las zonas de llegada de inmigrantes ilegales.
Económicamente, esta marcha silenciosa drena recursos públicos de forma alarmante. Estimaciones independientes calculan que el exceso de inmigración cuesta al Estado más de 30 000 millones de euros anuales, cubriendo acogida, subsidios y gestión, mientras muchos inmigrantes ilegales acceden a servicios sin contribuir fiscalmente. En 2024, solo en Canarias, el gasto superó los 100 millones en centros de internamiento y traslados, agravando el desempleo local y la presión sobre sanidad y educación. Esta carga no es sostenible, drena presupuestos que podrían destinarse a nativos en necesidad, erosionando la cohesión social y fomentando tensiones innecesarias.
Mirando al futuro, ¿cómo sería otra década padeciendo esta marcha verde silenciosa? Basándonos en la evolución histórica –un promedio de 36 200 llegadas anuales desde 2015, con incrementos notables como el 104 % de 2017 a 2018, el 34 % de 2022 a 2023, y el 12,5 % de 2023 a 2024–, proyectamos al menos 362 000 entradas adicionales entre 2026 y 2035, rozando los 800 000 inmigrantes ilegales desde 2015. Si persisten tendencias alcistas, como los picos del 10-20 % anual observados en años de crisis geopolítica y considerando que la caída inicial de 2025 podría revertirse con un repunte similar al de 2023 (cuando hubo un notable incremento porcentual en llegadas marítimas), el total podría escalar a 500 000 o más en la próxima década. Esto implicaría una sobrecarga de servicios sociales en un 30-50 %, incrementos en delincuencia localizada hasta el 40 % en zonas afectadas y elevados riesgos terroristas con posibles atentados. Económicamente, el coste podría escalar a 300 000 millones acumulados, enquistando desigualdades y radicalización, mientras la identidad nacional se diluye en un multiculturalismo forzado. Esta prospectiva no es alarmista, sino lógica y basada en patrones actuales. Sin cambios, la erosión de nuestra convivencia se acelerará, transformando España en un territorio vulnerable a presiones externas constantes.
En conclusión, la amenaza de septiembre distrae de la realidad: Marruecos ya ejerce presión diaria a través de entradas incontroladas. Es imperativo actuar con determinación, blindando nuestras fronteras, implementando deportaciones inmediatas, forjando acuerdos firmes y priorizando la inmigración legal en los momentos que así sea necesario. No esperemos a que la marcha verde sea visible; la silenciosa ya socava nuestro futuro. Despertemos con hechos, no con complacencia, para preservar lo que nos une como nación.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
