La reforma judicial es una «amenaza histórica» a los derechos ciudadanos: entrevista a Magistrado González

Entrevista a Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)

El magistrado González ha accedido gentilmente a profundizar sobre la reforma judicial y fiscal que el Gobierno está tramitando en modo urgente, de manera que los ciudadanos puedan conocer con más detalle cómo les afectarían estos cambios en caso de aprobarse.

Se trata de un nuevo proyecto de ley que según las asociaciones de jueces y fiscales, si se promulga, supondría «un serio retroceso del Estado de derecho».

El 14 de mayo, la Asociación Profesional de la Magistratura junto a otras asociaciones de jueces y fiscales emitieron un comunicado alegando una serie de aspectos sobre la reforma, y al no obtener respuesta de las autoridades realizaron una huelga histórica y trasladaron al Parlamento Europeo su preocupación por el perjuicio a la separación de poderes que supondría la aprobación de esta reforma.

Epoch Times Epaña: Magistrado, ¿nos puede explicar, en un lenguaje que la ciudadanía pueda entender, por qué ustedes se oponen a esta reforma?

Magistrado González: Muchas gracias por la oportunidad de permitirme explicarlo de una manera quizás más cercana para que pueda todo el mundo aprender de lo que estamos hablando.

Nosotros hablamos de una reforma, de una ley, pero esta no es más que un paso más en un largo proceso de continuas reformas y actuaciones de diverso tipo a lo largo de los años. En España, considero que un hito muy significativo se produjo con la promulgación de la Ley de Amnistía. Dicha ley, ampliamente conocida, será próximamente objeto de debate en Europa en cuanto a su conformidad con el Derecho de la Unión Europea. A partir de ese momento, comenzaron a sucederse numerosas actuaciones por parte de los poderes públicos.

Vimos cómo miembros del gobierno y políticos se dirigían a los jueces que conocían de asuntos de trascendencia política, con descalificaciones cada vez más groseras, cada vez más graves; y vimos cómo poco a poco se fue generando ese caldo de cultivo que luego ha derivado en las actuales leyes, en las actuales reformas. Caldo de cultivo, porque al fin y al cabo lo que se está constantemente intentando es que se vea que los jueces prácticamente participamos de alguna especie de debate político. Los jueces no somos políticos. Los jueces somos de todos [los ciudadanos] con independencia de las ideologías. Además, sobre todo, de quién somos es del más débil, porque algo que dedicamos es a proteger al más débil.

El problema ha sido que la última reforma, pese al deterioro acumulado durante los últimos años, ha supuesto quizá la gota que colma el vaso de un hastío y de un deterioro institucional. Con esta reforma hemos comprobado que, en el fondo, lo que se pretende —tras años de desacreditar a los jueces— es sustituirlos de alguna manera. ¿Y cómo se los sustituye? Pues mediante reformas en distintas áreas de la carrera judicial y también de la carrera fiscal. Esto será relevante más adelante, como le explicaré.

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La situación ha sido, en esencia, la siguiente: «queremos cambiar a los jueces porque llevamos mucho tiempo afirmando que no actúan correctamente; los estamos desacreditando, diciendo que participan en exceso en la política, y lo que pretendemos ahora es aislarlos de ella». Esta intención, en principio, nos parece adecuada. Sin embargo, no compartimos ese diagnóstico ni hemos participado de dicha visión. Por tanto, acogemos con satisfacción cualquier medida orientada a reforzar la independencia judicial. El problema es que las medidas adoptadas no siguen realmente esa dirección.

Entre las medidas adoptadas, una de las más destacadas es, quizá, la incorporación de 1000 personas a la carrera judicial. Esta decisión resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que, durante años, las convocatorias han sido escasas, con apenas 50 ó 100 plazas anuales. Introducir de forma repentina un número tan elevado supone una medida de gran calado. ¿Cuál es la consecuencia? Una notable disminución del nivel de exigencia. Además, a estas 1000 personas se les permite el acceso bajo el único requisito de haber ejercido durante cinco años en actividades relacionadas con el ámbito jurídico, junto con la superación de un examen práctico de dificultad relativamente baja.

El ciudadano tiene derecho a un juez técnico; tiene derecho a un juez al que, además, le haya costado mucho llegar a serlo. ¿Por qué? Primero, porque así lo valora más. Segundo, porque, además, tiene un conocimiento técnico. De modo que, si el juez se va a equivocar —porque alguna vez se equivocará—, primero, usted tiene un régimen de recursos: podrá acudir siempre a otro juez. Y, además, la equivocación será por cuestiones técnicas. No va a haber dudas sobre lo que hace el juez; no se va a generar ese caldo de cultivo, esa idea de que actúa por motivos políticos.

Al final, a los jueces se nos está situando en una tesitura en la que participamos en un debate político en el que no queremos estar ni del que deseamos formar parte. Porque los jueces defendemos a todo ciudadano, sea cual sea su ideología, su posición o incluso si nos desprecia, como estamos viendo últimamente en algunos casos en los que se señala a los jueces como si fuéramos una casta, ajena a la sociedad. Estas afirmaciones, que a veces se pronuncian con ligereza, nos alejan de la realidad, y no es así. Somos personas muy normales. De hecho, así lo reflejan las estadísticas: solo un 6 % de los jueces procede de familias vinculadas al ámbito jurídico —jueces, abogados, fiscales—, y la mayoría no tiene ningún antecedente familiar relacionado con el Derecho; algunos, incluso, provienen de entornos sin estudios superiores. La oposición, en muchos casos, ha sido un verdadero ascensor social.

Esa es la realidad de los hechos, pero no resulta cómoda para un poder que ve cómo, cada vez más, se abren causas en su contra y la justicia cuestiona muchas de sus actuaciones, iniciando procedimientos contra personas cercanas al Gobierno. Ante estas situaciones, lo que suele ocurrir —y es algo muy humano— es decir: «el juez me tiene manía» o «el juez no sabe nada». Por desgracia, esto lo hemos vivido siempre. Esta es la realidad de siempre.

A esa reforma se le añaden, además, otras cuestiones dentro de la carrera judicial que, aunque en apariencia son de naturaleza orgánica, en realidad avanzan siempre en la dirección de atacar la línea de flotación de las carreras judicial y fiscal. Mencionaba antes a la fiscalía. ¿Por qué? Porque un paso más en todo este proceso es atribuirle también a la fiscalía la instrucción y la investigación de los delitos.

Se le retira la instrucción a los jueces, que son independientes, y se les entrega a los fiscales, que no lo son, ya que mantienen una relación de dependencia con el fiscal general del Estado. Actualmente, el fiscal general del Estado en España está siendo investigado por los tribunales y es nombrado directamente por el Gobierno. Existen dudas razonables sobre si el fiscal general actúa como una correa de transmisión del poder ejecutivo. Si, además, se le otorgan las funciones de investigación, se generan, como mínimo, serias dudas sobre la independencia y sobre la posibilidad real de que se investigue lo que corresponde.

Es una ironía profunda que el fundamento declarado de todo lo que se está haciendo sea fortalecer la independencia de jueces y fiscales, es decir, alejarnos definitivamente de lo político, cuando, en realidad, la reforma lo que hace es incrementar las posibilidades de injerencia política. Se amplían las oportunidades para que los gobiernos —cualquiera, el actual o los que vengan en el futuro— puedan influir, de alguna manera, en el ámbito judicial. Esto, como mínimo, genera una gran desconfianza.

Yo siempre insisto en una idea. Yo creo que la democracia se fundamenta en la confianza. Creo que el ciudadano tiene que confiar en sus poderes públicos. Creo que el ciudadano cada vez confía más en sus jueces porque ve que somos independientes, pero también creo que eso evidentemente perjudica el relato del gobierno y creo que esta reforma obedece fundamentalmente a eso.

Epoch Times España: Hemos visto que el 28 de junio hubo un gran apoyo a la movilización que ustedes realizaron frente al Tribunal Supremo. Sin embargo, quizás la ciudadanía no ha llegado a comprender del todo hasta qué punto les afecta esta reforma, y algunos podrían verla como un conflicto entre jueces y Gobierno. ¿En qué medida afecta al ciudadano de a pie esta reforma?

Magistrado González: El primer planteamiento respecto a esta reforma y a la posible huelga —que finalmente realizamos durante tres días— es que se trata de una huelga histórica en España. Aunque hemos convocado huelgas contra gobiernos de todos los colores —insisto en que no somos políticos— la realidad es que esta huelga ha sido histórica porque la amenaza que enfrentamos es histórica. Y esa amenaza radica, fundamentalmente, en que lo que se está haciendo supone una merma de los derechos de los ciudadanos.

Con esta reforma se pretende, en primer lugar, alterar la separación de poderes. Si los jueces acceden de manera más sencilla, y además lo hacen por una vía especial y protegida que el Gobierno crea exclusivamente para unos pocos escogidos, surgen dudas sobre la separación de poderes. Esta debe estar muy clara; es fundamental que quede patente que el juez no mantiene ninguna relación con el poder político, porque de lo contrario, ¿en qué medida podríamos juzgar al Gobierno si estamos mezclados con él? Eso resulta imposible.

Tiene que haber una fiscalización total y para eso tenemos que estar totalmente separados. Pero es que afecta también a la independencia judicial desde el momento en que lo que estamos planteando es, «oiga, vamos a meter gente del Parlamento en la comisión de ética, vamos a privar de elecciones internas a las salas de gobierno de los TSJ [Tribunales Superiores de Justicia], vamos a limitar los votos y vamos a limitar la financiación de las asociaciones».

Son muchas cosas que van directamente a lesionar esa imagen de independencia, de separación de poderes y, por tanto, del Estado de derecho. El Estado de derecho es la garantía del ciudadano. Que un ciudadano sepa que sus jueces son independientes, que están separados de otros poderes y que van a protegerlos frente al todopoderoso gobierno, frente a la todopoderosa administración. Pensemos en Hacienda, pensemos en casi cualquier órgano de administración, cómo arrolla a un ciudadano. Los jueces estamos ahí para evitar que eso suceda, que se pueda arrollar a alguien. Tardamos mucho, los medios son escasos y parece que nunca interesa mucho darnos muchos medios. Por eso siempre hemos pedido autonomía presupuestaria para poder disponer de los fondos nosotros y que podamos así de alguna manera destinar los fondos a que vaya mejor la justicia, que es nuestra voluntad.

Ya le digo que nosotros no somos, ni mucho menos, las oposiciones que más dinero ganan. De hecho, somos de las que menos, y estamos aquí por vocación. Nosotros pretendemos proteger al ciudadano, porque este debe tener claro que el Estado de derecho es lo único que lo ampara frente al más fuerte. Lo contrario al Estado de derecho es la ley de la selva, donde siempre impera el más fuerte. El Estado de derecho nos protege frente a quien ostenta mayor poder: esa gran empresa, un trabajador o un consumidor; esa gran hacienda, un contribuyente. En definitiva, nosotros protegemos a todos los ciudadanos, y para ello necesitamos ser independientes. Es imprescindible mantener la separación de poderes, porque la ciudadanía debe confiar en la justicia y poder acudir a ella. Y, atención, lo hacen con frecuencia: tenemos un alto nivel de litigiosidad. No me gusta pensar que sea porque el español medio disfrute discutir con el poder; al contrario, creo que es porque confía en sus jueces y en la justicia. Pero hay que dotarla de medios, y no solo eso, sino también de una imagen efectiva de total independencia, para que siempre se tenga la seguridad de que será protegida.

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Epoch Times España: Hablando sobre la independencia y el hecho de que los jueces no deben ser políticos, algo que llama mucho la atención es la reciente introducción en el debate público y mediático del concepto de jueces conservadores y jueces progresistas. Por ejemplo, en la reciente votación del Tribunal Constitucional, que finalmente avaló la ley de amnistía, se observó una clara división entre jueces progresistas y conservadores, hasta el punto de que el presidente del Gobierno anunció el sentido del fallo incluso antes de que se hiciera público. El sindicato Manos Limpias ha presentado una querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional, alegando que han cometido prevaricación judicial. En su opinión, ¿qué recorrido puede tener esta querella?

Magistrado González: A ver, creo que en este punto hay que hacer distinciones. Los magistrados constitucionales no son magistrados del poder judicial; pertenecen a un órgano distinto. Sus miembros se nombran de manera diferente y no están vinculados al poder judicial. Sin embargo, hemos visto cómo se aplican etiquetas, y, por desgracia, quienes las ponen buscan politizar la cuestión. Esta es la regla de oro, es así de sencillo. ¿Por qué? Porque simplificar los argumentos hasta reducirlos a «este es conservador» o «este es progresista» solo busca politizar y transformar todo en algo sencillo y comprensible para que el ciudadano se alinee políticamente con lo que convenga. Tengo compañeros con muchas ideologías diferentes, muchas de ellas dentro de mi asociación, a la que se califica de conservadora. No sé si realmente somos conservadores; personalmente, creo que somos profesionales por encima de todo y que lo que queremos es que la justicia funcione mejor. Si eso es ser conservador, lo somos, pero nuestro único objetivo es mejorar la justicia.

¿Qué sucede? Que sí existen asociaciones que se autodefinen como progresistas y se ponen esa etiqueta. También hay compañeros de asociaciones que aplican etiquetas, y considero que esto es una irresponsabilidad, porque, insisto, quien pone etiquetas politiza, y quien politiza persigue un interés que trasciende lo judicial. Por tanto, no entro en esas valoraciones. Creo que es un error autodefinirse de una u otra manera, porque nuestra labor es proteger a todos los ciudadanos.

¿Qué ocurre con el Tribunal Constitucional? Pues que, lamentablemente, se reproduce siempre la misma votación. Se observan dos bloques muy diferenciados, cada uno votando en un sentido opuesto, y no parece haber posibilidad de conciliación.

El Tribunal Constitucional se ha convertido en un órgano que prácticamente legitima todo lo que proviene del Gobierno. Al final, esa es su función actual. Resulta una auténtica pena que una institución con tanta historia y que gozaba de un elevado prestigio vea cómo este se pone en duda constantemente. Incluso, como mencioné antes, el presidente del Gobierno anunció el fallo el día antes de que se hiciera público, lo cual demuestra que ni siquiera se respetan las mínimas formas para mostrar un mínimo de independencia.

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De todas maneras, como le digo, el Tribunal Constitucional no es un órgano del poder judicial.

¿Cómo puede prosperar esa querella. Pues mire, no lo sé. Ignoro cuál es el contenido. No he leído el contenido de la querella que han formulado, pero, en cualquier caso, el problema ya no es la querella, el problema es que al final nos encontramos en una democracia que tiene que tener confianza en sus instituciones y el Tribunal Constitucional más que confianza genera previsibilidad.

Es previsible lo que van a resolver en cada caso, y por desgracia que sea previsible y que los argumentos no solo ya estén «manidos» o sean sabidos, sino que además no convenzan, es terrible. Y es terrible que veamos una permanente votación con iguales números todas las veces y similares argumentos a los que vemos pocas semanas antes en el gobierno o en periódicos, en la prensa. Es una pena el deterioro que hay.

Entonces, la querella no me parece tan preocupante como la lesión al prestigio de la institución, que eso sí que me parece que va a ser además muy difícil de recuperar porque al final la querella se dirige a personas. Si se cambian luego más o menos podremos recuperar el prestigio de la institución. Pero si se afecta el prestigio de la institución, eso no es tan fácil de recuperar.

Y es que la confianza del ciudadano en sus instituciones es difícil conseguirla, es muy fácil perderla y es muy difícil recuperarla, y esa es la gran desgracia a la que nos enfrentamos ahora.

Epoch Times España: Respecto a la reforma del Poder Judicial, el partido político Junts ha registrado en el Congreso más de 20 enmiendas. Entre ellas, destaca una que reclama la supresión de la Audiencia Nacional, órgano al que consideran franquista y, básicamente, obsoleto. ¿Podría usted explicar, para que la audiencia lo entienda primero, qué es la Audiencia Nacional y, posteriormente, ofrecernos su opinión sobre estas enmiendas?

Magistrado González: La Audiencia Nacional es un órgano jurisdiccional que tiene competencia en ciertas materias muy peculiares y es verdad que tiene competencias que se derivaron originalmente. Junts, es un partido político y al final introduce ciertos sesgos en las manifestaciones que hace.

La Audiencia Nacional no es un órgano franquista. Se define principalmente como un órgano dotado de muchos medios, capaz de investigar cuestiones complejas y de especial trascendencia. Por ejemplo, fue la sede de la investigación de todo el terrorismo que hubo en España durante muchos años, especialmente en el País Vasco, aunque también en Cataluña, y a pesar de que los atentados se produjeron en todo el territorio nacional, la investigación estaba centrada principalmente en el País Vasco.

Se decidió que la Audiencia Nacional fuera un órgano encargado de asuntos muy particulares y, de alguna manera, esta decisión siempre ha tenido una gran lógica, especialmente en lo relativo a la investigación de casos complejos, como grandes redes de narcotráfico. En definitiva, es un lugar con muchos recursos, donde se pueden llevar a cabo investigaciones complejas, y cuyos miembros cuentan con gran experiencia debido a la antigüedad en su carrera.

No es fácil llegar a ser magistrado de la Audiencia Nacional, y esto les permite llevar a cabo investigaciones especialmente complejas. Hablamos, por ejemplo, de grandes estafas internacionales, redes de narcotráfico, trata de seres humanos y otros delitos que se cometen en diversas partes del territorio nacional. Por ejemplo, podrían ser delitos cometidos en Sevilla, Valencia o Barcelona; ¿quién puede hacerse cargo de todos ellos? Podrían hacerlo los tribunales locales, pero dada la gran complejidad y las dificultades en su tramitación, la justicia necesita contar con los medios adecuados para desempeñar su labor. La Audiencia Nacional dispone de recursos suficientes para realizar esas investigaciones específicas. Por tanto, su existencia responde, en buena medida, a una cuestión logística.

Esa cuestión logística ha sido calificada por este partido político como una herencia franquista. Pero, dígame usted: Franco falleció hace más de 50 años, y seguimos con la misma idea, cuando la realidad es que yo nací mucho después de esa época y no hay ningún magistrado en activo que ejerciera durante el franquismo. Podemos hablar de esas cuestiones, incluso de la época de Don Pelayo, si se quiere, pero son herencias históricas y no tiene mucho sentido plantearlo de otra manera.

La Audiencia Nacional se rige por la Constitución y por la ley. Lo que ocurre es que, quizá, «no nos guste la Constitución ni la ley». Eso puede ser, ya que precisamente este partido político no está muy a favor ni de la Constitución ni de la ley. De hecho, el mayor ataque a la Constitución que se ha producido es la ley de Amnistía y todo el conflicto que se ha generado en torno a ella. Entiendo que no les parezca bien, pero no puedo compartir esa postura.

Epoch Times España: ¿Qué podemos esperar si se aprueba finalmente esta ley que además se ha tramitado por una vía de urgencia? ¿Qué podemos esperar si finalmente se aprueba?

Magistrado González: ¿Qué podemos esperar después de una tramitación en la que no ha habido debate alguno? Y no, como estamos viendo, el único debate que existe es el que mantenemos nosotros mediante una huelga y una concentración. El gobierno no quiere recibirnos ni escucharnos. De hecho, en la reunión que mantuvimos como comité de huelga —del cual formo parte—, en el ministerio, lo cierto es que no parecía que quisieran escuchar; lo único que ofrecían eran reformas cosméticas, ignorando el fondo del asunto y negándose incluso a debatirlo. Es decir, no ha habido debate alguno ni lo habrá en sede parlamentaria, como estamos comprobando; simplemente, se busca reunir mayorías suficientes para aprobar la ley.

¿Y qué podemos esperar? Pues una reforma grave de la carrera judicial y fiscal, que tiende a aumentar las injerencias de los poderes políticos y, en última instancia, a un deterioro que, por supuesto, combatiremos siempre y en todo caso. No obstante, una vez promulgada la ley, estamos obligados a cumplirla. Podemos debatirla y cuestionarla, pero nuestra esperanza recae en el Tribunal Constitucional, que por ahora no parece mostrar indicios de cambio… Podemos anticipar ya cuál será el resultado, desafortunadamente, en muchas ocasiones.

La otra opción que nos queda es acudir a la Unión Europea, donde hemos estado esta semana, y considero que de allí podría salir la solución a este problema. La realidad es que no se trata únicamente de un problema español, sino europeo, ya que tiene una trascendencia que afectará más allá de nuestras fronteras. Además, no somos solo jueces españoles, sino jueces europeos, y nuestro estatuto está siendo alterado de tal manera que genera serias dudas. Estas dudas graves ya se han manifestado en otros países, y hemos visto cómo la Unión Europea ha actuado de forma expeditiva con Hungría y Polonia. Esperemos no tener que llegar a ese punto.

¿Qué puede pasar? Pues pueden pasar muchas cosas, pero, frente a todas ellas intentaremos hacer lo posible para evitar que al ciudadano le afecten. Cualquiera de ellas. Haremos lo posible.

Epoch Times España: En el caso de que estas reformas fueran aprobadas y se convocaran nuevas elecciones generales, dado que parece que las elecciones anticipadas están próximas, ¿sería posible revertir dichas reformas? ¿Un nuevo gobierno tendría la capacidad para hacerlo?

Magistrado González: Hay aspectos que sí podrían ser reversibles y otros que no. Esta situación es similar a la de la ley de Amnistía. Existen disposiciones legales que se consolidarían con la reforma. Por ejemplo, si se realiza la convocatoria para incorporar a esas 1000 personas previstas, los efectos serían definitivos. En el caso de la ley de Amnistía, al tratarse de una norma penal, no se puede aplicar retroactivamente a casos anteriores, por lo que sus consecuencias se mantienen. En cambio, con esta nueva ley, aunque se generen derechos adquiridos, estos podrían ser revocados, aunque no será un proceso sencillo, sino más bien complicado.

Epoch Times España: ¿Cuál es el trámite que tiene que pasar ahora mismo esta ley, esta reforma?

Magistrado González: Esta ley tendría que presentarse al Congreso, al pleno para ser votada, y una vez votada y aprobada tendría que pasar al Senado, lo cual implicaría al menos un par de meses más aparte de la tramitación y luego tendría que volver otra vez al Congreso para resolver las mociones que hubiese planteado el Senado. El Congreso puede de alguna manera levantar las mociones que se plantean en el Senado con las mayorías necesarias y luego sería la promulgación. Entiendo que se está buscando la mayoría para poder aprobarla.

Epoch Times España: Ustedes están intentando apelar a la justicia europea. ¿Qué recorrido tiene eso también? ¿En cuánto tiempo o cómo se manifestaría la justicia europea?

Magistrado González: La justicia europea tarda algo más. Es justicia. La justicia, al final, tarda un poco porque es la garantía de que las cosas se revisan bien, porque se revisa todo para dar un pronunciamiento.

Luxemburgo podría tardar aproximadamente un año en resolver, contados desde la presentación de las cuestiones pertinentes. El problema radica en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea únicamente interviene una vez que la ley esté promulgada y en vigor, ya que no se pronuncia sobre cuestiones teóricas, sino sobre la aplicación práctica del derecho. Por tanto, primero debe haberse producido esa situación para que pueda actuar.

Lo cierto es que, mientras tanto, la cuestión está en manos de la Comisión Europea, amparada por los tratados de la Unión Europea. Uno de los principios fundamentales de estos tratados es el Estado de derecho, pilar esencial del sistema. La Comisión Europea tiene la obligación de proteger este principio. En este contexto, la Comisión ha mostrado un notable interés en el asunto, al igual que el Parlamento Europeo, por lo que puede afirmarse que ambas instituciones están, en cierto modo, preocupadas por esta cuestión.

La trascendencia de esa preocupación puede ser muy elevada. Existe la posibilidad de que la Unión Europea plantee a España un procedimiento de infracción por la aprobación de una normativa que pueda contravenir el derecho de la Unión Europea. Este procedimiento puede iniciarse incluso antes de que la ley sea promulgada, siendo la Comisión Europea el principal órgano encargado de hacerlo.

Hasta ahora, la experiencia que hemos tenido, al menos a nivel personal, ha sido positiva, ya que se nos ha escuchado en todas las cuestiones que hemos planteado, lo cual resulta en cierto modo inédito. Digo «en cierto modo» porque el precedente de estas reuniones es preocupante: la última vez que se celebraron encuentros de esta naturaleza fue en relación con la situación en Polonia y Hungría, y sabemos que el resultado no fue favorable. Fue una situación grave para ambos Estados y compleja para la Unión Europea.

Hablamos de España, un socio especialmente importante y un Estado clave dentro de la Unión Europea, además de un referente en numerosos aspectos para la propia Unión. Por ello, la situación resultaría especialmente grave. En consecuencia, apelamos a la responsabilidad de los poderes públicos y de quienes están encargados de esta materia, solicitando, al menos, que se nos escuche, lo cual ya sería un avance significativo.

Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times