Telefónica ha iniciado hoy las negociaciones para lo que podría convertirse en el mayor expediente de regulación de empleo (ERE) de la historia reciente de España.
La multinacional de telecomunicaciones, con una plantilla de 25 000 empleados en el país, busca aplicar despidos colectivos en siete filiales clave, en el marco de un ambicioso plan estratégico que apunta a recortar hasta un 25 % de sus costes operativos.
Aunque la compañía no ha desvelado cifras oficiales de afectados, fuentes sindicales y medios estiman entre 6000 y 7000 salidas, lo que representaría casi una cuarta parte de su fuerza laboral en España.
Este movimiento llega apenas un año después del ERE de 2024, que se cerró con 3421 bajas voluntarias y un coste de 1300 millones de euros, generando un ahorro anual de 285 millones.
El anuncio formal se produjo el 17 de noviembre, cuando Telefónica notificó a los representantes de los trabajadores —UGT, CCOO y Sumados-Fetico— su intención de activar los procedimientos por «causas objetivas».
Hoy, lunes 24, arrancan las mesas para las tres filiales amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV): Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Mañana, martes 25, le tocará el turno a la matriz Telefónica S.A., junto con Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.
El objetivo es cerrar el proceso antes de fin de año o inicios de 2026, para optimizar su impacto contable.
Pero el telón de fondo es un plan estratégico presentado el 4 de noviembre por el consejero delegado, Emilio Gayo, que proyecta ahorros de 3000 millones de euros hasta 2030 —de ellos, 2300 millones para 2028—, con el 75 % concentrado en gastos operativos, incluyendo salarios.
Eficiencia a toda costa
El documento, bautizado como «Transform & Grow», no es solo un ajuste presupuestario.
Telefónica, que acumula una deuda financiera neta de 26 000 millones de euros y pérdidas de más de 1000 millones en los primeros nueve meses de 2025, apuesta por simplificar su estructura corporativa.
La reducción del 25 % en costes operativos se centra en el núcleo del grupo: el centro corporativo y las unidades globales como Telefónica Tech, Telefónica Infra y la división de Innovación. Esto equivale a 2010 millones de euros de ahorro acumulado hasta 2030, según detalló Gayo en la presentación ante inversores.
«En los números que hemos dado, de los 2300 millones en el 2028, de los cuales casi el 75 % son opex —gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales—, hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer», declaró el directivo el 4 de noviembre en Madrid.
«Respecto a la pregunta concreta sobre un posible ERE, si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores», añadió.
Este enfoque dialogado contrasta con la urgencia financiera de la compañía, que debe enfrentar una competencia feroz de rivales como Vodafone y Orange, que operan con plantillas más delgadas —juntas suman unos 11 000 empleados en España—.
Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, alertó que «costes como los de espectro, arrendamientos o mano de obra están creciendo mucho más rápidamente que nuestros ingresos… Si no cambiamos esta estructura, nuestros márgenes van a disminuir».
Un tablero de siete piezas
Las mesas de diálogo, constituidas en el plazo legal de una semana tras el preaviso del 17 de noviembre, prometen ser complejas.
Las tres primeras filiales del CEV concentran la mayor parte de la plantilla afectada, con unos 18 000 trabajadores entre las tres.
Los sindicatos insisten en un proceso «universal y no discriminatorio», rechazando acuerdos fragmentados por sociedad.
Esta demanda se alinea con el pacto de octubre para un «marco social común» en España, que incluye cláusulas sobre impacto de la inteligencia artificial en el empleo y atracción de talento.
Sumados-Fetico aboga por condiciones económicas «al menos equivalentes» a las de 2024: indemnizaciones medias de 380 000 euros por salida, más incentivos para jubilaciones anticipadas.
El precedente de enero de 2024 es revelador: de 5124 bajas iniciales, se redujo a 3421 tras negociar un periodo voluntario con 3640 solicitudes. Aquel acuerdo, firmado en Madrid por las mismas centrales, evitó despidos forzosos y blindó convenios hasta 2027.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que entró en el capital de Telefónica con un 10 % a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en diciembre de 2023, observa de cerca.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, reiteró su posición el 17 de noviembre: «Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos».
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Una historia de recortes crónicos
Telefónica no es ajena a los ERE.
Fundada en 1924 como monopolio estatal, llegó a los 67 000 empleados en España en 1997, justo antes de su privatización total bajo el gobierno de José María Aznar.
Desde entonces, la plantilla se ha reducido en un 80 %, pasando por ajustes en 2003 (9000 salidas), 2010 (6500) y 2019 (3300).
En 2010, bajo José María Álvarez-Pallete, se eliminaron 20 000 puestos globales, con 6500 en España, en respuesta a la crisis financiera.
El ERE de 2024 fue el primero tras la irrupción de la pandemia, que aceleró la digitalización, pero erosionó ingresos fijos.
Hoy, con solo 25 000 trabajadores en el país —frente a 114 000 globales—, la compañía genera el 40 % de sus ingresos en Hispanoamérica, donde Brasil acapara 35 000 empleados.
En las próximas semanas, España sabrá si este ERE marcará el renacer de un coloso o acelerará su ocaso.
Con información de EFE
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