En un plató de Espejo Público, el programa matutino de Antena 3 que se jacta de fomentar el debate abierto, la influencer patriota Ada Lluch fue censurada de manera fulminante por atreverse a señalar los problemas de la inmigración ilegal. Con datos policiales en la mano, Lluch expuso cómo la entrada descontrolada de inmigrantes que no respetan nuestras leyes está afectando la seguridad ciudadana. Sus palabras, fundamentadas en estadísticas que vinculan a ciertos colectivos de inmigrantes ilegales con el aumento de la delincuencia, fueron demasiado para uno de los colaboradores, que la tildó de «intolerable» y «racista». El equipo de producción cortó su intervención y la sacó del aire, evidenciando que no se trataba de debatir, sino de purgar a quien osa desafiar la narrativa oficial de la acogida incondicional. Este acto de censura en directo no es un caso aislado; es un síntoma de una estrategia más amplia y preocupante que busca amordazar a quienes alertan sobre la debacle fronteriza en España.
La persecución no se detiene en los platós de televisión. En Málaga, la Fiscalía ha solicitado tres años de prisión para el Padre Custodio Ballester, acusado de un supuesto delito de odio por declaraciones en las que advertía sobre el islamismo radical y su impacto en la convivencia. Ballester no incitaba al odio generalizado, sino que señalaba problemas específicos de integración cultural y seguridad ligados a ciertos colectivos extremistas. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido convertir estas reflexiones en un caso penal, ignorando el contexto de libertad de expresión y demonizando a un sacerdote que solo pedía un debate honesto. Este proceso judicial no busca esclarecer, sino castigar a quienes se atreven a nombrar realidades incómodas.
Mi propio caso es otro ejemplo de esta cacería contra los disidentes. Acción Contra el Odio (ACO) me ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid por supuestos delitos de odio, racismo, desinformación, xenofobia y revelación de secretos. ¿El motivo? Un artículo en La Gaceta de la Iberosfera donde, citando fuentes policiales, señalé que el 90% de los delitos en San Sebastián eran cometidos por inmigrantes magrebíes, exigiendo medidas como deportaciones rápidas para restaurar la seguridad. Los datos que compartí —registros oficiales de detenidos— no son secretos, sino hechos verificables. Sin embargo, ACO los interpreta como incitación al odio, manipulando la ley para silenciar un periodismo crítico que se apoya en la realidad. Las matemáticas no mienten, y las diligencias policiales tampoco: hay una dinámica clara de criminalidad vinculada a la inmigración ilegal y descontrolada que afecta a barrios de múltiples ciudades españolas. ¿Es racista citar estadísticas? No, es un acto de responsabilidad cívica que busca proteger a la sociedad.
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Esta persecución responde a una estrategia deliberada, orquestada desde la firma del Pacto de Marrakech en diciembre de 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin consultar al Congreso ni a la ciudadanía española. El Objetivo 17 de este acuerdo, como alertaban entonces medios independientes como Caso Aislado, abre la puerta a criminalizar cualquier crítica a la inmigración ilegal, etiquetándola como «delito de odio» y permitiendo sanciones contra medios, partidos o ciudadanos que cuestionen la apertura indiscriminada de fronteras. «Criticar la inmigración se convertirá en un delito, y los medios que den cabida a esas críticas podrán ser cerrados», advertía la traducción exclusiva de aquel pacto, un texto rechazado por países como Hungría, Polonia o Estados Unidos por su amenaza a la soberanía nacional y la libertad de expresión. Medios como OK Diario también lo denunció sin rodeos: el acuerdo considera «delito de odio» cualquier posicionamiento contra la inmigración ilegal, allanando el camino para la represión que hoy sufrimos.
Incluso en el Parlamento Europeo, el eurodiputado holandés Marcel de Graaff alzó la voz en 2018 contra esta deriva autoritaria. Advirtió que el Pacto Migratorio no solo ignoraba amenazas culturales y de seguridad, sino que preparaba el terreno para silenciar a quienes defienden la identidad europea frente a una inmigración descontrolada. Sus críticas al islamismo radical y a la apertura de fronteras le valieron acusaciones de «islamofobia racista» por más de 50 eurodiputados, liderados por la socialista Cécile Kyenge, quienes exigieron sanciones contra él. De Graaff no se retractó y denunció cómo este pacto devolvería a Europa a un estado de censura medieval, una profecía que hoy vemos cumplida en España con casos como los de Lluch, Ballester o el mío propio.
El problema es innegable: la inmigración ilegal y descontrolada no solo colapsa servicios públicos y genera costes millonarios, sino que contribuye al auge de la criminalidad en múltiples ciudades europeas y españolas. Las estadísticas policiales, las diligencias judiciales y los hechos en barrios de Barcelona, Almería, Madrid, Palma, Bilbao y otras ciudades españolas, lo confirman. En lugar de abordar esta realidad con seriedad, las élites prefieren estigmatizar a quienes la señalan, etiquetándolos como «ultraderechistas» o «xenófobos». Esta no es la solución; es una huida hacia adelante que agrava la fractura social. Tapar el sol con un dedo no elimina los problemas, solo los agranda. Encarcelar, expulsar o demonizar a quienes plantean un debate basado en datos —como hizo Ada Lluch con sus estadísticas, el Padre Custodio con sus reflexiones o yo con mis artículos— no resuelve la inseguridad; la perpetúa.
España merece un debate honesto, no una mordaza impuesta desde despachos onusianos o platós progresistas. Necesitamos reconocer la realidad, analizarla con rigor y actuar con medidas concretas: fortalecer las fronteras, agilizar deportaciones de delincuentes y promover una inmigración ordenada que beneficie a todos. Las víctimas del Pacto de Marrakech —desde Ada Lluch, silenciada en directo, hasta el Padre Custodio, enfrentado a la cárcel, pasando por ciudadanos como yo, perseguidos por decir la verdad— no somos el problema. Somos quienes lo señalan, armados con hechos, estadísticas y la urgencia de proteger nuestra sociedad. La censura no apaga la realidad; solo la hace más explosiva. ¿Hasta cuándo permitiremos que las verdades silenciadas sean ahogadas por el dogma oficial? Es hora de abrir los ojos y enfrentar el problema con valentía, no con grilletes.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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