Olga, cuyo nombre ha sido cambiado para mantener su anonimato, tiene 66 años, es residente en Madrid y ha vivido una odisea por recuperar su piso en Albacete; odisea que se vio intensificada por la preocupación de ayudar a sus padres enfermos. Una joven ocupó su vivienda en el año 2023 y, desde entonces, la lucha por recuperarla ha llenado su vida de experiencias amargas y se convirtió en la principal fuente de deterioro de su salud.
Una vez que la salud de sus padres, que viven en Albacete, empeoró, ella pensó en ingresarlos en una residencia de la tercera edad por medio de una plaza pública, pero inicialmente no se la dieron, así que solo le quedó considerar la opción de una plaza privada.
Sin embargo, pagar 4000 euros por una residencia privada era inviable, ya que su sueldo no le daba para asumir semejantes gastos. La única solución que le quedó en ese momento era desplazarse cada vez que podía hasta Albacete y atender a sus padres.
Cuando su padre falleció, a la madre le dieron plaza pública en una residencia allí en Albacete y Olga tuvo que mudarse, dejando el piso en el que vivía y su trabajo en una tienda de artículos de bisutería.
El piso que tiene Olga en Albacete, el cual compró hace 8 años, lo consiguió con el fruto de los ahorros de toda su vida y la ayuda económica de sus padres. Cuando lo alquiló, nunca se imaginó que su inquilina le iba a dar tantos problemas.
Al principio, la joven de 32 años entró a la vivienda con su pareja y cuatro niños —dos varones de él y dos niñas de ella— que, según el informe del juzgado de primera instancia número 3, estaban en situación de abandono.
Ellos llegaron presentando la documentación necesaria para firmar el contrato, y la nómina del hombre daba cuenta de que tenía un trabajo aparentemente estable. Era suficiente para que Olga les alquilara su piso y confiara en que podían asumir los gastos del alquiler.
Sin embargo, días más tarde el hombre la llamó para decirle que él iba a estar en el piso de manera intermitente, una semana sí una no. Más tarde, Olga supo que la pareja tenía serios problemas de convivencia.
Hablando con sus vecinos se enteró de que, su inquilina, tenía un trabajo con compañías dudosas. Días después, la joven enseño a Olga fotos donde salía con la cara llena de moretones. Y ella, a su vez, maltrataba a los niños. Finalmente, los servicios sociales le quitaron la custodia.
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Las autoridades acudieron al piso y presuntamente se habrían llevado a la pareja de la inquilina, al que Olga nunca volvió a ver. Ella cree que la mujer le denunció y como resultado le pusieron una orden de alejamiento.
Los impagos comenzaron a presentarse, y en febrero del 2025 Olga le escribió para avisarle de que tenía hasta el mes de marzo para pagar. A su madre le habían dado la plaza pública, así que ya no iba a estar más en su casa cuidándola. Olga quería estar en su piso alojada, y así se lo hizo saber a su inquilina.
Tuvo que aguantar todo tipo de pretextos y mentiras de la joven de 32 años.
Mientras tanto, seguía buscando habitaciones que le fueran rentables para alojarse, con la esperanza de que su inquilina le resolviera la deuda que tenía por impagos del alquiler y de algunos servicios, como el agua. O al menos cumpliera con su palabra y desalojara el piso.
Según el registro de los servicios sociales, su inquilina tenía una condición de vulnerabilidad grave social y económica, y además estaba a cargo de una niña de cuatro años y otra de siete, así que cobraba una subvención del estado.
«Lo he pasado francamente mal porque yo he venido cada año un mes. Todos los años venía cada mes, cinco o seis días. Yo he tenido que estar pagando hoteluchos, pagando habitaciones, compartiendo casa, y ahí he estado todo este tiempo que a esta gente le ha dado la gana de estar aquí», afirmó Olga.
Como resultado de la desesperación, también intentó pagar a una empresa de desocupación, pero solo le sacaron dinero sin ofrecerle una solución real. Le dijeron que bajara el servicio de la luz de su piso a mínimos, hasta 300 w. Cuatro días después le dijeron que la subiera de nuevo, lo cual implicó un coste para Olga.
Lo único que pudo aliviar un poco la situación de Olga fue la demanda que interpuso en el juzgado de primera instancia número 3. A finales de junio y la joven por fin desalojó su piso. Olga cree que lo hizo por la presión que pudo sentir al verse involucrada en una demanda.
Tres cuentas de agua, una por valor de 286 euros y otras dos por valor de 90 euros, además de los muebles de su casa quemados y las paredes amarillas, están entre el saldo de daños que ocasionó la joven y las personas con las que se alojó.
Olga cuenta que cuando le hicieron la entrega de su piso figuraban 14 personas empadronadas, entre magrebíes, argelinos y malienses. Denunció este hecho ante la policía alegando que debía de haber una mafia.
«Mira todos los que tengo empadronados, porque esto tal vez era para que les dieran [beneficios de la] seguridad social y las pagas», agregó.
En relación a la demanda, la policía le dijo que de nada le iba a servir un papel, debido a que había muchos vacíos legales, así que ellos no podían hacer nada.
Ciudadana de Barcelona frustrada por el impago de sus inquilinos
Mayte quiere vender su piso ubicado en Nou Barris, Barcelona, porque solo le trae malos recuerdos. Ella lo alquiló en 2024 a una pareja de colombianos con tres niños que dejaron de pagar el alquiler a finales del mismo año.
La situación de impago del alquiler hizo que también contratara una empresa de desocupación, que prometió llegar a un acuerdo económico con los inquilinos para que dejaran su casa. Sin embargo, al final solo le cobraron dinero sin ofrecerle ninguna solución.
En enero interpuso una demanda contra ellos que llevó a una orden de desalojo para el día 30 de abril. Sin embargo, un día antes, el 29 de abril, sus inquilinos presentaron un recurso de alzada —una reclamación para impugnar la resolución que había sido dictaminada por la administración pública—.
Alegaron estar en condición de vulnerabilidad, pero el juez lo denegó. Después presentaron otro recurso alegando que no podían defenderse, lo que provocó una suspensión de la orden de desalojo, que fue aplazada hasta el 7 de julio, que era cuando se renovaba la sentencia.
Mayte contó que el ayuntamiento le dejó un piso a la familia. El día del desalojo, cuando llegó a su vivienda, estaba allí el cerrajero. Más tarde llegó una mujer del ayuntamiento asegurando que estaba allí para acompañar a la familia al piso que les habían proporcionado.
«Y le recordé que yo también era ciudadana de Barcelona y que a mí no me había acompañado nadie en todo este tiempo. Y bueno, me dijo que les habían dado un piso. Un piso de estos de emergencia para tener menores por un tiempo, pero bueno, supongo que sin pagar nada», afirmó Mayte.
En su piso dejaron estragos por todas partes: rompieron la vitrocerámica, la lavadora y el frigorífico ya no funcionaban, y también destrozaron un mueble del salón para poder poner allí un televisor grande y una consola Playstation.
Madrileña se siente desprotegida por el Estado
Maria Luisa Lozano Lambea sufrió los estragos de la inquiokupación en plena pandemia del coronavirus. Era el año 2020 cuando recibió en su piso de Carabanchel alto, en Madrid, a una inquilina que le rompió la lavadora, la nevera, las paredes y el suelo.
Después de dos años alojada en su piso, al final dejó una deuda de más de 20 mil euros, repartidos entre los 625 euros de cada mes de alquiler y los gastos adicionales, como el agua o la calefacción.
Maria Luisa se presentó en el portal de su piso con un saco de dormir y pasó allí varias noches en protesta por el impago de su inquilina. Los medios de comunicación hicieron eco de la situación y hasta allí llegaron, incluso, los policías antidisturbios, que se presentaron en el sitio, según Maria Luisa, para garantizar la integridad de la inquilina.
«Para que no le pasase algo a la pobre mujer, con 34 años… que es vulnerable y ya no podía trabajar. Ella es vulnerable», afirmó con un tono irónico. Al final, la presión mediática fue lo que provocó que su inquilina abandonara el piso.
La indignación de María Luisa despierta cada vez que recuerda cómo la joven, ante la petición de que le entregara su vivienda, le respondió que ella abandonaría el piso cuando así lo decidieran los jueces y las leyes del presidente de su país, Bulgaria.
Cuando por fin abandonó la vivienda y dejó las llaves en el juzgado, el abogado de María Luisa, sorprendentemente, le dijo que esperaran 15 días al menos para ir a por ellas, por si acaso la joven cambiaba de decisión y volvía a su piso.
La joven búlgara trabajaba sin estar dada de alta en la seguridad social y alegaba que el Gobierno no le daba ninguna ayuda. Sin embargo, los servicios sociales le ofrecieron una solución habitación al, la cual rechazó. Más tarde, la entidad pública optó por ofrecerle este mismo tipo de solución a María Luisa, lo cual provocó en ella una profunda indignación.
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«Y luego, lo más significativo es que como ella no quiere una solución habitacional, te la dan a ti. Pero yo no necesito una solución habitacional. Yo tengo mi piso», afirmó la afectada.
Después de cinco años, la sombra de aquel episodio amargo aún se extiende y afecta su día a día. La comunidad de vecinos denunció a Maria Luisa alegando algunos impagos por su parte. Durante la pandemia, ella trabajaba de puerta en puerta ofreciendo productos de joyería y cosmética, pero, debido al impago de su inquilina, sus ingresos eran demasiado bajos.
María Luisa asegura que todo el martirio que vivió deriva del Real decreto de ley 11 del 2020, a través del cual el gobierno decidió aplazar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica como resultado del COVID-19.
De acuerdo con Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma ciudadana Afectados por la Okupación, actualmente hay más de 80 000 personas afectadas por la okupación y la inquiokupación según datos analizados del gobierno sobre 16 426 denuncias por ocupación.
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