Parte II: ¿Quién controla realmente el recuento? Indra, el actor más cuestionado entre la mesa y la Junta Electoral

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Continuación de la primera parte: ¿Quién controla realmente el recuento? Indra, el actor más cuestionado entre la mesa y la Junta Electoral

Pilar acudió a votar en las elecciones de 2023 y, como otros ciudadanos, decidió presenciar el escrutinio de su mesa. Cuando se acercó al Representante de la Administración que tomó el acta con los resultados, «no pasaron ni dos minutos antes de que estuviera rodeada por cuatro policías—dos municipales y dos nacionales, que medían 1,90 más o menos».

«Me señalaron como si estuviera interfiriendo. Yo digo: “No estoy interfiriendo en nada; yo solo quiero ver cómo ese señor mete los datos dentro en la tablet”. Empezaron a pedirme ¿Quién es usted?, ¿De dónde viene?, su DNI…, y yo pensaba: “¿Pero esto qué es?»», dijo Pilar Baselga a The Epoch Times España.

Ella explicó que después de escuchar el recuento en voz alta y ver cómo el presidente y los vocales firmaban el acta con los resultados de cada partido, quiso observar cómo el representante de la Administración introducía los datos en su tablet, una herramienta que forma parte del hardware y software del sistema de transmisión de resultados que utiliza la Administración y cuyo proveedor es Indra.

La experiencia la llevó a interesarse especialmente por el escrutinio general que se realiza cinco días después, en el que las Juntas Electorales deben leer y sumar una a una las actas originales de cada mesa, conforme marca la ley, sin basarse en el recuento provisional transmitido electrónicamente. Como las papeletas de votos son destruidas, en esa fase no se verifica de nuevo el voto, sino únicamente las cifras consignadas en las actas.

En el escrutinio de las papeletas, el presidente y los vocales de la mesa —ciudadanos designados mediante un sorteo público realizado por los ayuntamientos— cuentan los votos y extienden tres copias firmadas del acta con los resultados por candidaturas. Una copia se remite a la Junta Electoral de Zona, otra se entrega al representante de la Administración, y la tercera se coloca en un lugar visible en el exterior del local electoral.

Los apoderados o representantes de las candidaturas suelen estar presentes durante todo el proceso y pueden obtener copias certificadas del acta. En caso de detectar alguna irregularidad, son ellos quienes están facultados para formular una reclamación.

Antes de la transmisión de datos, «básicamente no hay grandes dudas en la integridad» del trabajo, dijo a The Epoch Times España el auditor de sistemas, especializado en sistemas electorales y gestión de seguridad de la información, Gabriel Araujo.

«Eso funciona bien y los ciudadanos lo hacen como pueden», salvo en ciertas circunscripciones donde no hay presencia de apoderados de los diferentes partidos.

Sin embargo, advierte que, aunque el escrutinio es público –de acuerdo con los artículos 95–101 de la ley electoral– la tarea de los observadores resulta complicada. «He visto a personas sancionadas por hacer fotos en un acto que debería transmitirse [abiertamente] como la Lotería Nacional».

Siendo el mismo tipo de acto público de interés general, sugiere que sea completamente abierto.

«En las elecciones de julio del 2023, me pidieron la documentación; vino la policía y me identificó. Yo dije: “Oiga, si esto es un acto público, ¿por qué me identifica?”».

Recogida de datos

La recogida de datos la realiza el Representante de la Administración una vez finalizado el escrutinio al recibir el acta con los resultados que deben ser transmitidos a través del sistema que, en España, va adjudicado a Indra.

Pilar dijo en su observación que el representante fotografió el acta que le entregaron e introdujo los datos en una tablet «sin que nadie lo vigilara».

«Yo le dije: “Mire, si no le importa, me gustaría ver cómo introduce usted los datos”. Entonces agarró el laptop y la tablet y salió corriendo. Yo me quedé pensando: “¿Pero esto qué es?”. Como observadora, quería ver el procedimiento; no me interesaba cambiar nada, solo comprobar que los datos del acta se trasladaban bien, porque cuando los introducen, no hay supervisión», relató.

Araujo, como auditor, coincide con esa preocupación. Señala que esta información «se envía al centro de datos a través de una persona que se lleva el acta, sin supervisión directa de nadie», lo que, a su juicio, «abre la puerta a posibles irregularidades».

«Aquí todo es secreto, las salas son cerradas, nadie quiere que se saquen fotos ni vídeos, y todo el proceso es opaco. La única forma de explicar tanto secretismo es que se hace trampa, evidentemente».

Como ejemplo, expuso que en las elecciones europeas «hubo un inflado de votos completamente anormal en favor de Junts» en los resultados provisionales que presentó Indra tras la recogida de datos, y «Junts llegó a aparecer como primera fuerza en lugares inverosímiles como Marbella, Canarias o Cantabria».

Araujo advirtió que al revisar el caso, en su informe «quedó claro que en muchas de esas mesas Junts tenía en realidad cero votos». También compartió sobre el tema en redes sociales.

El Ministerio del Interior atribuyó aquellos votos a un error, algo que Araujo considera «improbable, porque todos los supuestos errores favorecían al mismo partido». En su opinión, los hechos evidencian «un trasvase o inflado de votos totalmente artificial desde Indra o desde [el sistema] del Gobierno» y demuestran que «el sistema español es permeable a influencias externas».

Aunque reconoce no saber «quién ordena qué», Araujo concluye que en esta parte del proceso «existió una manipulación intencionada, aunque fuese en resultados provisionales».

Cualquier ciudadano que lo desee puede presenciar el escrutinio, porque la ley establece que el recuento es público. No obstante, las normas que está imponiendo la Junta Electoral limitan de forma estricta el papel de los observadores. Pilar no pudo ver la recogida y transmisión de datos que, de acuerdo a lo observado por Araujo, no cuenta con supervisión de terceros.

Pilar encontró llamativo que, mientras participaba en el escrutinio de votos, las autoridades comenzaron a anunciar los resultados preliminares cuando allí aún no comenzaban a sumar. «A las 9:30 de la noche ya estaban dando los resultados electorales en televisión», relató «cuando en nuestra mesa estábamos empezando a abrir los sobres y a poner los montoncitos y hacer la suma de los papeles».

«Nos mirábamos así diciendo, pero ¿cómo pueden decir que ha ganado tal partido, si para nosotros, cuando hay Congreso y Senado, se termina a las 12 de la noche?».

«¿Y de dónde se sacan los resultados?», cuestionó.

Infoelectoral dice que las personas que asistan «carecen de voz y voto, por lo que no pueden formular reclamaciones».

Y la Junta Electoral establece que solo los medios de comunicación acreditados pueden grabar dentro del colegio electoral, y únicamente con planos generales. En cuanto a los particulares, determina que no pueden grabar imágenes del desarrollo de la votación o del escrutinio; y que, si lo hacen, no pueden difundirlas, ya que no cuentan con la autorización de las personas que intervienen en dichos actos y podrían ser sancionados.

«El condado de Los Ángeles va a adoptar el próximo recuento de votos: salas acristaladas, cámaras y una invitación al público a ir, fotografiar y grabar en vídeo, con transmisiones en directo el escrutinio. Eso es lo que se debería hacer», dijo Araujo.

Destrucción de papeletas

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) obliga que las papeletas extraídas de las urnas, una vez firmadas las actas con los resultados electorales, «se destruirán en presencia de los concurrentes con excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta y se archivarán con ella, una vez rubricadas por los miembros de la Mesa».

La destrucción de las papeletas ha sido objeto de críticas y debate sobre su beneficio.

Los que se oponen a esta medida, dicen que cuando se solicita un recuento o verificación posterior, solo pueden revisar las actas y los votos anulados o reclamados, que son los únicos que no se destruyen.

Responsabilidades de Indra

En las últimas elecciones, la Dirección General de Política Interior adjudicó a Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U. el contrato para prestar los «servicios necesarios para la obtención y difusión provisional de los datos del escrutinio de resultados de los procesos electorales y consultas populares» durante la vigencia del Acuerdo Marco.

Este servicio —según el contrato derivado publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público— supuso alrededor de 11 millones de euros por proceso electoral, tanto para las Elecciones Municipales de mayo de 2023, como para las Elecciones a Cortes Generales de 2023 y las Elecciones al Parlamento Europeo de 2024, con un coste global estimado de en torno a 36 millones.

El encargo se ejecutó al amparo del Acuerdo Marco de 2022, que regula este tipo de servicios tecnológicos electorales, y conforme a los pliegos generales establecidos en él, a los que posteriormente se añadieron instrucciones técnicas específicas emitidas en 2023 para cada convocatoria.

El Pliego de las condiciones técnicas dice que cada proceso electoral de ámbito estatal, por ley debe ofrecer «información provisional de los resultados» la misma noche de la votación. Para cumplir con esa exigencia legal, la Administración debe contratar un servicio que permita «capturar los datos de las Mesas electorales» —incluida la apertura, los avances de participación y los primeros resultados—, así como su tratamiento y difusión pública.

El propio expediente señala que, para garantizar una gestión eficaz del proceso electoral, esta prestación principal [en este caso Indra] debe complementarse con otros servicios accesorios: el desarrollo de «una web informativa sobre el proceso electoral», el apoyo informático a las Juntas Electorales para la gestión de candidaturas y la realización del escrutinio, y todas las tareas relacionadas con los «resultados definitivos», como la integración de esos datos en la base de información del Ministerio del Interior y el suministro de los resultados oficiales para el cálculo de subvenciones.

En cuanto a la recogida de la información en las Mesas electorales y su transmisión al Centro de Proceso de Datos se realizará principalmente mediante el uso de «dispositivos móviles». No obstante, en cada proceso el Ministerio del Interior puede optar por un procedimiento alternativo, como la transmisión telefónica. En algunos lugares, incluso se han empleado mesas electorales electrónicas, según la documentación pública disponible.

El dispositivo móvil suministrado por Indra debe incorporar la aplicación de captura necesaria para facilitar la recogida y el envío de los datos, funcionando además como herramienta de apoyo para el Representante de la Administración. El terminal también puede utilizarse como teléfono para realizar o recibir llamadas desde los números autorizados por el Ministerio del Interior, incluido el Centro de Proceso de Datos

Desde el móvil, el representante también informará cualquier incidencia ocurrida durante la jornada electoral, por lo que el dispositivo, que se entrega personalizado, podrá enviar y recibir mensajes de texto.

El equipamiento debe transmitir la información mediante conectividad de datos móviles, sin acceso a redes abiertas, «limitando o impidiendo el acceso del equipo a redes WIFI no configuradas previamente por el adjudicatario», según recoge el pliego. También es responsabilidad del adjudicatario dotar a los dispositivos del módem correspondiente, ya sea integrado o externo, y asumir los costes de comunicación de los datos de las mesas.

Estos sistemas deberan someterse a auditorías del Centro Criptológico Nacional (CCN-CNI), para la detección de posibles vulnerabilidades en materia de ciberseguridad, con independencia desu adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Sin embargo, la guía CCN-STIC 817 ENS, del Ministerio de Defensa, aclara que el ENS no implica auditorías de contenido ni de legalidad; su función es proteger los sistemas y la información, pero no fiscalizar la finalidad del servicio.

Lea también: Parte I: ¿Quién controla realmente el recuento? Indra, el actor más cuestionado entre la mesa y la Junta Electoral

El gobierno de Zapatero introduce las mesas electorales electrónicas

El artículo 103.2 de la ley electoral establece que «el escrutinio general se practicará por la Junta Electoral competente con base en las actas de las mesas». Sin embargo, la norma no especifica que esas actas deban ser exclusivamente físicas ni realizadas a mano, un detalle que cobra relevancia ante la introducción progresiva de tecnologías electrónicas en algunos territorios.

Aunque el voto en España sigue siendo en papel, el Gobierno ha impulsado en determinadas comunidades el uso de mesas electorales electrónicas, en las que el acta no se rellena a bolígrafo, sino que se genera mediante un ordenador, y la totalización de los datos queda en manos del software proporcionado por Indra. En estas mesas, el presidente y los vocales gestionan el recuento desde un equipo informático que automatiza buena parte del proceso administrativo.

En 2017, el Gobierno Vasco comunicó que «según la información del Gobierno de España el nuevo sistema de la Mesa Administrada Electrónicamente que, en estos momentos, se pretende implantar progresivamente en los procesos electorales competencia del Estado español, es un procedimiento sencillo de administración electrónica de las tareas de las Mesas electorales».

En 2017, el Gobierno Vasco explicó públicamente que —según información recibida del Gobierno central— la llamada Mesa Administrada Electrónicamente (MAE) «es un sistema que se pretende implantar de forma gradual en procesos electorales estatales». Lo definió como un «procedimiento sencillo de administración electrónica» para facilitar las tareas de las mesas electorales.

Este sistema dota a cada colegio electoral de un ordenador, el software específico, una impresora, un lector óptico y un monitor central, configurando una infraestructura informática que sustituye a parte del proceso manual tradicional.

Una vez cerrada la votación, el sistema de Mesa Administrada Electrónicamente continúa con un procedimiento distinto al habitual: «se irán leyendo los códigos de barras de las papeletas, con lo que queda anotado en el PC el dato correspondiente de cada candidatura».

Según la explicación del Gobierno Vasco, este proceso debe realizarse en paralelo al escrutinio tradicional previsto en el artículo 95.4 de la ley electoral, que obliga al presidente de la mesa a extraer los sobres uno a uno y leer en voz alta la candidatura votada o, en su caso, los nombres de los candidatos. La lectura humana y la lectura automatizada deben producirse simultáneamente.

En este modelo, la suma de los votos la realiza directamente el software, lo que agiliza el proceso. Sin embargo, no existe un protocolo público claro que indique cómo pueden los ciudadanos presentes en el escrutinio verificar que los datos acumulados en el ordenador coinciden exactamente con lo leído en voz alta, un punto que genera dudas sobre la supervisión y la transparencia del sistema electrónico.

El propio Gobierno Vasco detalla que, una vez registrado el recuento, los datos se transmiten automáticamente al Centro de Recogida de Información, sin que el Representante de la Administración tenga que preguntar por los resultados, anotarlos o comunicarlos por teléfono o mediante una PDA, como ocurre en las mesas tradicionales. De la misma manera, el sistema envía directamente los datos de constitución de la mesa y los de participación.

Los colegios electorales electrónicos se pusieron en marcha por primera vez en 2009 como proyecto piloto durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El sistema se implantó entonces en todos los colegios electorales de las ciudades de Lérida, Salamanca y Pontevedra, según consta en la documentación de la Junta Electoral Central. Su uso se amplió en las elecciones de 2011 a Mérida y Huesca, con un despliegue que el propio Gobierno calificó de «excelentes resultados».

Dentro de la misma fase de expansión, también se informó su uso en Castellón y Ceuta, según 20 minutos.

Los Pliegos de Contratación del Acuerdo Marco de 2022, detallan que «los resultados de la votación serán anotados en la aplicación de forma manual realizando el sistema la totalización de forma automática». También especifican que las actas de constitución, escrutinio y sesión, se generarán automáticamente, para luego imprimirse, firmarse a mano y remitirse por los cauces ordinarios, como en el procedimiento tradicional.

Sin embargo, a diferencia de la documentación publicada por el Gobierno Vasco sobre la Mesa Administrada Electrónicamente (MAE), los pliegos estatales no describen con detalle cómo se desarrolla exactamente el proceso electrónico en cada mesa ni cómo se articula su supervisión pública.

No existe un protocolo público detallado sobre el manejo de la información crítica en las mesas electrónicas. Entre los riesgos señalados por analistas, figura la posibilidad de que los miembros de la mesa firmen un acta generada electrónicamente sin cotejarla con los resultados obtenidos manualmente, o que el recuento manual no se realice a la vista del público, como exige la ley. También cabe la posibilidad de que los datos se transmitan al centro de procesamiento antes de imprimir el acta oficial en papel.

Otro punto de preocupación es el amplio acceso técnico de Indra a la infraestructura de servidores utilizada en el preconteo y totalización de datos, lo que podría suponer —según algunas voces críticas— una concentración excesiva de control en una sola empresa.

Para el contrato de 2023, el Gobierno anunció que no se utilizarían Mesas Administradas Electrónicamente (MAE) en ese proceso electoral. Aun así, el pliego reflejaba partidas diferenciadas para servidores, comunicaciones, web electoral e integración con Interior, lo que muestra que un posible arquitectura técnica activa, aunque sin despliegue de mesas electrónicas.

Un año antes, en 2022, el propio expediente de contratación exigía que la empresa adjudicataria tuviera disponibles 4000 mesas electrónicas completas y 23 000 dispositivos móviles, lo que confirmaba la intención de disponer de la infraestructura necesaria para una posible ampliación del sistema.

Sobre las mesas electrónicas, Araujo señaló que «eso fue una prueba del voto electrónico».

Próximamente: Parte III

Serie:

Parte I: ¿Quién controla realmente el recuento? Indra, el actor más cuestionado entre la mesa y la Junta Electoral