España se ha convertido en un auténtico coladero para la inmigración ilegal. Durante años, la atención se ha centrado en las pateras que llegan a nuestras costas y los saltos en Ceuta y Melilla. Sin embargo, un problema igual de alarmante y menos visible se desarrolla en nuestros aeropuertos, con Madrid-Barajas como epicentro y Barcelona como un punto crítico emergente, además de un alarmante aumento de solicitudes de asilo que reflejan un flujo masivo de entradas aéreas que derivan en estancias ilegales. Según un informe interno de Frontex al que ha tenido acceso un servidor, Barajas es el aeropuerto que más inmigración ilegal recibe en Europa por vía aérea. Informes posteriores, desde abril de 2024 hasta enero de 2025, y los datos de ACNUR hasta junio de 2025, confirman esta tendencia, colocando a España en el epicentro de la crisis migratoria por vía aérea en el continente europeo. Este fenómeno, potenciado por el efecto llamada de las políticas permisivas del actual Gobierno, exige una reflexión crítica y medidas inmediatas.
Los datos de Frontex de abril a junio de 2024 ya eran preocupantes. En abril, se registraron 4026 denegaciones de entrada en aeropuertos europeos, con Barajas entre los más afectados, solo superado por Dublín. En mayo, Madrid lideró estadísticas con 3053 denegaciones, superando a París, Barcelona, Ámsterdam y Frankfurt, y acogiendo la mayoría de las 874 solicitudes de asilo en fronteras aéreas. En junio, las denegaciones totales en Europa alcanzaron las 3131, con Barajas nuevamente a la cabeza. Los países de origen más comunes incluyen Mauritania, Venezuela, Sudán, Marruecos y Siria, muchos llegando sin documentación o destruyéndola tras aterrizar.
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El informe de septiembre de 2024 añadió más gravedad. Se registraron 3007 rechazos de entrada por vía aérea en Europa, con París, Barcelona, Ámsterdam y Frankfurt como los más afectados. Las nacionalidades más rechazadas fueron albanesas, colombianas, georgianas y turcas, mientras que las 1117 solicitudes de asilo se concentraron en Madrid, Ámsterdam, Frankfurt y París, con marroquíes, venezolanos, egipcios y palestinos como principales solicitantes. Se detectaron 371 documentos fraudulentos.
En octubre de 2024, la situación empeoró. Se reportaron 3997 rechazos de entrada, con París, Barcelona, Ámsterdam y Frankfurt como los más presionados. Se registraron 2055 reclamaciones de asilo, con Madrid, Ámsterdam, Barcelona y Frankfurt como focos, y nacionalidades como egipcias, venezolanas, marroquíes y colombianas predominando, junto a la detección de un total de 361 documentos fraudulentos.
El informe de enero de 2025 agrava el panorama. Se registraron 3702 rechazos de entrada, con París, Barcelona, Ámsterdam y Frankfurt como los más afectados. Se registraron un total de 1012 solicitudes de asilo en aeropuertos que se concentraron en Madrid, Ámsterdam, Bruselas y Frankfurt, con venezolanos, palestinos, iraníes y nepaleses como principales solicitantes y 737 documentos fraudulentos detectados.
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Por otro lado, los datos de ACNUR hasta junio de 2025 revelan un incremento alarmante. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, se presentaron 77 251 nuevas solicitudes de asilo en España, con un total acumulado de 278 575 aplicaciones. La tasa de reconocimiento es solo del 10 %, lo que sugiere que la gran mayoría de estas solicitudes podrían ser rechazadas, pero la lentitud en el procesamiento permite que muchos permanezcan ilegalmente de forma indefinida en nuestro país ya que, tras la declinación de estas solicitudes de asilo, el paradero de los solicitantes se convierte en algo incierto. Un dato significativo es el alto porcentaje de solicitudes de nacionalidades hispanas, como venezolanos y colombianos, que coinciden con los flujos detectados por Frontex en aeropuertos. Esto evidencia que muchas de estas entradas aéreas, inicialmente regulares, buscan asilo como vía para quedarse tras la caducidad de visados, explotando las debilidades del sistema.
Este patrón de entrada regular que deriva en ilegalidad expone las vulnerabilidades de nuestro control fronterizo. Muchos llegan con visados de turista o como tránsitos, pero permanecen tras vencer su permiso o solicitan asilo en masa, colapsando el sistema. La falta de recursos para procesar estas peticiones y la lentitud en las deportaciones permiten que miles queden en situación irregular, alimentando economías sumergidas y tensiones sociales.
La responsabilidad recae en el Gobierno actual. Las políticas de regularización masiva, la renuencia a reforzar controles y la narrativa de acogida sin límites han creado un efecto llamada que resuena en países de origen, especialmente en Hispanoamérica y África. Hans Leijtens, director de Frontex, señaló en septiembre de 2024 que la asistencia de la agencia depende de las solicitudes españolas, las cuales han sido insuficientes pese al «incremento estructural» en Canarias. Esta inacción sugiere una estrategia de permisividad, más enfocada en la imagen internacional que en la seguridad nacional.
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Las consecuencias son graves. Primero, los servicios públicos están al límite. Canarias, Ceuta, Melilla, Madrid y Barcelona enfrentan una llegada masiva de inmigrantes ilegales y un aumento de la delincuencia, como denuncian entidades como Una Policía para el Siglo XXI. En Barajas, ya se reportaron campamentos improvisados y condiciones insalubres. Segundo, la seguridad está en riesgo. Frontex ha advertido sobre la posibilidad de que redes criminales, incluido el terrorismo, exploten estas rutas, como ocurrió en 2021 con la detención en Almería de un combatiente del DAESH llegado en patera desde Argelia. La entrada masiva sin documentación amplifica este peligro. Tercero, el impacto económico es notable: la inmigración ilegal fomenta trabajos precarios que afectan salarios y a nuestra cohesión social.
Quienes defienden esta situación argumentan que es humanitaria y que España debe acoger. La compasión es valiosa, pero no justifica el descontrol. La inmigración ilegal mina el estado de derecho, genera desconfianza y sobrecarga a los contribuyentes. El enfoque de la UE ya fue criticado incluso por exdirectores de Frontex, como Fabrice Leggeri en 2024, Leggeri aseguró que «la Comisión Europea ve la inmigración ilegal como un proyecto y no como un problema», algo que se refleja en España, donde las élites parecen desconectadas.
La solución exige medidas firmes. Primero, reforzar controles aeroportuarios con más agentes de Frontex y una tecnología adaptada al problema para detectar fraudes en las entradas por vía aérea. Segundo, agilizar el procesamiento de asilos, aprobando solo casos legítimos. Tercero, negociar con países de origen, como Venezuela y Colombia, para frenar salidas y facilitar repatriaciones. Finalmente, el Gobierno debe priorizar la seguridad nacional. España no puede seguir siendo un coladero por tierra, mar y aire. Los datos de Frontex y ACNUR de abril de 2024 a junio de 2025 son una llamada a la acción antes de que el colapso sea irreversible.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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