Por qué el sistema de pensiones está al borde del colapso

Un reciente informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha vuelto a poner sobre la mesa un dato que resume el problema del sistema de pensiones: la deuda del sistema previsional ha superado los 126 000 millones de euros, o lo que es lo mismo, alcanza el 7,8% del Producto Interior Bruto, un récord histórico en España. 

En efecto, el sistema que sostiene esas pensiones —el llamado «modelo de reparto»— arrastra desequilibrios estructurales que lo acercan peligrosamente al límite de su viabilidad.

El modelo español se basa en una fórmula simple: los trabajadores en activo (los cotizantes, es decir, aquellos que trabajan y aportan al sistema a través de sus salarios) aportan mensualmente a la Seguridad Social, y con esos fondos se pagan las pensiones de los jubilados. Pero cuando el número de cotizantes es cada vez menor y el número de jubilados crece de forma constante, esta ecuación se rompe. 

Asimismo, cabe resaltar que si bien esto constituye una de las principales causas de la fragilidad del sistema, no es la única: otros factores como la baja natalidad, el envejecimiento, la falta de diversificación del sistema, el desempleo estructural y la inestabilidad política agravan el problema.

Un sistema frágil

España tiene una de las tasas de reemplazo más altas de Europa: según datos de la OCDE de 2023, la pensión media representa cerca del 80 % del último salario, muy por encima del promedio de la UE (cercano al 55 %). 

Esta estructura genera un gasto mensual superior a los 12 700 millones de euros solo en pensiones contributivas, es decir aquellas que se financian directamente con las cotizaciones de los trabajadores y cuya cuantía depende de lo aportado durante la vida laboral.

Pero esta «generosidad» se sostiene sobre un sistema que no capitaliza el ahorro, como hacen otros países con modelos mixtos o de capitalización individual. En realidad, los planes privados de pensiones existen, pero son optativos, complementarios y tienen baja penetración social: según datos de Inverco, apenas el 16 % de los españoles tiene un plan de pensiones privado. A modo de comparación, en Países Bajos ese porcentaje supera el 90 %.

Las cifras de una crisis anunciada

El problema de fondo no es nuevo. Desde 2011, la Seguridad Social registra déficits anuales continuados.

Para evitar el colapso del sistema, el Estado ha acudido año tras año a su propia contabilidad: en 2024 transfirió más de 40 000 millones de euros desde los presupuestos generales a la Seguridad Social. Esto representa más del 25 % del gasto total en pensiones.

Lejos de ser excepcional, esta práctica se ha vuelto habitual, convirtiendo el sistema de reparto en un sistema subsidiado.

El recurso a la deuda también ha sido constante. Frente a los apenas 17 000 millones en 2017, hoy en día, a mitad de 2025, ya supera los 126 000 millones.

Este crecimiento explosivo pone en duda la sostenibilidad futura del sistema.

A ello se suma una tasa de desempleo estructural históricamente elevada, que limita los ingresos del sistema. El desempleo general actual ronda el 11 %, mientras que el juvenil supera el 25 %. Estas cifras dificultan que una parte significativa de la población pueda aportar de forma estable al sistema de pensiones.

La demografía como amenaza silenciosa

Pero el desequilibrio económico no es el único problema. Hay una cuestión demográfica que condiciona cualquier posible solución: en 2050, España será uno de los países más envejecidos de Europa, con un 30 % de su población mayor de 65 años.

En 2023 había 2,2 trabajadores por cada pensionista. En 2040 se prevé que la relación caiga a 1,5. El sistema de reparto funciona cuando hay una base amplia de cotizantes. Según la OCDE, la proporción mínima para sostener el sistema es de 2,5 cotizantes por cada jubilado.

A esto se suma la baja natalidad: en 2023 se registraron menos de 330 000 nacimientos, el mínimo histórico. La tasa de fertilidad ha caído por debajo del 1,3 hijo por mujer. Para mantener el tamaño de la población se requiere una tasa de al menos 2,1 hijos por mujer.

Las causas de esta baja natalidad son múltiples: precariedad laboral, dificultad para acceder a vivienda, retraso en la maternidad y paternidad, escasez de políticas activas de conciliación laboral y familiar, y también el aumento del aborto. Desde que se legalizó en 1985, en España se han practicado más de 2,7 millones de abortos. Cada uno de esos nacimientos que no ocurrieron representa un cotizante menos para el sistema futuro.

Este escenario contrasta con el fenómeno del «baby boom», la generación nacida entre 1946 y 1964, que disfrutó de un contexto de optimismo social, prosperidad económica y fuerte valorización de la familia. Aquella generación hoy comienza a jubilarse, ejerciendo una presión adicional sobre el sistema.

La socióloga Elisa Chuliá, profesora de la UNED e investigadora de Funcas, señala en entrevista con The Epoch Times España que «el problema de las pensiones es la demografía; en concreto, el aumento de la proporción de personas mayores y el debilitamiento de la base de la pirámide demográfica como consecuencia de la caída de la natalidad».

Según Chuliá, la respuesta económica a esta situación debería ser «aumentar la productividad del trabajo», aunque advierte que «la capacidad de aumentar esa productividad parece limitada en bastantes economías (en la española, también)».

Añade que «más ayudas públicas a las parejas y personas que quieren tener hijos serían deseables», aunque el desafío está en «diseñar esas medidas para que puedan beneficiar a todas las personas que desean tener hijos, y no solo grupos determinados».

La académica también hace hincapié en el cambio cultural que ha llevado a que la maternidad haya perdido centralidad en los proyectos vitales: «Antes, los hijos se daban por supuesto en las parejas; de hecho, constituían el principal fin de la convivencia. La familia desplazaba a la pareja. El pensamiento ha cambiado en la dirección de considerar a los hijos una posibilidad, no una necesidad».

Desde esta perspectiva cultural, la profesora María Calvo, autora del libro Padre y madre en la sociedad woke, en diálogo con este medio, remarca que la crisis actual viene «de la desestructuración de la mujer y del engaño al que nos han sometido, porque nos han hecho creer que la mujer es libre en la medida en que rompe los vínculos, es decir, que el vínculo matrimonial te subyuga, te esclaviza, te oprime», y que se ha extendido la idea de que «el vínculo con los hijos es una tiranía». 

En su opinión, «una sociedad sin madres es disfuncional y acabará desapareciendo».

En ese marco, Calvo también reivindica el papel insustituible de la familia tradicional: «una familia numerosa y estable es la más predispuesta a dar arraigo, sentido de pertenencia y, sobre todo, amor. Pero amor no demagógico, es decir, amor significa aceptarnos unos a otros con todas nuestras carencias, debilidades e imperfecciones».

Lea también: Familia numerosa: la respuesta al invierno demográfico y al colapso de las pensiones

Reformas insuficientes y parches políticos

Una de las causas estructurales de la falta de reforma profunda es la inestabilidad política: desde 2015, España ha tenido cinco elecciones generales y múltiples cambios de gobierno. Esta falta de continuidad limita la posibilidad de aplicar reformas previsionales sostenidas a largo plazo.

En ese contexto de inestabilidad, en los últimos 15 años, el sistema previsional ha sido objeto de varias reformas parciales, pero ninguna ha resuelto el fondo del problema.

– En 2011, se aprobó el aumento progresivo de la edad de jubilación de 65 a 67 años, que se aplicará totalmente en 2027.

– Se amplió el período de cálculo de la pensión, de 15 a 25 años, y en 2023 se introdujo un esquema alternativo que permite computar los últimos 29 años, excluyendo los 2 peores, para quienes así lo elijan.

– En 2022 se implementó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sube las cotizaciones sociales un 0,6  % (y 1,2  % desde 2024), pero sin tocar el nivel de las pensiones.

Sin embargo, economistas y organismos internacionales han criticado estas medidas por su falta de ambición estructural. El Banco de España, en su informe anual de 2024, advirtió que el MEI solo aplaza el problema unos años más y que «sin reformas adicionales, el déficit será creciente».

¿Dónde quedó la «hucha de las pensiones»?

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como «la hucha de las pensiones», fue creado en 2000 para afrontar épocas de crisis. Llegó a acumular más de 66 000 millones de euros en 2011. Pero entre 2012 y 2019 fue utilizado casi en su totalidad. Hoy apenas se han logrado reconstruir unos pocos miles de millones adicionales.

Una visión liberal: la crítica desde la economía productiva

Durante su intervención en el Madrid Economic Forum en junio, el economista Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides y colaborador del Instituto Juan de Mariana, ofreció una crítica profunda al modelo público de pensiones desde una óptica liberal.

En su análisis, denunció que el sistema previsional vigente traslada recursos de los trabajadores activos a los jubilados, lo que restringe la capacidad de ahorro e inversión de los primeros y termina afectando la productividad nacional.

Además, calificó al sistema como un mecanismo que alimenta una «guerra generacional»: los jóvenes cargan con un sistema del que probablemente no se beneficiarán, mientras que los jubilados reciben prestaciones que —afirma Fernández— no contribuyen al crecimiento económico.

«La política nos ha hecho que veamos con recelo a nuestros mayores. Nos están quitando nuestros impuestos, nos están quitando nuestro dinero. Y los mayores están viendo con recelo a los jóvenes», indicó.

«El sistema de pensiones lleva 40 años de recortes», sintetizó. «Están perdiendo los jóvenes, sí, pero están perdiendo los mayores, también», afirmó.

Por eso, desde su perspectiva, el sistema necesita una reforma estructural basada en incentivos al ahorro individual, la reducción de la carga fiscal sobre el trabajo y la creación de cuentas previsionales personales.

«En un sistema de capitalización los empresarios le tienen que decir a los que tienen los recursos «mi proyecto productivo es genial. Es el mejor del mundo. Invierte en él». Las relaciones entre los que tienen los recursos, los que los acumulan y los que los invierten son relaciones de cooperación, no relaciones tensas de redistribución como tenemos ahora», explicó.

Sistema mixto y racionalización del gasto estatal

A diferencia del PSOE y el PP, que con matices adhieren al mantenimiento del sistema actual de reparto, existen propuestas que plantean una transformación más profunda. Una de las más destacadas es la transición hacia un modelo mixto que combine reparto y capitalización individual.

Este tipo de enfoque propone dividir las cotizaciones sociales: una parte se seguiría destinando a financiar las pensiones actuales (reparto), mientras que otra parte iría a cuentas individuales de ahorro previsional gestionadas de forma privada. 

Algunos esquemas incluso proponen que los nuevos cotizantes menores de 25 años ingresen directamente en este sistema mixto, mientras que los mayores de 45 permanezcan en el actual.

Junto a esta propuesta, se plantea una racionalización del gasto político y administrativo, con el objetivo de liberar recursos para el sostenimiento de las pensiones. Entre las medidas que se discuten figuran la eliminación de organismos públicos considerados redundantes, la reducción del gasto autonómico y la simplificación de estructuras administrativas.

VOX es uno de los principales impulsores de esta línea de reformas, y ha expresado que el sistema actual es insostenible si no se aplica «motosierra contra todo gasto superfluo e ideológico» en gastos autonómicos como los 2,3 millones de euros para las zonas de bajas emisiones, los 27 millones de euros para los medios de comunicación y los 29 millones de euros que se reparte a los sindicatos; todo ello sólo en la Comunidad de Madrid. A ello se suman 200 millones de euros anuales que se gastan en la atención a los menas que llegan ilegalmente al país y otros 19 millones al año en publicidad institucional.

En total, VOX ha anunciado que, en caso de llegar al gobierno, recortará el gasto público en 200 000 millones sin tocar educación ni sanidad.

Desde el instituto de pensamiento Fundación Disenso señalan que el sistema actual, además de económicamente insostenible, está ideológicamente anclado en una visión estatista que desincentiva el esfuerzo individual.

Alternativas posibles

El futuro del sistema exige decisiones que los gobiernos han evitado por su alto coste político. Las alternativas más mencionadas por expertos son:

1) Alinear la edad efectiva de jubilación (actualmente en torno a los 64 años) con la legal (67 años en 2027).

2) Vincular el cálculo de las pensiones con la esperanza de vida, como ya ocurre en Suecia.

3) Fomentar el ahorro privado mediante incentivos fiscales realistas.

4) Ampliar las bases de cotización, reduciendo la temporalidad laboral y combatiendo la economía informal.

5) Establecer un sistema mixto, que combine reparto y capitalización, como en países como Chile, Países Bajos o Suecia.

Una bomba silenciosa que nadie quiere desactivar

El sistema de reparto español, que alguna vez se pensó como un pacto intergeneracional, hoy parece un contrato que se sostiene con deuda y transferencias estatales. Pero estas soluciones tienen un límite, cada vez más visible. 

Mientras el gasto sigue subiendo, la natalidad baja, la población envejece, el desempleo se mantiene alto y el panorama político es inestable, el país se enfrenta a una encrucijada que exige honestidad política y visión de futuro.

En palabras de Elisa Chuliá, el principal problema para avanzar hacia un sistema mixto o de cuentas individuales, que le daría «respiro» a la «asfixia» financiera del modelo previsional es que, en efecto, «no hay voluntad de avanzar hacia semejante sistema, que sería actuarialmente más justo (en la medida en que se percibirían pensiones en función de lo que se ha cotizado efectivamente), por temor a las consecuencias electorales» ya que —sostiene la especialista— «es muy probable que, con ese sistema, la importación de las nuevas pensiones sea más reducida (respecto a las antiguas)».

Yendo un paso más allá, desde lo económico hacia lo cultural, para resolver el problema demográfico, quizás, como advertencia o inspiración, valga rescatar el legado de los baby boomers: una sociedad que apostaba por un futuro optimista formando familias numerosas, frente a una actual que posterga o directamente renuncia a ese proyecto de prosperidad.