Comentario:
El año 2025 ha sido un año de contrastes en la presión migratoria sobre España. Mientras las llegadas ilegales totales han descendido un 29,9 % respecto a 2024, con 34 251 inmigrantes interceptados hasta el 30 de noviembre, según el Ministerio del Interior, la ruta procedente de Argelia se ha convertido en un foco de preocupación creciente. En concreto, casi 9000 inmigrantes ilegales han llegado a la Península y las Islas Baleares desde territorio argelino en lo que va de año, con incrementos notables en rutas como la balear, donde las llegadas han superado las 6700 en total hasta la fecha, según balances de ACNUR.
Estas cifras, que representan una parte significativa del Mediterráneo Occidental —ruta que ha visto un aumento del 6 % de la inmigración ilegal en comparación con estadísticas del año pasado—, no son un mero accidente geográfico. Argelia, con sus 6400 kilómetros de frontera compartida con siete países africanos, actúa como un embudo para decenas de miles de subsaharianos que buscan el salto a Europa.
Malienses, somalíes, nigerianos, guineanos y cameruneses transitan por Orán, Mostaganem y Tipasa, donde las mafias locales operan con embarcaciones rápidas tipo phantom. Pero aquí radica la pregunta que debe inquietar a cualquier español consciente de la fragilidad de nuestras fronteras: ¿qué ocurriría si Argelia, en lugar de contener este flujo con recursos propios y sin pedir contraprestaciones, optara por el modelo marroquí de extorsión diplomática? Un Argelia 2026 que decidiese jugar a la espita migratoria podría multiplicar por diez las estadísticas actuales, inundando nuestras costas con 80 000-90 000 inmigrantes en meses, colapsando servicios públicos, saturando centros de acogida y exponiendo la soberanía nacional a un chantaje que hoy solo sufrimos en el Estrecho, Canarias, Ceuta y Melilla.
Para calibrar la magnitud de lo que os planteo, basta con examinar el control que Argelia ejerce hoy sobre la inmigración ilegal, un esfuerzo sistemático y documentado que contrasta con la opacidad marroquí. En conversaciones que mantuve hace años con fuentes cercanas a las autoridades argelinas, quedó patente que Argel prioriza la seguridad nacional sobre subsidios europeos: invierte en patrullas terrestres y marítimas sin esperar cheques al portador.
Según estimaciones de la ONG Alarme Phone Sahara, en 2024 Argelia expulsó a más de 30 000 inmigrantes ilegales de origen subsahariano hacia la frontera con Níger —un récord histórico que supera los 26 031 de 2023—, principalmente a través de operativos que incluyen detenciones masivas y retornos forzosos, evitando que gran parte de estos flujos alcancen el norte del país y, por ende, las costas mediterráneas. En lo que va de 2025, esta política ha continuado con intensidad, registrándose miles de deportaciones adicionales en los primeros meses, incluyendo más de 4900 solo entre enero y abril, con operativos que implican detenciones previas en fronteras sur como las compartidas con Mali y Níger.
La Guardia Costera argelina, con una flota de 12 buques y muros de contención en puntos clave como Tamanrasset y Orán, complementa este control interceptando embarcaciones en origen. Esta contención no es abstracta: informes operativos del Ministerio de Defensa Nacional argelino revelan acciones constantes contra los denominados harragas —jóvenes argelinos que embarcan hacia territorio español—, como en septiembre de 2025, cuando se frustraron múltiples intentos rescatando a 411 personas y deteniendo a 940 inmigrantes ilegales, o en semanas previas a los operativos reseñados con arrestos de cientos de inmigrantes listos para ser embarcados en los puertos como Orán y Mostaganem.
Estas operaciones, que incluyen bloqueos en playas con hormigón y patrullas de inteligencia, desplazan las salidas a zonas más remotas, pero retienen un volumen de inmigración que, de no ser interceptado, podría equivaler a ocho veces las llegadas que finalmente se materializan sobre la península e Islas Baleares. O lo que es peor, miles de llegadas ilegales cada mes solo desde Argel, con perfiles mixtos que incluyen no solo argelinos, sino subsaharianos de alto riesgo, como etíopes o malienses con vínculos a redes extremistas que transitan por el Sahel.
El contraste con Marruecos es demoledor y pone en evidencia el gran bazar de la estafa migratoria que Rabat ha perfeccionado, donde el control es selectivo y condicionado por agendas políticas. Desde 2019, Marruecos ha recibido más de 144 millones de euros de España y la UE —incluidos 86,8 millones solo de España en dos años para equipamiento como vehículos todoterreno, drones y chalecos antibalas, y un paquete global de 500 millones de la UE para 2021-2027—, supuestamente para blindar sus fronteras.
España enfrentó en el año 2021 uno de los mayores actos hostiles detonados por el régimen alauí contra nuestro país, la invasión de Ceuta, a través de la entrada descontrolada de más de 10 000 inmigrantes ilegales en 48 horas. Un año después, en 2022, fue Melilla la que pagó las consecuencias de una agresividad diplomática basada en la guerra híbrida, donde la inmigración es el arma y los inmigrantes son la munición. Por si fuese poco, ese mismo año los marroquíes lideraron nacionalidades frente a todas las demás. El año cerró con más de 10 700 inmigrantes ilegales de origen marroquí, frente a los poco más de 7000 de origen argelino. No obstante, esta cuestión no es la más grave, el grueso de nacionalidades y el grueso de la inmigración ilegal, partió desde costas marroquíes o parte del litoral saharaui ocupado por las autoridades del régimen alauí. Más de 20 000 inmigrantes ilegales partieron desde los citados territorios, frente a 7164 que lo hicieron desde Argelia, como así queda de manifiesto en balances de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional a los cuales tuve acceso.
De los mencionados, el caso más flagrante de esta estrategia de confrontación es la masacre de Melilla del 24 de junio de 2022, un asalto fronterizo sin precedentes tolerado por Rabat que dejó un rastro de sangre y opacidad. Alrededor de 2000 subsaharianos, mayoritariamente sudaneses, intentaron cruzar la valla en el puesto de Barrio Chino, entre Nador y Melilla. Las fuerzas marroquíes respondieron con una represión brutal: al menos 23 muertos reconocidos por Rabat, pero hasta 37 según Amnistía Internacional, con más de 70 desaparecidos y cientos de heridos.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador estima 27 asesinatos directos por la violencia policial, con 140 agentes marroquíes heridos pero sin imágenes de «macro operaciones» preventivas —solo de caos posterior. ¿Dónde están las fotos de redadas masivas en campamentos subsaharianos o intercepciones en el desierto, como las que publica Argelia rutinariamente? En cambio, tenemos vídeos virales de inmigrantes heridos boca abajo en el suelo, linchados durante tres horas entre las 9:30 y las 13:30, mientras Marruecos negaba inicialmente cualquier responsabilidad. Este no fue un fallo: fue una tolerancia calculada, en un contexto de tensiones diplomáticas, que costó vidas y expuso la hipocresía de un socio que recibe millones, pero libera flujos cuando le conviene.
Si Argelia emulara el modelo marroquí de relajación selectiva en sus controles fronterizos —liberando flujos como los referenciados con anterioridad—, el efecto en el Mediterráneo Occidental sería un tsunami demográfico que desbordaría las capacidades logísticas y políticas de España. Consideremos datos sólidos: según los datos expuestos en el segundo párrafo, Argelia retiene anualmente al menos 30 000-35 000 subsaharianos en tránsito —basado en 31 404 expulsiones documentadas solo a Níger en 2024, un récord frente a 26 031 en 2023, y proyecciones de más de 7000 en los primeros meses de 2025—, desviándolos de las costas norteñas mediante operativos en el sur.
En un escenario de descontrol calculado, similar a las «fugas» marroquíes, pero amplificado por la escala argelina, bastaría con relajar el 20-30 % de estas retenciones para inyectar 6000-10 000 inmigrantes adicionales mensuales, sumados a los más de 9000 argelinos detectados en España hasta la fecha (28,8 % del total de inmigrantes ilegales, según UNHCR). Esto impulsaría un 150-250 % de sobrecarga en la ruta, que ya absorbe el 40 % de las 35 159 llegadas totales a España en 2025. Las Baleares, con 6794 entradas hasta diciembre, mutarían en epicentro: visualicen 10 000-12 000 en días, con zódiacs sobrecargados desde Tipaza o Bugía, cargando guineanos y somalíes, colapsando puertos como Ibiza y saturando un sistema de acogida ya al límite. Por otro lado, el peaje vital escalaría —Missing Migrants reporta 270 fallecidos en el Mediterráneo Occidental en 2025, con la mayoría registrados en esta ruta—, pero el daño estructural sería mayor: un flujo desbocado avivaría demandas de fondos europeos (como los 500 millones a Rabat) o alianzas oportunistas con grupos sahelianos, exacerbando inestabilidades que hoy Argel contiene por soberanía propia, no por concesiones.
El asalto a Ceuta en 2021 y la masacre de Melilla en 2022 fueron avisos; un «Argelia 2026» podría ser el punto de no retorno de una inmigración descontrolada que no es inevitable, sino autoinfligida por una política migratoria miope. Como españoles, defendamos nuestras fronteras con hechos, no con ilusiones: blindarlas hoy, documentando cada intercepción argelina como modelo y cada fracaso marroquí como lección, es preservar la España de mañana. De lo contrario, pagaremos con nuestra identidad el precio de una generosidad malentendida que enriquece a mafias y debilita a naciones.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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