La relación entre la organización terrorista ETA e Hispanoamérica ha sido un tema central en investigaciones judiciales y debates políticos por décadas. Si bien se sabía que en 1989 Venezuela recibió a etarras deportados desde España —como parte de una petición al gobierno de Carlos Andrés Pérez— y que la Audiencia Nacional española vinculó a miembros de ETA con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2009, un testimonio clave ha emergido para reconfigurar esta narrativa. Un testigo protegido, aceptado en el caso, asegura que la organización no se disolvió por completo, sino que mutó en células activas con el respaldo del chavismo. Estas células habrían tenido acceso a posiciones privilegiadas en el gobierno, gozando de la protección de propiedades estratégicamente ubicadas y habrían usado una red de pasaportes falsos para fines terroristas. Estos nuevos detalles desafían la versión oficial y sugieren la permanencia de la estructura de ETA en la región, ahora como un actor transnacional y multidimensional.
Un largo camino hacia la justicia: el caso ETA-FARC
Durante más de dos décadas, la Asociación Dignidad y Justicia —una organización de víctimas del terrorismo en España— intentó sin éxito reabrir el caso contra miembros de ETA y las FARC. A pesar de que la fiscalía española del momento había probado la conexión de ambos grupos en actividades de desestabilización política en Colombia, las solicitudes de la asociación fueron sistemáticamente denegadas por el Juzgado Central de Instrucción N.º 006 de Madrid, que argumentó la inexistencia de «nuevos elementos».
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Sin embargo, la reciente aparición de un testigo protegido ha cambiado el panorama. Este individuo ha denunciado las interferencias de los Gobiernos de España, Venezuela y Colombia que, según él, obstaculizaron su comparecencia y su capacidad para declarar. El testigo afirma poseer «más de 2000 páginas útiles» de evidencia, presentadas también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que detalla crímenes cometidos en su contra y, lo más importante, el trabajo de coordinación de actividades terroristas por parte de ETA, las FARC, Hezbolá, el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Cuba.
De refugiados a operadores políticos
El testimonio del protegido es contundente. Según su relato, la presencia de etarras en Venezuela, que comenzó como un acuerdo político, habría adquirido una nueva dimensión con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. El testigo lo resume así: «ETA dejó de ser un grupo de refugiados para convertirse en un engranaje del proyecto chavista. Se les dio respaldo, tierras y funciones específicas dentro de la estrategia revolucionaria de apoyo a las actividades del narcotráfico y el terrorismo en Sudamérica».
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El relato del testigo detalla cómo altos funcionarios chavistas habrían facilitado esta transformación. Señala que Elías Jaua, desde el Instituto Nacional de Tierras (INTI), habría facilitado la compra de terrenos en Sucre, Falcón, Zulia y Margarita, que habrían funcionado como centros de entrenamiento para miembros de diferentes organizaciones terroristas, con énfasis en las FARC y el ELN. Además, a través de redes de corrupción ligadas al llamado «Cártel de La Guajira», se habrían emitido pasaportes colombianos, y en conexión con la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), los miembros de ETA habrían accedido a documentos venezolanos y bolivianos que permitían el tránsito internacional con nuevas identidades. El testigo también acusa directamente a Hugo «El Pollo» Carvajal Barrios de supuestamente coordinar y dirigir estas operaciones.
Conexiones peligrosas: ETA, FARC y Hezbolá
Entre 2000 y 2006, el testigo afirma haber presenciado a militantes de ETA en la región del Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana. En ese lugar, según el testimonio, los etarras habrían entrenado a miembros de diferentes frentes de las FARC, coordinados por alias «Raúl Reyes» y «Timochenko», en la fabricación de «bombas tipo lapa». Este dispositivo explosivo, idéntico a los que ETA usaba en Europa, habría buscado desestabilizar el gobierno de Álvaro Uribe y entorpecer la implementación del Plan Colombia, un hecho de suma importancia para el Comando Central (CoCe) de las FARC y para Hugo Chávez. El testigo asegura que servicios de inteligencia como la CIA, el Mossad y el MI6 habrían verificado la similitud técnica de estos artefactos.
El testigo también ha asegurado que el régimen venezolano, a través de figuras como Carvajal y Jaua, habría otorgado a estos individuos el estatus de «agentes especiales» para eximirlos de acciones policiales y judiciales. Una investigación interna de la Guardia Nacional venezolana, a la que el testigo hace referencia, habría corroborado que José Arturo Cubillas Fontán, Iñaki de Juana Chaos y otros etarras trabajaron directamente con Jaua cuando este era ministro. Incluso, infiltrando medios de comunicación y ONG de Derechos Humanos para cubrir sus actividades.
El factor político y judicial: ¿una obstrucción deliberada?
El testimonio no solo apunta al régimen venezolano, sino que también señala a actores políticos y judiciales en España y Colombia que, con motivo del acuerdo de paz «Santos-FARC», interfirieron políticamente para evitar que la justicia española actuara. El testigo sugiere que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero habría brindado «cobertura política» a los etarras en Venezuela y que su gobierno habría contribuido a desacreditar a víctimas como Consuelo Ordóñez que denunciaban estas conexiones, con el fin de supuestamente sostener la narrativa de una ETA disuelta.
El caso también ha estado marcado por la polémica judicial en España. A pesar de que la fiscalía había señalado a un amplio número de implicados, al presentar la acusación sólo se procesó a tres de ellos, Cubillas, Ayestarán y Olascoaga, obviando a la cúpula de las FARC.
La lucha legal continúa
A pesar de las pruebas, el 7 de marzo de 2011, el Juzgado Central de Instrucción N.º 006 de Madrid emitió un auto de procesamiento negando la reapertura del caso. Sin embargo, el 10 de marzo de 2025, el testigo protegido presentó una declaración jurada ante el mismo juzgado, detallando el apoyo del régimen venezolano a grupos como las FARC, el ELN, ETA y Hezbolá.
No obstante, el 21 de mayo de 2025, el juez Antonio Piña Alonso volvió a declarar «no ha lugar» a la solicitud de reapertura, sustentando su decisión en la «excepción de cosa juzgada material» y la «falta de nuevos elementos de prueba».
Ante esta negativa, el 28 de mayo de 2025, la Asociación Dignidad y Justicia presentó una apelación formal. Su argumento es que el testimonio del protegido es una «nueva prueba sustancial» que no pudo ser presentada antes debido a que el testigo estaba preso en otro país, justamente para evitar su comparecencia en España. Esta acción, según la apelación, fue solicitada directamente por ETA y las FARC al gobierno de Venezuela, un hecho del que existen documentos físicos, confirmados además en los correos de «Raúl Reyes» obtenidos durante la Operación Fénix en 2008.
La apelación sostiene que esta declaración es clave para reabrir el caso y cumplir con el principio de búsqueda de la «verdad material». El desenlace de esta batalla legal podría finalmente revelar una parte de la historia de ETA que habría permanecido oculta y que dibuja un nuevo escenario de actuación criminal con vertientes sumamente relevantes en la guerra multidimensional que los grupos terroristas internacionales sostienen para mantener en vilo la seguridad mundial.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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