El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el 16 de noviembre que su Gobierno podría entablar conversaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un contexto de creciente tensión por el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
Durante un encuentro informal con la prensa en Palm Beach (Florida), Trump fue preguntado por la decisión de Washington de designar al cártel de los Soles —que, según el secretario de Estado, Marco Rubio, está dirigido por Maduro y otros altos cargos venezolanos— como organización terrorista extranjera.
Trump afirmó que esa designación permitiría al Gobierno estadounidense atacar bienes e infraestructuras vinculados a Maduro en Venezuela, pero indicó que no existían planes inmediatos para hacerlo.
«Nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo», declaró ante la prensa. «Es posible que mantengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos qué sucede».
Trump aseguró que el régimen venezolano había solicitado entablar un diálogo con su Gobierno, pero no ofreció detalles sobre los posibles contactos.
Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a hablar con el líder venezolano, Trump respondió: «Hablaré con cualquiera, ya veremos qué ocurre».
El Gobierno venezolano no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Trump.
Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado a medida que las fuerzas de Estados Unidos han reforzado su presencia en el Caribe y han llevado a cabo ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al transporte de drogas hacia territorio estadounidense. El ataque más reciente, el 15 de noviembre, provocó la muerte de tres presuntos narcotraficantes y fue la operación número 21 de este tipo desde septiembre.
Estas operaciones contra embarcaciones utilizadas por narcotraficantes han generado un debate entre legisladores y dirigentes internacionales, y los críticos cuestionan la autoridad del Gobierno de Estados Unidos para ordenar esos ataques aéreos en virtud de la Ley de Poderes de Guerra.
La Ley de Poderes de Guerra de 1973 establece varias restricciones a la autoridad del presidente para desplegar tropas estadounidenses en operaciones de combate, entre ellas la obligación de informar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al despliegue y la de limitar la duración de la operación a 60 días.
El 16 de noviembre, Trump declaró a la prensa que mantendría informado al Congreso de cualquier posible acción para frenar el narcotráfico desde Venezuela, pero sostuvo que no necesita su aprobación para actuar.
«Me gustaría que el Congreso siguiera implicado. Estamos impidiendo que los narcotraficantes y las drogas entren en nuestro país», indicó. «No necesitamos su aprobación, pero creo que es bueno mantenerlos informados. Lo único que no quiero es que filtren información confidencial que pueda poner en riesgo a nuestras fuerzas armadas».
Trump acusó a Maduro y a su régimen de ayudar a los cárteles de la droga en Venezuela, una acusación que tanto el mandatario como el Gobierno venezolano han negado.
En septiembre, Maduro envió una carta a Trump en la que pedía abrir un diálogo para abordar las «numerosas controversias» en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, la Casa Blanca afirmó que la misiva contenía «muchas mentiras» y que la postura del Gobierno respecto a Venezuela se mantenía sin cambios.
Venezuela también condenó el despliegue del destructor USS Gravely, dotado de misiles guiados, enviado por las fuerzas estadounidenses a Trinidad y Tobago para un ejercicio militar conjunto, y en respuesta suspendió su cooperación energética con el archipiélago.
Joseph Lord contribuyó a este informe.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «Trump Says US May Hold Talks With Venezuelan President Maduro»
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