El juzgado de instrucción número 2 de Madrid ha abierto diligencias en contra de la exmilitante del PSOE Leire Díez por un posible delito de tráfico de influencias, en consecuencia a una denuncia presentada por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (AEGSC).
En la denuncia, la asociación acusaba a Díez de intentar obtener información sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con tal de «socavar la independencia y credibilidad» del mismo.
La UCO es una unidad dedicada a la investigación de casos a nivel nacional e internacional con un carácter particularmente complejos, especialmente los relacionados con el crimen organizado y la delincuencia. Entre las diversas tipologías de investigaciones que desarrolla se encuentran las relacionadas con los casos judiciales sobre los miembros del Gobierno y los familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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Díez supuestamente habría intentado adquirir dicha información a través de una reunión que mantuvo por videollamada con Alejandro Hamlyn, un empresario que actualmente está acusado en un caso de fraude en el IVA de hidrocarburos. A la reunión también asistieron el empresario Javier Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, que conjuntamente con Hamlyn también figuran en la denuncia presentada por AEGSC.
Otras entidades también han presentado denuncias contra Díez, como la que interpuso Hazte Oír en el juzgado número 9 al respecto de esta misma reunión, o la que presentó dicha organización conjuntamente con otra que presentó también Manos Limpias por el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también interpuso una denuncia al juzgado de instrucción número 29 y otra fue presentada por el partido Iustitia Europa al número 44.
La querella iba dirigida a Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada para averiguar si intentaron maniobrar contra la jueza instructora de la causa abierta a David Sánchez. El hermano del presidente fue procesado el 28 de abril por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en su contratación como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.
Las denuncias surgen como consecuencia de la filtración de una grabación en audio en la que se escuchaba a Leire Díez pedir información sobre los miembros de la UCO a cargo de las investigaciones de casos cercanos al Gobierno y miembros de la judicatura, como la jueza instructora de la causa contra David Sánchez, Beatriz Biedma, así como el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
Por el momento se desconoce si cada uno de los juzgados que han recibido estas denuncias abrirán una causa correspondiente a cada una de ellas o si serán unificadas en una sola causa.
El juzgado de Madrid ha trasladado la denuncia a la Fiscalía de Delitos Económicos para la elaboración del informe correspondiente, según informan fuentes jurídicas a EFE.
Con información de EFE.
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