El 21 de febrero de 2024, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron registros en varias sedes vinculadas a Koldo García Izaguirre -exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos- quien fue detenido de inmediato y, desde entonces, ha quedado en el epicentro de un megacaso de corrupción que llega hasta las esferas más altas del poder político español.
El caso en cuestión investiga, entre otras, presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Según la instrucción de la Audiencia Nacional, se estima que el monto defraudado asciende a cientos de miles de euros, en una red que involucraría a altos cargos del PSOE y empresarios afines.
La reacción política ha sido inmediata: Ábalos fue apartado del Grupo Parlamentario Socialista, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, quedó también salpicado, y el propio presidente Pedro Sánchez sigue compareciendo públicamente en medio de pedidos de moción de censura y dimisión.
En efecto, todo parece indicar que la causa, liderada por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, está poniendo en jaque al partido de gobierno.
Un problema estructural: de Filesa a los ERE, de Gürtel a Koldo
Sin embargo, no es la primera vez que un gran partido español enfrenta acusaciones graves de corrupción.
El PSOE carga con escándalos emblemáticos como el caso Filesa (1989), que reveló una trama de financiación ilegal de campañas: se desviaron más de 1200 millones de pesetas (unos 7,2 millones de euros, equivalentes a más de 19 millones de euros actuales).
A ese episodio se sumó el caso de los ERE en Andalucía, que en 2019 llevó a la condena de expresidentes autonómicos como José Antonio Griñán (6 años de prisión) y Manuel Chaves (inhabilitado), por el desfalco de más de 680 millones de euros de fondos públicos.
Por su parte, el PP tiene su propia lista negra, encabezada por la trama Gürtel, destapada en 2009. El empresario Francisco Correa fue condenado a 51 años de prisión, y el extesorero del partido, Luis Bárcenas, a 33 años, además de una multa de más de 44 millones de euros. El propio Partido Popular fue condenado como partícipe a título lucrativo en la sentencia de 2018. Es más, la pieza principal de Gürtel sigue su curso judicial, con nuevos juicios por sobornos de 30 millones de euros y evasiones fiscales por 24 millones.
Patrones que se repiten
Analizando estos casos, surgen elementos en común: redes clientelares, financiación ilegal de campañas, uso fraudulento de contratos públicos, empresas pantalla y connivencia entre políticos y empresarios. En otras palabras, la corrupción en España no parece un hecho aislado, sino un patrón estructural vinculado a la falta de controles eficaces y a la debilidad institucional.
Según el último Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International, España cayó al puesto 46 a nivel mundial, retrocediendo cuatro lugares respecto al año anterior, con una puntuación de 56 sobre 100. La organización advirtió sobre «una creciente preocupación por la falta de sanciones efectivas y la politización de organismos de control».
El profesor Fernando Jiménez Sánchez, especialista en calidad institucional y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, aporta una mirada crítica y profunda sobre las causas estructurales de la corrupción en España.
En diálogo con The Epoch Times, afirma que el caso Koldo «refleja en realidad una constante: el abuso de la contratación pública para la corrupción». Jiménez advierte que mientras los incentivos de quienes forman parte de las mesas de contratación sigan dependiendo del poder político, estas prácticas continuarán.
«Incluso al más profesional de estos empleados se le hace difícil resistirse a contentar los deseos de los políticos porque sabe que sus oportunidades futuras dependen de contentar a estos políticos», señala.
Sobre la falta de reformas eficaces, Jiménez es tajante y señala que a los grandes partidos políticos simplemente «no les ha interesado» realizarlas. «Los partidos han encontrado muy cómodo el manejo de los enormes recursos públicos para mantener los equilibrios internos. Es una mentalidad chabacana y miope que ignora los efectos tremendos que esto tiene a largo plazo», añade.
Según el académico, esta lógica no solo degrada las administraciones públicas, sino que «deja unos niveles de desafección y desconfianza en las instituciones públicas que son el caldo de cultivo ideal para el auge de los populismos».
También alerta sobre la politización de los organismos de control, algo que considera un rasgo típico del actual PSOE, aunque reconoce que el PP también ha incurrido en estas prácticas: «Este es uno de los efectos más perversos de la estrategia populista. Los populistas no quieren contrapesos neutrales. Todo queda dividido en un nosotros y un ellos».
En cuanto a las soluciones, propone reformas urgentes en tres frentes: la representación democrática, los controles institucionales y la capacidad del Estado. «Como no tenemos políticos que sean conscientes de la necesidad de atarse al mástil [como Ulises], debemos ser los ciudadanos y los medios quienes les obliguemos a hacerlo», concluye.
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