OPINIÓN:
«Si nadie los rescata, se ahogan en el mar», claman las voces pseudo-humanitarias, blandiendo la tragedia como arma para manipular conciencias. Pero la realidad es más cruda: si alguien los rescata, se ahogarán aún más. Lejos de imponer un pensamiento único —táctica que los lobos con piel de cordero manejan con maestría mediática—, invito a reflexionar con datos y sentido común.
En 2017, tras un 2016 con más de 180 000 entradas ilegales en Italia y 4500 desaparecidos en el Mediterráneo Central, Elizabeth Collett, del Migration Policy Institute, admitió en Deutsche Welle: «Están en barcos que no pueden ir más allá de unas pocas millas de la costa libia. Sin embargo, están utilizando esos barcos debido a la presencia de las ONG». Ese mismo año, el Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC) reveló cómo las mafias libias, aprovechando la presencia de estas ONG, simplificaron su logística con embarcaciones más baratas y peligrosas. Las operaciones de rescate, como Mare Nostrum, generaron un factor de atracción que incentivó a los traficantes a asumir mayores riesgos, haciendo la travesía más letal.
Más cerca, en la ruta atlántica hacia Canarias, los naufragios se multiplican desde 2019, con traficantes fletando miles de inmigrantes en condiciones cada vez más precarias. La pregunta es clara: ¿salvan vidas estas políticas o alimentan un ciclo a hacia la muerte?
La tragedia ocurrida este 28 de mayo de 2025 en El Hierro, donde siete inmigrantes perdieron la vida al volcar un cayuco en su intento de alcanzar las costas canarias, no es un hecho aislado. Es un nuevo capítulo en una crisis humanitaria y de seguridad que se agrava año tras año, alimentada por el efecto llamada. Según datos del proyecto Missing Migrants de Naciones Unidas, las rutas de la inmigración ilegal hacia España han cobrado la vida de más de 8000 inmigrantes ilegales en la última década, un drama que se ha intensificado en los últimos cinco años, especialmente en las Islas Canarias. Estas cifras no solo reflejan una pérdida humana devastadora, sino que también exponen cómo las políticas migratorias permisivas, en connivencia con ciertas ONG, han detonado un aumento exponencial de desplazamientos peligrosos, poniendo en riesgo vidas y desafiando la seguridad nacional.
La ruta marítima hacia las Islas Canarias, conocida como la Ruta Atlántica, es una de las más letales del mundo. Desde 2015, un total de 1920 inmigrantes han perdido la vida intentando llegar al archipiélago, según datos del proyecto Missing Migrants. Sin embargo, el 94,5 % de estas muertes (1815) se concentran en los últimos cinco años, desde 2020, coincidiendo con la crisis de Arguineguín. Este episodio marcó un punto de inflexión, detonando el mayor efecto llamada hacia Canarias desde la crisis de los cayucos de 2006. El año 2024 registró un récord histórico con 739 fallecidos, mientras que en 2023 la cifra se situó en 537, reflejando una correlación directa entre el aumento de llegadas y el incremento de muertes.
En 2023, 39 910 inmigrantes ilegales llegaron a Canarias, una cifra que creció hasta los 46 843 en 2024, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Este aumento masivo de desplazamientos, impulsado por la percepción de una España permeable a la inmigración ilegal, ha saturado las rutas marítimas, multiplicando los riesgos. Los cayucos, algunos de ellos embarcaciones precarias y sobrecargadas, zarpan desde puntos como Mauritania, Senegal, Gambia o el Sáhara Occidental, enfrentándose a travesías de hasta 1600 kilómetros en condiciones extremas, lo que provoca que muchos de sus ocupantes se queden por el camino.
No solo el mar se ha convertido en un cementerio. Las rutas terrestres a través del Sáhara Occidental, utilizadas por miles de subsaharianos para alcanzar puntos de salida como Dajla, El Aaiún o Cabo Bojador, han dejado un saldo igualmente devastador. En los últimos 10 años, 1858 inmigrantes han muerto en el desierto, según Missing Migrants. De estos, 718 fallecieron desde 2020, con picos en 2023 (264 muertos) y 2024 (211 muertos), años que coinciden con la mayor afluencia de inmigrantes hacia Canarias. Las condiciones extremas, la falta de agua y alimentos, y la explotación por parte de mafias son las principales causas de estas muertes, que a menudo pasan desapercibidas.
Las rutas marítimas del Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán, el Levante y Baleares también han registrado un elevado número de víctimas. Desde 2015, un total de 4362 inmigrantes han perdido la vida en estas vías, con picos en 2018 (más de 800 fallecidos) y 2019 (más de 500). El año 2018 marcó un récord histórico de llegadas, con más de 65 000 inmigrantes ilegales entrando en España, según ACNUR. Curiosamente, el 80% de estas entradas se produjeron tras la llegada al poder de Pedro Sánchez, cuya gestión migratoria ha sido señalada como un factor clave en el aumento del efecto llamada. La percepción de una política de fronteras permeables, junto con la labor de ONG que facilitan la llegada y gestión de los inmigrantes ilegales, ha incentivado a miles a arriesgar sus vidas en estas rutas.
Sumando las muertes en la Ruta Atlántica (1920), el Sáhara Occidental (1858) y las rutas del Estrecho, Alborán y Baleares (4362), el total asciende a 8140 víctimas en la última década. De estas, aproximadamente 6000 (73,7%) se han registrado desde 2020, un periodo marcado por políticas migratorias que, lejos de desincentivar la inmigración ilegal, la han avivado. La crisis de Arguineguín en 2020, con imágenes de miles de inmigrantes hacinados en muelles, proyectó una imagen de permisividad que ha sido explotada por mafias y traficantes. Las ONG, en muchos casos financiadas con fondos públicos, han desempeñado un papel más que cuestionable, gestionando la acogida de inmigrantes, pero también contribuyendo a la narrativa de que llegar a España es viable y seguro.
Este efecto llamada no solo ha disparado las muertes, sino que también plantea serios desafíos a la seguridad nacional. La llegada masiva de inmigrantes ilegales, muchos sin identificar, sobrecarga los sistemas de control migratorio y facilita la infiltración de redes criminales. Además, la presión sobre recursos locales, como en El Hierro, donde la infraestructura es limitada, genera tensiones sociales y económicas. La inmigración ilegal, lejos de ser una solución humanitaria, se ha convertido en un problema estructural que pone en riesgo tanto a los propios inmigrantes como a la estabilidad del nuestro país.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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