OPINIÓN
En un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Francia y Argelia, el rechazo sistemático de repatriaciones por parte del gobierno argelino está exacerbando la presión migratoria sobre España. La negativa de Argelia a aceptar a sus nacionales expulsados de Francia no solo complica la política interna gala, sino que genera un efecto rebote directo hacia nuestro país. Regiones como Murcia, Cataluña y Baleares se convierten en puntos calientes de llegadas ilegales que buscan como destino final el país galo, con un incremento en el uso de pateras y rutas marítimas desde el norte de África. Pero este no es un fenómeno aislado ni novedoso, la historia reciente revela patrones preocupantes donde Francia ha optado por exportar su problema migratorio a España, especialmente a través de la frontera del País Vasco y los Pirineos. Esta actitud, rayana en la irresponsabilidad estatal, no solo fomenta la inmigración ilegal, sino que amenaza con convertir a España en un Estado tapón, un mero amortiguador para los flujos ilegales que Europa no quiere gestionar.
Permítanme recordar los hechos clave del incidente reciente que agravó esta crisis. En febrero de este año, un inmigrante ilegal argelino, con un historial delictivo que incluye violencia doméstica y otros delitos menores, fue detenido en Niza y recibió una orden de expulsión (OQTF). Al intentar repatriarlo, las autoridades argelinas lo rechazaron en el aeropuerto de Argel, exigiendo pasaportes válidos o permisos consulares especiales. Este rechazo, acompañado de un trato despectivo hacia los agentes franceses –«Vale, ya está, váyanse»–, no es un caso aislado. Sigue al del influencer Doualemn, detenido por incitación a la violencia, y se enmarca en disputas más amplias sobre el Sáhara Occidental y la cooperación en seguridad. El diputado francés Éric Ciotti lo calificó como «un nuevo escándalo y una nueva humillación», tildando a Argelia de «estado canalla». Mientras tanto, el individuo a día de hoy permanece en un centro de retención en Seine-et-Marne, con su OQTF en vigor pero sin destino viable.
Las repercusiones para España son inmediatas y graves. Fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional, consultadas por el que os escribe, han advertido que los controles aéreos reforzados en Francia ya desvían muchos flujos migratorios hacia nuestras costas. Murcia, con su proximidad al Mediterráneo occidental; Cataluña, con puertos como Barcelona; y Baleares, como enclave insular, sufren un aumento en llegadas ilegales considerable. Estas no solo buscan España como tránsito hacia Francia, sino que, ante el bloqueo galo, optan por quedarse indefinidamente. Esto agrava problemas de delincuencia en ciudades como Barcelona y Palma, donde la integración fallida de inmigrantes ilegales contribuye a la inseguridad y genera tensiones sociales. La falta de cooperación argelina no hace más que amplificar este caos, convirtiendo a España en un destino por defecto.
Pero, vayamos más allá de la coyuntura actual y examinemos la hemeroteca para contextualizar esta dinámica perversa. Francia no es ajena a la práctica de devolver inmigrantes ilegales a España de manera masiva y, en ocasiones, sin las debidas garantías jurídicas. En 2018, por ejemplo, las autoridades francesas repatriaron a España a más de 9000 inmigrantes ilegales entre enero y octubre, lo que equivale a unos 1000 al mes. Estas devoluciones se realizaban principalmente a través de pasos fronterizos en el País Vasco, como Irún, y en los Pirineos, aprovechando acuerdos bilaterales que, en la práctica, permitían expulsiones exprés sin procedimientos exhaustivos. Muchos de estos inmigrantes, procedentes de África subsahariana o el Magreb, habían cruzado a Francia ilegalmente desde España y eran devueltos sin más.
Un año después, en 2019, el problema persistía. Fuentes del Ministerio del Interior español confirmaban que Francia devolvía cientos de inmigrantes ilegales al mes, gran parte de ellos sin las salvaguardas legales requeridas por la normativa europea. Un fallo judicial en marzo de ese año obligó a Francia a cesar algunas de estas prácticas irregulares, pero no antes de que miles hubieran sido enviados a territorio español. Estos episodios no eran meras anécdotas, respondían a una estrategia gala de blindar su frontera norte mientras descargaba la presión en el sur, específicamente en la frontera franco-española. El cierre temporal de pasos fronterizos en 2021, motivado por el temor a oleadas migratorias, no hizo, sino disparar los cruces ilegales a través de los Pirineos. En Irún, se registró un incremento notable en intentos de entradas ilegales con inmigrantes argelinos y marroquíes optando por rutas montañosas para evadir controles. Francia, en lugar de asumir su responsabilidad, optaba por redirigir el flujo de vuelta a España, agravando nuestra vulnerabilidad.
Estos casos históricos ilustran un patrón inaceptable. Francia utiliza a España como válvula de escape para su propia ineficacia migratoria. Mientras París endurece su retórica contra la inmigración ilegal —como se vio en enero de 2025 con medidas más estrictas—, no duda en exportar el problema a sus vecinos. Esta actitud es no solo hipócrita, sino contraria al espíritu de solidaridad europea consagrado en tratados como Schengen. ¿Por qué España debe absorber las consecuencias de las tensiones franco-argelinas? La inmigración ilegal, en sí misma, representa un desafío que erosiona la soberanía nacional, sobrecarga nuestros servicios públicos y fomenta que se consoliden redes de delincuencia organizada que se expanden por todo el Magreb a marchas forzadas, además de múltiples consecuencias negativas que ya bien conocen. No se trata de xenofobia, sino de realismo, la entrada descontrolada de miles de ilegales anualmente genera inestabilidad e inseguridad.
Criticar esta inmigración ilegal no implica rechazar la inmigración legal y ordenada, que ha enriquecido a España históricamente. Pero la ilegal, impulsada por mafias y facilitada por la pasividad internacional, es un veneno lento. Francia, al rechazar repatriaciones y devolver inmigrantes ilegales a España, actúa como un vecino egoísta que prioriza su imagen interna sobre la cooperación bilateral. Recordemos que acuerdos como el de cooperación franco-española contra el terrorismo de ETA incluían cláusulas sobre readmisión de ilegales, pero estos se han pervertido en una herramienta para limpiar territorio galo a expensas de nuestro país. La policía francesa, obsesionada con bloquear accesos, ha intensificado controles en la frontera, pero esto solo desvía rutas hacia pasos no vigilados en los Pirineos, aumentando riesgos en materia de seguridad y sobrecargando a España.
El peligro mayor es que España se convierta en un Estado tapón, un mero contenedor para los excedentes migratorios de Europa. Si las tensiones franco-argelinas persisten –y todo indica que lo harán, dada la acumulación de rechazos–, nuestro país podría ver un incremento exponencial en llegadas ilegales. Ya en 2021, el rechazo francés a reabrir todos los pasos fronterizos se justificaba por el «temor a la migración», dejando a España como el patio trasero de la UE. Esto no solo tensiona nuestras fronteras marítimas y terrestres, sino que erosiona nuestra capacidad de respuesta. ¿Cuánto tiempo más permitiremos que Francia nos use como basurero migratorio? La Unión Europea debe intervenir y exigir reciprocidad a miembros como Francia.
En conclusión, la crisis actual es un aviso: sin políticas firmes contra la inmigración ilegal y sin exigir responsabilidades a nuestros aliados, España corre el riesgo de convertirse en el amortiguador olvidado de Europa. Es hora de priorizar nuestra soberanía, reforzar fronteras y demandar una cooperación real. De lo contrario, las tensiones diplomáticas ajenas seguirán dictando nuestro destino migratorio, con consecuencias imprevisibles para nuestra sociedad. La historia, como muestra la hemeroteca, no miente, ignorar estos patrones solo perpetúa el ciclo.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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