En un movimiento que marca un antes y un después en el debate migratorio español, Vox ha logrado que la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas apruebe una solicitud para que este organismo independiente elabore un informe exhaustivo sobre los gastos públicos derivados de la inmigración ilegal.
La votación, celebrada el martes 7 de octubre en el Palacio de las Cortes, resultó en 20 votos a favor —sumando los de Vox y el Partido Popular (PP)— frente a 15 en contra, procedentes del PSOE, Sumar y sus aliados.
Este respaldo decisivo del PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, no solo valida la tesis de Vox sobre el drama económico y social que representa la inmigración irregular, sino que expone la fractura en el otrora bloque hegemónico PSOE-PP ante un fenómeno que, según estimaciones independientes, podría costar a los españoles hasta 30 000 millones de euros al año en sobrecostes fiscales.
Quiebre en la hegemonía PSOE-PP
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe, encargado de defender la propuesta en la comisión, no dejó lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. «Cada año, el Estado, las autonomías y los ayuntamientos destinan cientos de millones a sostener la inmigración ilegal, pero no existe un dato global. Nadie se atreve a dar las cifras», declaró Aizcorbe durante su intervención.
Añadió que este gasto se reparte en áreas críticas como sanidad, educación, vivienda social, ayudas directas, subvenciones a ONGs y programas de integración «que nadie evalúa».
Aseguró que el impacto recae directamente sobre «los más humildes: urgencias colapsadas, aulas saturadas, vivienda tensionada y barrios desfigurados».
Estas palabras, pronunciadas con el peso de un partido que ha hecho del combate a la inmigración ilegal uno de sus ejes centrales, resuenan en un contexto donde las encuestas recientes, como la de 40dB. para El País y la Cadena SER publicada el 6 de octubre, muestran a Vox escalando posiciones al 16,7 % de intención de voto, robando terreno al PP en regiones como Andalucía y Murcia, donde la presión migratoria es más aguda.
La iniciativa no surge de la nada. Vox la presentó formalmente el 11 de septiembre, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, exigiendo al Tribunal de Cuentas —el ente supremo de fiscalización de las cuentas públicas— que desglose no solo los fondos estatales, sino también los de las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP (como Andalucía, Madrid y Valencia) y los de más de un centenar de ayuntamientos en coalición PP-Vox.
«La inmigración ilegal adopta muchas formas: la entrada clandestina, la estancia irregular, el fraude y el delito. Todas dañan a los españoles que pagan y cumplen la ley, y también a los inmigrantes legales que exigen una inmigración ordenada y justa», enfatizó Aizcorbe, citando datos del Ministerio del Interior que registran 63 970 llegadas irregulares en 2024, un aumento del 12,5 % respecto al año anterior, con Canarias como epicentro de la crisis —donde uno de cada 388 habitantes es migrante irregular—.
Esta propuesta, aprobada hoy, obliga al Tribunal a verificar si su mandato legal le permite auditar estos rubros, pero el mero hecho de su tramitación representa una victoria simbólica para Vox, que desde enero de este año ha registrado cinco preguntas parlamentarias al Gobierno exigiendo desgloses detallados de gastos en centros de internamiento, vigilancia marítima y operativos contra mafias, sin obtener respuestas claras.
El apoyo del PP no fue casual. La diputada popular Pilar Alía, en su turno de palabra inmediatamente posterior al de Aizcorbe, justificó el sí rotundo: «No podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia».
Alía añadió: «En el Partido Popular apostamos por una política migratoria ordenada, legal y mutuamente beneficiosa. En esta gestión también hay que considerar los costes». La frase alineó al PP con la agenda de Vox en inmigración.
A diferencia de su distanciamiento en temas como la eutanasia o el aborto, donde ayer mismo votaron con el PSOE para tumbar propuestas de Vox, este giro del PP se enmarca en un endurecimiento discursivo impulsado por Feijóo en las últimas semanas.
El 28 de septiembre, en un mitin en Murcia, el líder popular propuso un «visado por puntos» para migrantes con «culturas próximas» y destinados a sectores con déficit laboral, reconociendo implícitamente la necesidad de control.
Asimismo, el 16 de septiembre, una proposición de Vox para restringir regularizaciones por arraigo también fue aprobada con votos populares.
Un tema tabú (hasta ahora)
El sobrecoste millonario que pagan los españoles, un tema tabú hasta ahora, emerge con fuerza gracias a esta moción.
Aunque el Tribunal aún debe cuantificar el global, estimaciones de expertos conservadores pintan un panorama alarmante.
Un informe publicado el 11 de enero de este año por el grupo de trabajo de Amenazas Globales de NEOS —fundación presidida por el exministro Jaime Mayor Oreja e integrada por analistas como el demógrafo Alejandro Macarrón y el economista Fernando Rosado— calcula que el «exceso de inmigración» genera un sobrecoste de 30 000 millones de euros anuales, equivalente al 50 % del PIB per cápita (unos 30 000 euros por inmigrante inactivo o dependiente).
En la presentación, Oreja advirtió que «debe haber límites que rijan las políticas de extranjería de los países receptores» e instó al Gobierno de Pedro Sánchez y a los medios de comunicación a actuar en defensa de la verdad, por encima de los intereses partidistas.
La impactante cifra incluye no solo prestaciones directas —que benefician a unos dos millones de inmigrantes inactivos y sus familias—, sino también el impacto indirecto en el desempleo español, ya que «no es cierto que haya 0 % de competencia laboral entre españoles y extranjeros», lo que elevaría el coste en subsidios de paro.
Quien también ha brindado una cifra similar es el economista Jesús Fernández-Villaverde, quien realizó un cálculo cuando trabajaba como consultor externo para la oficina económica del presidente del Gobierno, durante el mandato de Zapatero en 2007. El trabajo del especialista arroja que el coste por regularización de un inmigrante no cualificado ascendería a 200 000 euros a lo largo de su vida.
Pero los números duros van más allá de las arcas: la inmigración ilegal agrava la inseguridad en barrios vulnerables y en poblaciones diezmadas por la delincuencia mayoritariamente de origen magrebí, que han okupado inmuebles abandonados, tal como ha sucedido recientemente en Torelló, un pequeño pueblo catalán que permanece en alerta permanente y que ha amenazado a las autoridades con realizar una pueblada para hacer justicia con mano propia. Las imágenes de los ciudadanos hartos irrumpiendo en el Ayuntamiento se han hecho virales en los últimos días.
Lea también: Torelló, el pueblo catalán donde la policía admite su derrota ante los okupas: «Se ríen de nosotros»
En el mismo sentido datos de Statista para 2024 revelan que el porcentaje de llegadas irregulares por menores no acompañados (MENA) supera el 10 %, con Canarias acogiendo a uno por cada 388 habitantes, lo que ha disparado tensiones locales: en septiembre, protestas en Arguineguín (Gran Canaria) denunciaron «barrios desfigurados» por centros de acogida improvisados.
Vox, en su web oficial, reitera que «los españoles merecen saber la verdad del coste de la inmigración ilegal», una demanda que Aizcorbe remachó hoy: «Ha llegado el momento de exigir cuentas sobre la inmigración ilegal que se jalea con regularizaciones masivas. Ya no bastan los silencios ni las medias verdades».
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
