NUEVA YORK — El 22 de septiembre se impuso una nueva ronda de sanciones estadounidenses contra funcionarios brasileños, el mismo día en que el diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), hijo del expresidente Jair Bolsonaro (PL), fue acusado de coacción. La acusación forma parte de casos legales relacionados que el presidente estadounidense Donald Trump calificó previamente de «cacería de brujas».
Eduardo Bolsonaro habló con The Epoch Times mientras están previstas negociaciones entre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Trump en los próximos días, tras una breve reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre.
El hijo de Bolsonaro afirmó que sin presión internacional, en particular de Estados Unidos, Brasil derivaría hacia el autoritarismo.
«No puedo regresar a mi país porque me arrestarían. Mis cuentas bancarias y las de mi esposa están congeladas. Abren investigaciones de forma recurrente en mi contra y ahora incluso amenazan con destituirme», declaró Eduardo Bolsonaro, residente en Estados Unidos desde el 27 de febrero.
El parlamentario cumple su tercer mandato en la Cámara de Diputados. En las elecciones de 2018, Eduardo Bolsonaro logró la mayor votación individual registrada en el país.
«Está claro: Brasil va por el mismo camino que Venezuela», declaró.
Trump acusó al Gobierno brasileño de perseguir políticamente a la oposición conservadora e impuso aranceles de hasta el 50 % a Brasil, entre los más altos del mundo.
El 11 de septiembre, una sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión tras declararlo culpable de intentar derrocar al Gobierno después de su derrota en las elecciones de 2022.
El tribunal lo declaró culpable de cinco cargos: intento de golpe de Estado; participación en una organización criminal armada; intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho; daños vinculados a actos de violencia, y graves amenazas contra la propiedad estatal y el patrimonio protegido.
En un artículo de opinión publicado el 14 de septiembre en The New York Times, Lula escribió: «El juicio fue el resultado de procedimientos realizados conforme a la Constitución de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra la dictadura militar. Siguió a meses de investigaciones que revelaron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un magistrado del Tribunal Supremo. Las autoridades también descubrieron un borrador de decreto que habría anulado de facto los resultados de las elecciones de 2022».
Por su parte, Eduardo Bolsonaro declaró: «Lula, Alexandre de Moraes y sus cómplices en el régimen brasileño se aferran a narrativas inventadas», en alusión a Alexandre de Moraes, magistrado del STF que presidió el juicio.
«Quieren hacer creer que 1500 ciudadanos desarmados —muchos de ellos mujeres mayores de 70 años— reunidos un domingo de asueto en Brasilia serían capaces de dar un golpe de Estado, precisamente cuando el presidente Bolsonaro estaba en Estados Unidos», indicó, en referencia a los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando una multitud vandalizó las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio Presidencial tras las elecciones de 2022, que Jair Bolsonaro perdió por un estrecho margen.
El STF consideró los disturbios del 8 de enero la culminación de un presunto intento de golpe de Estado que, según el propio tribunal, incluía también planes para asesinar a funcionarios.
Eduardo Bolsonaro sostuvo que esa narrativa es «absurda, una locura que se derrumba con apenas un minuto de análisis honesto».
«Cuando aún era presidente, Bolsonaro incluso nombró a los comandantes militares que habían sido designados por Lula, algo que ningún golpista haría», declaró el hijo de Bolsonaro. «Los sucesos del 8 de enero de 2023 fueron una protesta que se descontroló, como el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos. Hoy, según él, se utilizan para apartar a Bolsonaro de las elecciones de 2026». Se refería al asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.
El expresidente brasileño permanece bajo arresto domiciliario y no podrá concurrir a las elecciones de 2026.
Eduardo Bolsonaro niega las acusaciones de coacción. Su reciente imputación está vinculada a su actividad de presión en el exterior, con la que pretende denunciar la presunta falta de debido proceso en el juicio de su padre y en otros casos relacionados con el 8 de enero, así como la censura en línea por parte de las autoridades brasileñas, que —según sostiene— implicaría a empresas estadounidenses de redes sociales y a residentes en Estados Unidos.
«¿Cómo podrían acusarme de coacción si no tengo la facultad de incluir a alguien en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), que se rige por la Ley Global Magnitsky? Es un instrumento legítimo de la legislación estadounidense, no mi herramienta personal», declaró.
La OFAC es un organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que supervisa los regímenes de sanciones financieras. La Ley Global Magnitsky de 2016 faculta al presidente de Estados Unidos para imponer sanciones a personas implicadas en corrupción significativa o en violaciones graves de derechos humanos.
Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal responsable del juicio al expresidente Jair Bolsonaro y de la supervisión de grandes empresas tecnológicas en materia de libertad de expresión en línea, fue sancionado por el Departamento del Tesoro en el marco de este programa el 30 de julio de 2025. Su esposa y una organización denominada Lex Institute, entidad vinculada a su familia, fueron sancionadas este lunes, el mismo día en que Eduardo Bolsonaro fue acusado formalmente.
«Nunca he interferido en ningún proceso judicial», sostiene el hijo de Bolsonaro. «Lo que hago, dentro de las prerrogativas de mi cargo como diputado, es defender la amnistía —un indulto otorgado por el Congreso— para quienes, a su juicio, están perseguidos políticamente por el presunto vulnerador de derechos humanos Alexandre de Moraes».
«Denunciar violaciones de derechos humanos no es un delito; es un deber», añadió.
Abogó por una «amnistía amplia, general e irrestricta» que incluya también las investigaciones abiertas en 2019 por el Supremo Tribunal Federal y conexas con la causa por el presunto golpe de Estado. Sostuvo que, «de lo contrario, el Supremo Tribunal Federal —según él— continuaría fabricando casos para condenar a conservadores e inhabilitarlos para ejercer cargos públicos».
Eduardo Bolsonaro afirmó que las sanciones estadounidenses han tenido impacto en la política interna y citó una votación reciente en el Parlamento brasileño para tramitar por vía de urgencia un proyecto de ley que reduciría las condenas de los implicados en los disturbios del 8 de enero.
«Hoy, tras las sanciones estadounidenses… aprobamos la tramitación urgente en el Congreso con 311 votos, más que suficientes para reformar la Constitución brasileña», declaró. «Sin presión internacional, Brasil ya estaría como Venezuela, con solo una oposición falsa y la verdadera derecha excluida de las elecciones del próximo año».
The Epoch Times contactó al Supremo Tribunal Federal y a la Fiscalía General de la República para recabar comentarios, pero no obtuvo respuesta inmediata.
Emel Akan contribuyó a este artículo.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «Eduardo Bolsonaro: Sem pressão internacional, o Brasil seria outra Venezuela»
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
