El Gobierno británico anunciará antes del 10 de diciembre si aprueba la construcción de una nueva y controvertida «superembajada» china en Londres, que, según activistas, podría convertirse en centro de coordinación de la represión transnacional.
El régimen chino adquirió en 2018 el solar de Royal Mint Court y pretende transformarlo en una embajada de mayor tamaño que la que ya ocupa en la capital británica.
Iain Duncan Smith, exlíder del Partido Conservador británico, sancionado por China en 2021 tras denunciar la represión de los uigures en Xinjiang, declaró a The Epoch Times que la superembajada tendría capacidad para «200 espías adicionales».
«La embajada sin duda intensificará la represión transnacional», afirmó Duncan Smith. «También se intensificará el espionaje, porque dispondrán de más personal».
El ayuntamiento de Tower Hamlets rechazó en 2022 las solicitudes iniciales de licencia urbanística para la nueva embajada.
En julio de 2024, la embajada china presentó una nueva solicitud de licencia, poco después de que el Partido Laborista llegara al poder en Downing Street, según consta en un registro público del ayuntamiento.
El líder del régimen chino, Xi Jinping, pidió el año pasado la intervención del primer ministro británico, Keir Starmer, y los ministros asumieron el control del procedimiento.
El secretario de Vivienda, Steve Reed, tenía previsto pronunciarse sobre la solicitud antes del 21 de octubre, pero el 16 de octubre se prorrogó el plazo.
Numerosas preocupaciones de seguridad nacional
En una carta con fecha del 13 de octubre, el Comité Conjunto sobre la Estrategia de Seguridad Nacional (JCNSS, por sus siglas en inglés) del Parlamento advirtió a Reed: «El plan para la nueva “superembajada” en el centro de Londres ha suscitado numerosas preocupaciones en materia de seguridad nacional, dada su proximidad a cables de fibra óptica, centros de datos y centrales de telecomunicaciones que dan servicio a los distritos financieros de Canary Wharf y la City de Londres».
El comité concluyó: «Esto presenta riesgos de escuchas ilegales en tiempos de paz y riesgos de sabotaje en caso de crisis».
Reed respondió en una carta —publicada por el JCNSS el 28 de octubre— que no era apropiado pronunciarse, pero añadió: «Puedo asegurarles a usted y al comité que se tendrán en cuenta todos los aspectos relevantes, y la carta de decisión expondrá detalladamente los motivos de la misma».
Duncan Smith señaló que el emplazamiento se asienta sobre cables que transportan datos financieros hacia y desde la City de Londres, y añadió: «Todo ello puede monitorizarse, interceptarse e interrumpirse».
Añadió que también habría cables de seguridad conectados con los servicios de inteligencia, el MI5 y el MI6.
Philip Ingram, ex alto oficial de inteligencia militar británico, declaró a The Epoch Times que no se debería aprobar la nueva embajada.
«La principal prioridad de inteligencia de China es todo aquello que le proporcione una ventaja económica, y situarse en un punto desde el que puedan acceder, interceptar y descifrar toda la información financiera que se transmite hacia y desde la City de Londres es una oportunidad demasiado buena para ellos», afirmó Ingram.
«A los dirigentes chinos no les importan las leyes del Reino Unido», añadió Ingram. «Esta embajada se convertirá en un centro de numerosas actividades que vulnerarán nuestras leyes: robo de datos financieros y políticos confidenciales, sustracción de propiedad intelectual y coordinación de la vigilancia y de la represión de cualquiera a quien consideren una amenaza para el PCCh».
Bob Blackman, diputado conservador, declaró a The Epoch Times que se han registrado intentos del Partido Comunista Chino (PCCh) de capturar a ciudadanos chinos en el Reino Unido.
«Por eso esta superembajada es una verdadera preocupación», dijo Blackman. «Hay espacio de sobra para calabozos y, si capturan a ciudadanos chinos, planteará un desafío real».
«Sería la embajada más grande del mundo», añadió Blackman. «¿Para qué la necesitan? ¿Quién la ocupará?».
Laura Harth, portavoz de Safeguard Defenders, una organización no gubernamental de derechos humanos centrada en China, declaró a The Epoch Times que el PCCh ya emplea un ejército de agentes interpuestos para la represión transnacional, además de amenazar a familiares en China.
«No quiero exagerar lo que implica esta superembajada… Creo que simplemente incrementa de forma considerable su capacidad», dijo Harth.
Tras anunciarse el aplazamiento de la decisión, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, instó al gobierno británico a «cumplir de inmediato sus obligaciones» sobre el proyecto de la superembajada y advirtió de «consecuencias».
Duncan Smith afirmó que el tono de Lin sugería que Pekín consideraba que Londres había incumplido un acuerdo alcanzado a puerta cerrada.
Ante la pregunta de un periodista sobre si Gran Bretaña cedería a las presiones de China, Starmer declaró a Bloomberg el 28 de octubre: «No. La decisión sobre la embajada se tomará por los cauces debidos, independientemente de las opiniones o presiones de quien sea».
Harth afirmó: «Gran Bretaña está siendo intimidada y coaccionada, y así es precisamente como opera el PCCh. Y en algún momento hay que decir: “¡Basta!”».
Duncan Smith declaró que tenía entendido que el gobierno británico, entonces encabezado por Boris Johnson, comunicó a Pekín que el emplazamiento de Royal Mint Court se consideraría adecuado para una embajada.
«En aquel momento, esto reflejaba el estado de la relación» entre Londres y Pekín, que ha empeorado considerablemente en los últimos cinco años, añadió Duncan Smith.
Victor Gao, exasesor del régimen chino, declaró a Times Radio el 19 de octubre que, si se rechazaba el proyecto de la superembajada, el PCCh probablemente respondería rechazando los planes para la reconstrucción de la embajada británica en Pekín, cuyo coste ascendía a 132 millones de dólares (115 millones de euros).
Gao afirmó que rechazar el plan de la embajada en Londres sería una «estupidez» y podría marcar el inicio de un «capítulo muy desagradable» en las relaciones sino-británicas.
Tom Tugendhat, exministro de Seguridad, calificó los comentarios de Gao como «diplomacia del lobo guerrero» en una publicación en X: «Nos amenazan unos matones. Tenemos una opción: convertirnos en víctimas u optar por la firmeza. La cobardía no es una opción».
Comisarías, espías
En julio, el JCNSS publicó un informe que afirmaba que «el Reino Unido carece actualmente de una estrategia clara para abordar la represión transnacional».
El 16 de octubre de 2022, varios miembros del personal del consulado de China en Manchester agredieron a manifestantes prodemocracia de Hong Kong, lo que provocó indignación entre comunidades hongkonesas de todo el mundo.
En junio de 2023, Tugendhat ordenó a la Embajada de China en Londres el cierre de cuatro comisarías no oficiales en el Reino Unido.
El régimen chino sostuvo que esos puestos se crearon para tareas administrativas, como ayudar a expatriados a renovar el permiso de conducir, pero Safeguard Defenders alegó que algunos participaban en operaciones de «persuasión para el retorno», es decir, coaccionaban a personas para que regresaran «voluntariamente» a China.
En diciembre de 2024, las autoridades de Hong Kong ofrecieron una recompensa de un millón de dólares de Hong Kong (128 000 dólares estadounidenses) (111 000 euros) por Chloe Cheung, activista de 20 años residente en el Reino Unido, acusada de infringir la Ley de Seguridad Nacional de la antigua colonia británica.
Cheung declaró al programa «British Thought Leaders» a principios de este año: «Si alguien me llevaba a la embajada o proporcionaba información sobre mí, podía recibir una recompensa».
En mayo de 2024, tres hombres —Matthew Trickett, de 37 años; Chi Leung Wai, de 38; y Chung Biu Yuen, de 63— fueron acusados de aceptar «realizar acopio de información, tareas de vigilancia y actos de engaño que probablemente ayudarían de forma material a un servicio de inteligencia extranjero» —en concreto, Hong Kong— y de forzar la entrada en un domicilio del Reino Unido.
Trickett, ex miembro de los Royal Marines británicos, fue hallado muerto posteriormente en un parque, mientras que Chi y Chung serán juzgados en febrero de 2026.
Las relaciones entre el Reino Unido y China se han deteriorado en la última década, pero el gobierno de Starmer evita calificar a Pekín como enemigo o amenaza para la seguridad nacional.
«Obviamente, China representa una amenaza en múltiples frentes, y deberíamos llamarla por su nombre», declaró Harth, quien añadió que los esfuerzos del gobierno británico por evitar calificar a Pekín como enemigo eran «un ejercicio ridíciculo de semántica».
El 15 de septiembre, la fiscalía retiró los cargos contra Christopher Cash, de 30 años, exinvestigador parlamentario del Partido Conservador, y Christopher Berry, de 33, profesor, quienes habían sido acusados de espionaje para China. Ambos negaron los cargos y proclamaron su inocencia.
La carta del JCNSS afirma: «La controversia en torno al procesamiento fallido de presuntos espías chinos este año es solo el recordatorio más reciente de la magnitud de las actividades ilícitas de China».
El 15 de octubre, el gobierno publicó tres declaraciones testificales del subasesor de Seguridad Nacional, Matt Collins, que revelaron detalles de las operaciones de espionaje del PCCh en el Reino Unido.
Andy Jenkinson, investigador del Cyber Theory Institute y autor del libro Stuxnet to Sunburst: 20 Years of Digital Exploitation and Cyber Warfare (De Stuxnet a Sunburst: 20 años de explotación digital y guerra cibernética), declaró a The Epoch Times que los planes para el edificio de la embajada están «envueltos en secreto».
Espionaje digital
«Los cables que discurren por debajo o cerca del edificio corren, sin duda, el riesgo de ser manipulados», afirmó Jenkinson, y añadió que la mayor parte del espionaje en 2025 será «digital».
Blackman señaló que el gobierno impulsa la instalación de parques solares y turbinas eólicas, que dependen de componentes importados de China; si China decidiera bloquear las exportaciones al Reino Unido, podría «paralizar el país».
Duncan Smith declaró que Starmer está «entre la espada y la pared» respecto a la embajada, pero añadió: «El gobierno debería aprovechar esta oportunidad para decir: “No, no lo haremos”».
En respuesta al informe del JCNSS, publicado el 30 de octubre, el gobierno británico afirmó que el Grupo de Trabajo para la Defensa de la Democracia (DDTF) había completado una revisión exhaustiva sobre la represión transnacional (TNR).
El Gobierno británico indicó que la revisión concluyó lo siguiente: el Reino Unido mantiene un marco operativo estricto para cualquier Estado que pretenda llevar a cabo represión transnacional (TNR) y dispone de herramientas y salvaguardias sistémicas sólidas para contrarrestar esa amenaza, incluida la Ley de Seguridad Nacional de 2023.
The Epoch Times solicitó comentarios al Ministerio de Asuntos Exteriores británico sobre los planes para la embajada británica en Pekín y la acusación de Duncan Smith sobre un acuerdo secreto, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times con el título «Chinese Super Embassy in London Would Boost Capacity for Transnational Repression, Experts Say»
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