Serie de artículos: Parte I
Pilar, vecina de Segovia, estuvo presente en el recuento de votos de su mesa electoral en las elecciones de 2023. Cinco días después acudió al escrutinio general en su ciudad —un acto público— para comprobar los datos que había escuchado en directo. Sin embargo, se llevó una sorpresa: no se abrieron los sobres con las actas y el magistrado leyó unos resultados que ya estaban sumados por INDRA, la empresa contratada por el Gobierno español para las elecciones.
«Se lo dije al magistrado, “perdone, señor presidente, pero aquí tiene usted que sumar las actas”, y él me dijo, “Esto ya viene sumado”, y yo le digo, “¿Cómo que ya viene sumado?” Pero sí lo tienen que sumar».
Son las declaraciones de Pilar Baselga a The Epoch Times España, quien grabó lo ocurrido y presentó una querella por un presunto delito electoral.
La Fiscalía Comunidad Autónoma de Castilla y León confirmó la querella a The Epoch Times España y puso en conocimiento un dictamen del 6 de junio.
El caso de Pilar no es el único.
El Gobierno suele afirmar que Indra se limita a transmitir y difundir los datos provisionales introducidos por los representantes de la Administración y que no se involucra en el escrutinio oficial que realizan las Juntas Electorales cinco días después. Sin embargo, no especifica, salvo en los documentos internos, que el software y los dispositivos electrónicos que recogen y actualizan esa información provisional —de acuerdo con los contratos— suelen ser de la misma compañía, quien además facilita el apoyo informático para la lectura y consolidación del escrutinio general.
El marco normativo de España no obliga a que se publiquen las actas de las mesas electorales o sus registros con datos accesibles para cada ciudadano, ni tampoco obliga a que en la publicación de los resultados finales se detalle el escrutinio por mesa electoral.
La única opción que tiene Pilar es ir y escuchar ambos recuentos a viva voz, porque la ley indica que en el escrutinio general ante la Junta Electoral provincial correspondiente se deben abrir las actas, dar cuenta de los resúmenes de la votación de cada mesa y el personal de servicio debe hacer las anotaciones correspondientes. «Si fuera preciso mediante un instrumento técnico que deje constancia documental de lo anotado».
«El tema es que no se publican las actas, pudiendo hacerse. Esto es el mayor déficit que hay», dijo a The Epoch Times el auditor de sistemas, especializado en sistemas electorales y gestión de seguridad de la información, Gabriel Araujo, antes de detallar otras irregularidades.
Esa es «la primera gran brecha de todo esto», añadió.
«Aparte nadie vigila qué es lo que está transmitiendo al centro de datos y, claro, ocurren serias irregularidades como las que yo he demostrado en las [elecciones] europeas pasadas que ha habido un inflado de votos completamente anormal».
Después de que se firma el acta, «se transmite el resultado a través de las tablets de Indra, y no se transmite frente al presidente o presidenta de la mesa electoral».
«Lo transmite una persona que se lleva el acta», dice Araujo. En su opinión, «dudas de integridad hay», ya que las evidencias observadas indican que en el escrutinio final hay casos en que no se están abriendo los sobres de las actas y simplemente se estén asumiendo los resultados ya totalizados por previamente por Indra.
«Lo tengo yo perfectamente documentado porque yo mismo he ido a ver, a contar, a fotografiar las actas y me he encontrado con los sobres cerrados», dijo Araujo.
En 2023 y en 2024 Indra no solo fue «la encargada de los Servicios de escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión».
Indra también se encargó del «desarrollo de otras actividades necesarias como son el apoyo informático a las Juntas Electorales, la implantación de los puntos de consulta periféricos» (que mostrarán a los representantes de los partidos los resultados provisorios), y «la integración de los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior».
Además, la compañía debe proveer los equipos y software solicitados en los pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas, salvo las omisiones e instrucciones caso a caso de cada elección.
¿Exige la ley que se publique el detalle de los resultados electorales?: La OSCE reclama
Las elecciones actuales se rigen por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985 —firmada por el presidente socialista Felipe González—, más las leyes y reglamentos adicionales que la desarrollan —incluidas las instrucciones de la Junta Electoral Central, las órdenes y resoluciones de Interior, así como los pliegos de contratación y sus especificaciones técnicas y de seguridad.
Esta ley no ordena que el ciudadano común pueda corroborar, de forma simple y práctica, que los resultados proclamados en su mesa electoral fueron sumados tal cual se leyeron. Lo que sí se establece, es que el resultado definitivo se proclama y se publica en el BOE, con datos generales y por circunscripción, no por mesa.
En la práctica, el Ministerio del Interior publica los resultados provisionales la noche electoral en Infoelectoral, que el usuario puede consultar solo por municipio.
Esto ha sido durante años una demanda persistente de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OSCE/ODIHR) porque la publicación a nivel de mesa electoral es considerada esencial para la validación de las elecciones por parte de los electores.
«En contra de una recomendación anterior de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, la Junta Electoral Central publicó los resultados oficiales […] desglosados por municipios, pero no por colegios electorales, lo que restó transparencia», informó la OSCE en su informe de julio de 2023, sobre las elecciones en España.
«Los resultados electorales, los resultados electorales preliminares y definitivos desglosados por colegio electoral deberían estar a disposición del público en un tiempo oportuno», añadió la organización.
Próximamente:
Parte II: ¿Quién controla realmente el recuento? Indra, el actor más cuestionado entre la mesa y la Junta Electoral
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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