La oposición ciudadana a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no para de crecer.
A la gran manifestación motorizada y a pie convocada para el sábado 22 de noviembre en Madrid por la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) se han sumado ahora dos nuevas protestas: una gran concentración en Barcelona el mismo sábado 22 —con participación de damnificados de toda Cataluña— y otra el domingo 23 en Granada, impulsada por el grupo «Damnificados por la Zona de Bajas Emisiones de Granada».
Estas movilizaciones llegan en un momento de máximo cuestionamiento judicial: hasta la fecha, 13 sentencias han suspendido cautelarmente ocho ZBE en distintas comunidades autónomas por defectos de forma, ausencia de informes económicos y falta de evaluación del impacto en las clases populares.
Madrid se levanta
La marcha madrileña del 22 de noviembre partirá a las 17:00 desde el aparcamiento de la Plaza de Toros de Las Ventas y finalizará en Puerta de Alcalá.
Pedro Javaloyes, de la entidad Dvuelta, estima que la nueva ZBE madrileña, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, dejará fuera a más de 300 000 vehículos de uso diario —el 15 % del parque motorizado de la capital— y afectará directamente a cerca de dos millones de personas.
Según cálculos de Dvuelta, sustituir cada vehículo no conforme costará entre 20 000 y 30 000 euros, lo que elevaría la factura total para familias y autónomos a entre 6000 y 9000 millones de euros.
«La ZBE es una tortura para las clases populares y una restricción injusta de la libertad de movimiento», explicó en un comunicado reciente —citado por diversos medios— Jordi de la Fuente, secretario general de Solidaridad, sindicato que ha manifestado que participará en la movilización.
Cataluña se moviliza y Granada vuelve a la calle
El mismo sábado 22, colectivos de Gerona, Manresa, Tarrasa, Reus y la plataforma «No ZBE Manlleu» han convocado una gran concentración en Barcelona con participación de vehículos y peatones de toda Cataluña. La protesta cuenta con el respaldo oficial de la Federación Catalana de Vehículos Históricos.
Se trata de marchas desde distintas localidades que confluirán en Plaza de España de Barcelona.
VOX Cataluña denuncia que las ZBE son «injustas, ineficaces y totalitarias». La formación recuerda que municipios como Reus han delimitado su ZBE en dos tercios del término municipal, pese a registrar niveles de contaminación muy por debajo de los límites europeos.
En la propia Barcelona, la ZBE metropolitana afecta a turismos, furgonetas y motos sin etiqueta ambiental de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00, con multas de hasta 200 euros.
Un día después de la movilización en la ciudad catalana, Granada celebrará su segunda gran manifestación.
La ZBE granadina abarca casi 24 kilómetros cuadrados —prácticamente toda la ciudad— y el régimen sancionador comenzó el pasado 1 de octubre. Las multas por acceso indebido parten de 200 euros y pueden llegar a 6000 euros.
El grupo convocante, «Damnificados por la Zona de Bajas Emisiones de Granada», lamenta que la ciudad perdiera la moratoria excepcional de 2024 y exige soluciones reales como la conversión a gas natural en lugar de la renovación forzosa del vehículo.
El argumento oficial choca con la realidad social
El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió las ZBE el pasado 14 de noviembre: «No obligan a nadie a comprarse un coche nuevo; se ponen en marcha para evitar los usos irracionales de los vehículos privados». Sostuvo que el 20 % de los trayectos en coche no supera el kilómetro y negó que sean una medida contra las clases trabajadoras.
En tanto, en el ámbito judicial, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia siguen exigiendo informes de impacto social previos. La última sentencia conocida, dictada en Barcelona, obliga a justificar la proporcionalidad de las restricciones.
De los 149 municipios de más de 50 000 habitantes obligados por la Ley de Cambio Climático, solo alrededor de un tercio ha implantado plenamente su ZBE a día de hoy. Valencia, por ejemplo, lleva meses con la medida paralizada por problemas administrativos.
Más allá de ello, este fin de semana, las calles de Madrid, Barcelona y Granada hablarán más alto que cualquier decreto. Miles de ciudadanos —con o sin etiqueta ambiental— saldrán a defender su derecho a moverse sin que el color de una pegatina determine su nivel de vida.
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