Un joven de 18 años irrumpió el sábado en la calle Peña Gorbea, en el corazón de Puente de Vallecas, Madrid, blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones. El resultado: heridas leves para dos hombres y una mujer, y luego un enfrentamiento directo con la Policía Nacional que terminó en disparos.
El agresor, identificado como de origen marroquí y con posibles signos de radicalización, gritó «¡Alá es grande!», antes de ser neutralizado por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción (SOAR).
Según fuentes judiciales citadas por medios y agencias, el incidente, ocurrido alrededor de las 20:00 horas, ha sido asumido por la Audiencia Nacional como posible delito de terrorismo yihadista.
Este suceso, que tuvo lugar en un barrio conocido por su diversidad multicultural y tensiones sociales, fue el detonante de un duro comunicado del sindicato policial JUPOL (Justicia Policial y Orden Público).
En una nota de prensa enviada a la redacción de The Epoch Times España, el sindicato salió en defensa de los agentes intervinientes y apuntó directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por «negar la realidad del aumento delincuencial en España».
El texto resume una actuación policial «absolutamente proporcional» y exige la dimisión inmediata del responsable de Interior.
El agresor, herido grave con impactos en riñón, tórax y cadera, fue estabilizado por el Samur-Protección Civil y trasladado al Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde permanece bajo custodia.
La Policía Nacional ha abierto diligencias internas para analizar el uso de la fuerza, pero preliminarmente descarta desproporcionalidad.
Defensa policial y acusación de ocultamiento

«Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, queremos reiterar todo nuestro apoyo a los compañeros de la UIP que intervinieron ayer en Puente de Vallecas en un operativo extremadamente complejo», comienza el texto del sindicato.
Los agentes, añade, «respondieron con sus medios de dotación, de manera absolutamente proporcional, neutralizando una amenaza real e inminente para sus vidas y para la de terceros».
El sindicato destaca la intervención del SOAR, unidad especializada en antiterrorismo, «dada la extrema peligrosidad del individuo y la evidente radicalización que mostraba durante la agresión».
Y aquí llega el dardo: «A pesar de todo ello, desde el Ministerio del Interior se ha intentado negar cualquier posible carácter yihadista del suceso, minimizando de nuevo la gravedad de los hechos y contribuyendo a una narrativa oficial que pretende ocultar una realidad cada vez más preocupante para la seguridad pública y para la integridad de los agentes».
JUPOL vincula el caso a una «nueva prueba de la pérdida del principio de autoridad» en España, con «más episodios violentos de ataques directos hacia agentes de la autoridad».
«Cada vez se producen más sucesos violentos de este tipo. Reclamamos que se endurezcan las leyes para acabar con la sensación de impunidad de los delincuentes», prosigue el comunicado, que culpa a una «legislación insuficiente y por un discurso político que niega la realidad».
Culmina con una exigencia rotunda: «JUPOL insiste en la necesidad inmediata de la dimisión de Marlaska».
Proporcionalidad bajo escrutinio

Los hechos se precipitaron en un piso de la calle Peña Gorbea, donde el hermano del agresor alertó al 091 por su estado de agitación, posiblemente influido por drogas.
El joven, atrincherado, salió blandiendo el cuchillo e hirió a tres vecinos. Al llegar la UIP, el individuo ignoró órdenes y se abalanzó, resistiendo descargas de taser. Dos agentes dispararon tres veces, hiriéndole de gravedad pero sin perforar órganos vitales.
Hasta el momento, el Ministerio del Interior guarda un mutismo ensordecedor.
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Entre la prevención y la firmeza
Desde The Epoch Times España, el experto en inmigración, Rubén Pulido, explicó en su columna semanal que el ataque reproduce fielmente los manuales del Estado Islámico difundidos en 2025: apuñalamientos aleatorios, golpes en zonas vitales y grito de «Allahu Akbar» como firma.
«Las drogas no excluyen la motivación yihadista; la potencian», escribe, citando como antecedente los casos de Niza (2016), Manchester (2017) y London Bridge (2017-2019).
«Esto ya no es una crisis migratoria más. Es una crisis de seguridad nacional en toda regla», asegura Pulido, añadiendo que los datos oficiales del Ministerio del Interior «son demoledores»: en lo que va de legislatura (desde agosto de 2023) se han registrado 235 detenidos por yihadismo. «La curva no se estabiliza y sigue en ascenso exponencial», advierte el especialista.
La investigación judicial avanza y en las próximas horas está previsto el registro del domicilio del agresor.
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