El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este jueves la prisión provisional sin fianza para el exministro y diputado José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al detectar un riesgo «extremo» y «máximo» de fuga.
La decisión responde a las elevadas peticiones de cárcel que afrontan ambos por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, mientras las acusaciones populares del PP las elevan a 30 años.
En un auto, Puente justifica el endurecimiento de las medidas cautelares —hasta ahora limitadas a comparecencias periódicas y retirada de pasaporte— tras los escritos de acusación hechos públicos.
«No solo existen numerosos indicios racionales de criminalidad, sino que el posible riesgo de que ambos pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta extremo y máximo en este momento», argumenta el instructor.
Ese peligro se agrava por el «previsiblemente muy próximo enjuiciamiento» y la «naturaleza no recurrible de la sentencia» que podría recaer.
«Procede, en consecuencia, acordar la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Ábalos como único instrumento posible ya, a juicio de este instructor, para asegurar racionalmente la pronta celebración del acto del juicio oral», añade el juez.
Tanto Ábalos como Koldo negaron ante el magistrado, en las vistillas celebradas hoy en el Supremo, cualquier intención de huir. Fuentes jurídicas informan a EFE que Koldo manifestó que no se va a ir «a ningún sitio», por su arraigo familiar en España y que Ábalos, por su parte, tampoco «se va a fugar» por el mismo motivo.
El juez alude a «sólidos» indicios en un auto previo —recurrido ante la Sala— que proponía juzgarles, y a las acusaciones donde «la extensión de las penas solicitadas resulta tan relevante que se comenta por sí sola». Partiendo de una hipótesis de condena, incluso en su mínima extensión legal, ambos superarían los diez años de prisión.
Además, están investigados junto al exdirigente socialista Santos Cerdán por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública.
Puente destaca que «no puede desconocerse que constan en la causa indicios bastantes de que Ábalos ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico», lo que infiere recursos para una fuga.
Subraya sus contactos internacionales: inmuebles en países hispanoamericanos, su rol como socio fundador de la Fundación Fiadelso e ingresos periódicos de uno de sus hijos desde el extranjero.
«No hay razón alguna para considerar que esos mismos fondos, en uno u otro concepto, no podrían volver a serle proporcionados con el propósito de facilitar o contribuir a la fuga», razona el magistrado.
Ábalos también ha trabado lazos con autoridades, particulares y empresas en esos países durante su función pública.
En cuanto a Koldo, el juez recuerda que «ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico» y que, durante años, asumió «de manera incomprensible y que él mismo no ha explicado, gastos personales» de Ábalos. Esto permite inferir que dispone de medios para emprender y sostener una huida. Sus contactos internacionales son, asimismo, «más que evidentes».
El instructor rechaza que el ingreso en prisión de Ábalos —primer diputado del Congreso en entrar en la cárcel— vulnere el derecho de representación política de sus votantes.
«De ser así, cualquier medida restrictiva de libertad ambulatoria resultaría inconciliable con el mencionado derecho fundamental», sentencia.
Ábalos alegó el salario que percibe como diputado y que podría perder en prisión provisional. Puente responde que esa circunstancia se daría «evidentemente» también en caso de sentencia condenatoria en un juicio «inminente».
Deja claro que corresponde al Congreso de los Diputados, al que se notificará el auto, decidir los efectos sobre su actividad parlamentaria. La Cámara ya ha iniciado el trámite para suspenderle.
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Desde la oposición, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado pidiendo hoy que Ábalos y Koldo ingresen en un programa de protección de testigos. En declaraciones a la prensa, Abascal ha advertido: «No sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez».
Este escándalo, que destapa presuntas tramas de corrupción en el corazón del PSOE durante la crisis sanitaria, podría tener ramificaciones más amplias en el Gobierno. El Supremo, con esta medida, busca blindar el proceso ante lo que califica de amenaza inminente a la justicia.
Con información de EFE
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