El Tribunal Supremo ha declarado visto para sentencia el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en un proceso inédito que por primera vez en la democracia española sitúa al máximo responsable del Ministerio Público en el banquillo de los acusados.
Tras seis jornadas de sesiones, celebradas entre el 3 y el 13 de noviembre, el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, dio por concluida la vista oral.
La filtración que lo desencadenó todo
El caso gira en torno a la presunta revelación de secretos derivada de la filtración de un correo electrónico del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado Carlos Neira —representante entonces de Alberto González Amador, pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— a la Fiscalía de Delitos Económicos.
En ese documento, Neira reconocía en nombre de su cliente la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública» relacionados con un fraude fiscal de 350 000 euros por la venta irregular de mascarillas durante la pandemia de 2020 y 2021.
El correo, dirigido a una cuenta genérica accesible por 16 personas (12 fiscales y 4 funcionarios), proponía un pacto de conformidad para evitar un juicio oral.
La denuncia inicial contra González Amador llegó a la Agencia Tributaria el 7 de marzo de 2024. Solo cinco días después, el 12 de marzo, eldiario.es publicaba la existencia de la causa, impulsada por la Fiscalía.
Pero el detonante llegó el 13 de marzo, cuando El Mundo revelaba que la Fiscalía habría ofrecido un pacto a González Amador, una versión desmentida horas después por La Sexta y Cadena SER, que citaban textualmente el correo de Neira: «Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».
Al día siguiente, el 14 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitía una nota de prensa que reproducía literalmente extractos del correo, desmintiendo el «bulo» de un pacto ofrecido por los fiscales y confirmando que había sido la defensa quien lo propuso.
Esa nota, redactada por la directora de comunicación Mar Hedo con intervención directa de García Ortiz, generó alarma en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que la vio como una ruptura del secreto profesional.
Acusaciones y peticiones de pena
El juicio, instruido por el magistrado Ángel Luis Hurtado desde octubre de 2024, se abrió formalmente el 3 de noviembre pasado en la Sala de lo Penal del Supremo.
García Ortiz enfrenta un delito principal de revelación de secretos (artículo 197 del Código Penal), con penas de hasta 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, y subsidiariamente infidelidad en la custodia de documentos (artículo 415 CP) y prevaricación.
La acusación particular de González Amador, representada por Gabriel Rodríguez Ramos, pide 4 años de cárcel, 3 de suspensión y 400 000 euros en indemnización por daños morales.
Manos Limpias (acusación popular) rebajó su solicitud a 3 años de prisión y multa de 400 euros diarios durante 15 meses, invocando una atenuante por filtración de datos del procedimiento.
El ICAM y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también ejercen acusación popular, centrados en la erosión de la confianza en el Ministerio Fiscal.
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Como se esperaba, la defensa, a cargo de la Abogacía del Estado, con José Ignacio Ocio al frente, y la Fiscalía (María Ángeles Sánchez Conde) piden la absolución total argumentando que el contenido ya era público antes de la nota de prensa y que no hubo filtración intencional.
La UCO apunta a García Ortiz
Uno de los pilares de la acusación es un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dirigido por el teniente coronel Antonio Balas.
Los agentes, que intervinieron en los registros del 30 de octubre de 2024 en la FGE y la Fiscalía Provincial de Madrid, concluyeron que «todo lo filtrado estaba antes en manos de la Fiscalía General».
En su declaración del 12 de noviembre, Balas afirmó: «Se ve un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Tiene colaboradores, sí. Pero lo que se ve aquí es el dominio y la jerarquía».
En este marco ha resaltado el hecho de que los mensajes del móvil de García Ortiz fueron borrados el 16 de octubre de 2024, el mismo día de su imputación por el Supremo.
Los peritos de la UCO ratificaron que el borrado de mensajes fue «voluntario, no accidental».
García Ortiz justificó estos borrados como una medida de seguridad preceptiva.
En su declaración del jueves ante el Supremo —que duró una hora y 15 minutos, respondiendo solo a la Fiscalía y su defensa—, afirmó: «Sistemáticamente, no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp información de carácter profesional».
Explicó, además, que cambió de móvil (de un Samsung Galaxy a otro modelo) una semana después del borrado por protocolo y no porque quisiera ocultar información.
El fiscal general negó categóricamente la filtración y explicó que solo incorporó extractos en la nota de prensa porque «habían salido ya dos correos, dos entrecomillados» en El Mundo y Cadena SER, y «quedaba un poco coja si no los mencionábamos. Pusimos los correos porque ya eran públicos».
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La UCO registró dos filtraciones diferenciadas: los entrecomillados en Cadena SER (13 de marzo), y el correo completo en El Plural (14 de marzo), reenviado por Pilar Sánchez Acera (exasesora de Moncloa) a Juan Lobato (exlíder PSOE-M).
Balas señaló que Sánchez Acera «parece tener dominio de la acción, parece saber cuándo se va a publicar». Sin embargo, los agentes insistieron en el «dominio» de García Ortiz, quien recibió la cadena de correos ese mismo día vía Gmail personal de Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, tras sacarle al fiscal Julián Salto de un partido de fútbol para obtenerlos con urgencia.
Testimonios de periodistas de los medios involucrados (Cadena SER, El País, eldiario.es y La Sexta, entre otros) respaldaron la versión de la defensa y, a su vez, no revelaron las fuentes acogiéndose al secreto profesional.
Momento histórico
Para muchos analistas, el juicio expone la politización del Ministerio Fiscal bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.
Javier Benegas, escritor y columnista en The Objective, califica el proceso legal contra el fiscal como una «oportunidad para restaurar el Estado de derecho».
«Una sentencia de culpabilidad del fiscal general sería, además de justa, el comienzo de un reequilibrio de poderes que España necesita con urgencia. Ningún inocente borra pruebas de su propia inocencia», expuso.
Benegas critica la «erosión institucional» del «sanchismo», con «colonización partidista» y presiones como las declaraciones de Sánchez afirmando la inocencia de García Ortiz, vistas como «amedrentamiento mafioso».
La diputada y vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, aseguró que el fiscal general «debería haber dimitido hace mucho tiempo».
También consideró que la del miércoles fue «una jornada negra para la historia de la justicia en España».
La diputada popular aprovechó para cargar contra el Ejecutivo, asegurando que «ha pretendido controlar al poder judicial». «El Gobierno de Sánchez está visto para sentencia y de las urnas», sentenció.
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El Tribunal —compuesto por siete magistrados: cuatro conservadores (Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela), dos progresistas (Ana Ferrer, Susana Polo) y Martínez Arrieta sin adscripción clara— deberá ponderar indicios circunstanciales frente a la ausencia de pruebas directas.
La sentencia, esperada antes de Navidad, no solo decidirá el futuro de García Ortiz —quien, si es condenado, perdería su cargo—, sino que marcará un precedente sobre la independencia del fiscal en un contexto de altísima polarización, como pocas veces se ha visto en la historia contemporánea de España.
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