La Ertzaintza ha dado un giro histórico a su política de comunicación al publicar, por primera vez, un informe estadístico que incluye el origen geográfico de los detenidos e investigados por delitos en el País Vasco.
Los datos, correspondientes al período de enero a septiembre de 2025, revelan que el 64,21 % de los 5230 arrestados eran de origen extranjero, frente a un 35,79 % de nacionalidad española.
Esta cifra, que contrasta con el 14,1 % de población foránea en la Comunidad Autónoma Vasca —unos 317 mil residentes sobre un total de 2,2 millones—, ha encendido el debate sobre la relación entre inmigración y delincuencia en un territorio tradicionalmente ajeno a estos enfoques.
El informe, accesible en la web oficial de la Ertzaintza desde el 12 de noviembre, agrupa a los españoles por lugar de nacimiento —País Vasco u otras comunidades autónomas— y a los extranjeros por áreas geográficas amplias, como Magreb, Hispanoamérica, resto de África o Asia, sin detallar nacionalidades específicas salvo en casos excepcionales.
Esta metodología responde a una «reflexión interna» del Departamento de Seguridad, según fuentes oficiales.
En total, el País Vasco registró 80 111 infracciones penales en esos nueve meses, con una tasa de 36,28 delitos por cada 1000 habitantes. Los «delitos presenciales» —aquellos que generan mayor alarma social— ascendieron a 60 732.
Entre los casos resueltos con detención o investigación, 28 758 involucraron a autores identificados: 15 294 (53 %) españoles y 13 448 (47 %) extranjeros.
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), defendió la nueva forma de comunicar asegurando que es «mejor facilitar los datos con transparencia y sin estigmatizar a nadie».
Zupiria, quien asumió la cartera en junio del año pasado tras la investidura de Imanol Pradales como presidente del Gobierno Vasco, atribuyó el cambio a presiones parlamentarias de PP y Vox, pero insistió en que el objetivo es desactivar discursos manipulados y combatir bulos en redes sociales.
Este posicionamiento del PNV, tradicionalmente moderado en temas migratorios, se interpreta como una respuesta al desgaste del partido gobernante frente a la creciente inseguridad.
Los datos desglosados por tipo de delito pintan un panorama especialmente preocupante en categorías de alta gravedad.
En agresiones sexuales, 172 personas fueron detenidas: 117 (68 %) extranjeros —49 del Magreb y 47 de Latinoamérica— y solo 55 españolas. Entre los 350 investigados, 184 (52,6 %) eran foráneos, con 92 latinoamericanos y 47 magrebíes.
En robos con violencia e intimidación, otro delito que ha disparado la alarma ciudadana, se registraron 437 detenciones: 358 (82 %) extranjeros —293 del Magreb y 35 latinoamericanos— frente a 79 españolas. Los 409 investigados muestran un patrón similar: 296 (72 %) foráneos, con 230 magrebíes.
Bilbao, con 350 000 habitantes, encabeza las quejas. El alcalde bilbaíno, Juan Mari Aburto (PNV), apuntó implícitamente a los patrones migratorios como una de las principales causas del aumento de delitos: «Tenemos un problema con el uso de las armas blancas en culturas donde muchas veces el valor de la vida es diferente al que tenemos nosotros».
Los hurtos acumulan 414 detenciones —341 (82 %) extranjeros, mayoritariamente magrebíes— y 5645 investigaciones, con 2927 (52 %) foráneas. En robos con fuerza en domicilios, empresas y comercios, 460 arrestos involucraron a 317 (69 %) extranjeros: 251 magrebíes y 22 latinoamericanos.
Incluso en homicidios dolosos o asesinatos consumados, los 13 detenidos incluyen 7 extranjeros: 2 magrebíes y 5 latinoamericanos, frente a 6 españoles.
Este desbloqueo informativo no surge de la nada.
Desde mediados de octubre, la Ertzaintza incorporó el origen de los detenidos e investigados en sus notas de prensa diarias, rompiendo un consenso de muchos años atrás que advertía que detallar la procedencia no favorecía la integración social de la población de origen extranjero porque, según esta mirada, contribuía a crear o reforzar estereotipos y prejuicios sociales.
Sin embargo, ante la creciente demanda social y de otras fuerzas políticas, las autoridades vascas cambiaron el criterio.
Santiago Abascal (Vox), en un tuit, celebró: «Gracias a Vox sabemos el origen de los criminales, algo que durante años llevan ocultando los gobiernos y muchos medios. La realidad es que los crímenes más graves se han multiplicado por las fronteras abiertas de PSOE, PP y sus socios permanentes del separatismo».
Desde la izquierda, por el contrario, Eraitz Saez de Egilaz de EH Bildu cargó contra el consejero Zupiria, asegurando que «la extrema derecha fascista le condiciona».
Sin embargo, Iñigo Ansola, presidente del PNV de Viscaya, defendió la difusión de cifras por origen de los delincuentes: «Dando esa información difundes transparencia», aseguró.
Políticos locales como Jon Insausti, alcalde de San Sebastián (PNV), abogaron recientemente por «cárcel o expulsión» para quienes delinquen «una y otra vez», en el contexto de un endurecimiento del discurso del PNV sobre la delincuencia.
En un País Vasco donde la inmigración pasó del 6 % en 2000 al 14,1 % actual —impulsada por flujos magrebíes e hispanoamericanos—, estos datos invitan a un debate riguroso, sensato y, sobre todo, urgente.
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